La dictadura franquista en los años 60 y 70

4.1. POLÍTICA.
• EXTERIOR. Continúan las directrices de la década anterior. Acercamiento a las Democracias Occidentales. Sus novedades estriban: independencia de Ifni y Guinea, 1968; contactos con el Mercado Común Europeo; y, establecimiento de las primeras relaciones con Países Socialistas.
• INTERIOR. Aperturismo, condicionado por: la propia evolución del Régimen; la coyuntura internacional; los cambios económicos; y, las presiones interiores. Favorecido por nuevos gobiernos tecnócratas, vinculados al Opus Dei, más preocupados por una gestión eficaz que por cuestiones ideológicas: 1962 y 1965 (FRAGA, SOLÍS, LÓPEZ BRAVO, LÓPEZ RODÓ, FEDERICO SILVA,…). Medidas:
1. Legislativas:
- Ley de Prensa, 1966, que sustituía a las disposiciones de 1938, eliminando sus aspectos más aberrantes y obsoletos.
- Ley Orgánica del Estado, aprobada por Referéndum, en 1966, y promulgada en enero de 1967. Con ella se reafirmaba el autoritarismo del Régimen, pero había concesiones significativas: los procuradores familiares, la separación de las Jefaturas de Estado y de Gobierno, y el desarrollo del futuro político, centrado en la instauración de la monarquía.
- Ley de Libertad Religiosa, 1967.
- Ley General de Educación, 1970.

2. Institucionales:
Don Juan Carlos es proclamado sucesor a la Jefatura del Estado con el título de Rey, 1969.

A finales de 1969 se produce un proceso de involución política, motivada por:
- El caso “MATESA”, de Juan Vila Reyes. Fraude en préstamos oficiales para la exportación.
- Oleadas de protestas: estudiantiles, sindicales o nacionalistas (País Vasco). La consecuencia inmediata será la formación de un Nuevo Gobierno cuyo hombre fuerte el de nuevo CARRERO BLANCO, cuyas líneas de actuación se concentran en: aumento de la censura; declaración de tres estados de excepción, 1968, 1969y 1970; congelación de las previstas asociaciones políticas; y, suspensión de las reuniones de los procuradores familiares.

4.2. ECONOMÍA.
Durante la década de los sesenta y gracias al Plan de Estabilización, que había desmantelado las instituciones antárticas, asistimos a una época de despegue económico, que influyó tanto en la vida política como social. A partir de 1962 se crea la COMISARÍA DEL PLAN DE DESARROLLO bajo la dirección de López Rodó, cuyo objetivo es encauzar la expansión económica de los años siguientes. Los planes de desarrollo tenían un carácter indicativo para el sector privado y vinculante para el público, y contemplaban la creación de polos de desarrollo en las zonas más deprimidas. Fueron puestos en marcha 3 de estos planes, con carácter cuatrienal: 1964/68; 1968/72; y, 1972/75 (no finalizado).
El resultado final de esta política fue una expansión económica sin precedentes, con un notable incremento del PIB (del 4 al 7% anual), de la renta “per cápita” (del 5 al 6,5%) y, en definitiva, un aumento del nivel de vida. El crecimiento industrial fue impresionante (160% entre 1963-1972) así como el nivel de exportaciones (entre 1960 y 1975 se multiplicaron por 10).
Pero la mayoría de los historiadores señalan que este desarrollo se hizo casi siempre al margen de lo previsto por los planes, lo que motivó enormes desigualdades interterritoriales, y que estuvo motivado por 3 motores fundamentales: turismo, inversiones extranjeras y las aportaciones de los emigrantes.

4.3. SOCIEDAD.
Las transformaciones políticas y económicas se dejaron sentir también en la sociedad. Junto al crecimiento del número de españoles, el desarrollismo favoreció un aumento considerable de las clases medias, profesionalización del Ejército, pero, ante todo, incrementó el papel de la mujer en la sociedad española; como contrapartida, obligará a una emigración exterior y supondrá un aumento de la conflictividad social:
- Reunión de un sector de la oposición democrática en Munich, junio de 1962.
- Fusilamiento del comunista Grimau, 1963.
- Huelga de la minería asturiana, que dará origen a la aparición de la primera Comisión Obrera, luego convertida en sindicato ilegal.
- Huelas universitarias, apoyadas por profesores e intelectuales: Enrique Tierno Galván.
- Manifestación de CCOO en Madrid, 1967. El Tribunal Supremo ilegaliza el sindicato.
- Proliferación de los Nacionalismos: de carácter democrático (Cataluña, PNV); y, de carácter violento (ETA, 1959). Primeros enfrentamientos armados (Juicio de Burgos, 1970).

5. EL TARDOFRANQUISMO.
Declinar del Régimen, coincidiendo con el declive físico de Franco. Uno de sus pilares básicos, la Iglesia, renovada, bajo la dirección del cardenal Vicente Enrique y Tarancón, se distancia también: 1971, la Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes solicitan perdón por su posición en la Guerra Civil y pide la revisión del Concordato.
• 1973. Formación de un nuevo Gobierno presidido por CARRERO BLANCO (primer presidente de gobierno). En diciembre, atentado de ETA y muerte de Carrero Blanco.
• 1974. Sustituido por ARIAS NAVARRO, sin plan político determinado. Se acentúa la división política. A la demanda de democratización, el Régimen respondió con anuncios de aperturismo tardío e insuficiente: “Espíritu de 12 de febrero”.
Pero dos hechos volvieron a demostrar el autoritarismo del régimen:
a) El “caso Añoveros”, arresto del obispo de Bilbao que había publicado una pastoral en defensa del pueblo vasco y a su derecho a conservar su patrimonio cultural.
b) La ejecución del anarquista Salvador Puig Antich.
La situación se endureció a partir del verano de 1974. Empeora la salud de Franco y Don Juan Carlos asume la Jefatura del Estado por unas semanas: confusión sobre el futuro. Tras reasumir Franco sus poderes improvisadamente es evidente que el régimen se desmoronaba:
- La oposición democrática se organiza. En junio de 1974 se forma la Junta Democrática, cuyo centro era el PCE y en 1975 la Plataforma de Convergencia Democrática, con el PSOE como principal fuerza.
- El terrorismo del FRAP (luego GRAPO) y ETA alcanza su mayor virulencia.
- En julio de 1975 son detenidos 9 militares de la Unión Militar Democrática.
Frente a estas circunstancias, la política adoptada fue el endurecimiento. A finales de agosto de 1975 fue aprobada una ley antiterrorista y un mes más tarde fueron ejecutados 3 miembros del FRAP y 2 de ETA, lo que terminó por tener en contra del Régimen a la opinión pública internacional.
La situación se agravaba con el estancamiento del desarrollo, tras la crisis de 1973, y los problemas del Sahara, que será entregado a los Gobiernos marroquí y Mauritania tras la “Marcha Verde”, octubre de 1975, y los posteriores Acuerdos de Madrid.
El 20 de Noviembre de 1975 moría Franco, a los 83 años de edad, y con el moría el Régimen Franquista. Dos días más tarde, Juan Carlos juraba su cargo como Rey de España. Comenzaba la Transición y con ella, la Democracia.

Bloque 5: LA II REPÚBLICA Y LA GUERRA CIVIL. Tema 9: LA GUERRA CIVIL (1936-39)

C) Evolución en las dos zonas y consecuencias. Incidencia en Castilla-La Mancha.

Tras el golpe militar España quedó desmembrada en dos zonas radicalmente opuestas: republicana y nacional, que evolucionaron a lo largo del conflicto de forma muy diferente.

La zona republicana.

La revolución fue la réplica inmediata a la sublevación en la zona republicana. A partir de ella fue evidente la existencia de un doble poder: el de los Comités Populares y el del gobierno Giral, que se limita a adoptar una política de hechos consumados. Se trataba de revoluciones espontáneas y libertarias, que alcanzaron importancia en regiones como Aragón y Cataluña.
El 4 de septiembre de 1936 queda constituido un nuevo gobierno presidido por Largo Caballero, líder sindical de la UGT, con el objeto de reconstruir el Estado y centrar sus esfuerzos en la guerra. Son disueltos la mayor parte de los Comités Populares, cuyos principales dirigentes –anarquistas- entran a formar parte del gobierno. Estos cambios no tuvieron reflejo en la evolución del conflicto y a principios de noviembre las tropas nacionales se sitúan a las puertas de Madrid. El gobierno se traslada a Valencia, donde surgen los primeros enfrentamientos en su seno. El PCE intenta cobrar más protagonismo, los anarquistas (CNT y FAI) se resisten a ello y Largo Caballero tratará de imponer su fuerte personalidad. La caída de Málaga en febrero de 1937 y las disensiones entre comunistas y anarquistas en Cataluña terminarán con el gobierno de Largo en mayo, tras la retirada del apoyo de socialistas y comunistas.
Le sucede en la presidencia de gobierno Juan Negrín, socialista, que cuenta con el apoyo de comunistas y de una figura como Indalecio Prieto (que ocupará la cartera de Defensa), pero no de los sindicatos. Tres aspectos destacan de su gobierno: el intento por fortalecer el Estado, la conformación de un ejército único cada vez más profesionalizado y el alineamiento político con Francia e Inglaterra.
El progresivo acercamiento de Negrín al PCE y a las posturas soviéticas se tradujo en una nueva crisis ministerial. En abril de 1938, Prieto abandona el gobierno; en agosto lo hacen los ministros nacionalistas. Negrín se mantuvo en el gobierno hasta el 5 de marzo de 1939, fecha del golpe de Estado del general Casado en Madrid, quien constituyó el Consejo Nacional de Defensa con el único objetivo de pactar la rendición con Franco.
Unos días antes, el 4 de febrero, el Presidente de la República Manuel Azaña huía a Francia. Poco después las tropas nacionales ocupaban Cataluña. Y Francia e Inglaterra reconocían al gobierno de Franco.

La zona nacional.

La configuración de una estructura de gobierno en la zona sublevada se hizo a través de un proceso sucesivo:
1º. Se constituyó una Junta de Defensa presidida por el general Cabanellas con sede en Burgos.
2º. Se unificaron las milicias bajo un solo partido, el Movimiento (FE Tradicionalista de las JONS), del que sería jefe supremo el jefe de gobierno, en abril de 1937.
3º. El mando político y militar se concentró en el general Franco, designado jefe de gobierno y generalísimo de los ejércitos, en septiembre de 1937.

Simultáneamente al proceso de institucionalización y, en especial, desde 1938 se lleva a cabo una intensa política legislativa y organizativa, que pasa por: la derogación de la legislación laica de la República, el restablecimiento de los jesuitas y la publicación de una Ley de Prensa (que establece la censura). Asimismo se llevaron a cabo medidas de tipo socioeconómico, denominadas “revolución nacional-socialista”: promulgación del Fuero del Trabajo que implica reformas sociales desde el aparato de producción estatal y los sindicatos verticales, y creación del Instituto Nacional de Reforma Económica y Social de la Tierra, encargado de revisar las expropiaciones de la Reforma Agraria y fomentar la colonización como medio para resolver los problemas del campo.

Castilla-La Mancha durante la Guerra Civil.

La mayor parte de nuestra comunidad permaneció fiel al gobierno de la República. Sólo hay que destacar algunos episodios iniciales de sublevación en guarniciones militares de Toledo, Albacete y Guadalajara, que únicamente triunfaron en la primera, donde el general Moscardó, al mando de un grupo de soldados, se hizo fuerte en el Alcázar, que fue liberado por las tropas rebeldes en septiembre de 1936.
Sin embargo, la proximidad de nuestra región a la capital de España hizo que se produjeran dos episodios bélicos destacados: la batalla del Tajo, que tuvo lugar en el valle del río, desde la ciudad de Talavera hacia Toledo, con el fin de conquistar Madrid. Las tropas nacionales, al mando del general Varela, arrebataron a los republicanos ambas ciudades, permaneciendo en poder del gobierno legítimo el resto de la provincia de Toledo. En marzo de 1937 tuvo lugar en tierras de La Alcarria la batalla de Guadalajara, que fue ganada por las tropas republicanas.
Albacete cobró gran protagonismo, al convertirse en la sede del cuartel general de las Brigadas Internacionales, formadas por voluntarios de todo el mundo que acudieron en socorro de la república.

Bloque 5: LA II REPÚBLICA Y LA GUERRA CIVIL. Tema 9: LA GUERRA CIVIL.

b) El desarrollo de la guerra.

Durante los casi tres años de conflicto (julio de 1936 a abril de 1939), las operaciones militares más importantes se pueden agrupar en cinco fases:

1ª) El paso del estrecho de Gibraltar por el ejército de África (julio-diciembre del 36). Fue decisivo para los sublevados al comienzo de la guerra, pues suponía la unión con los núcleos nacionales andaluces y permitía el avance por Extremadura para enlazar con los ejércitos del norte. Tras conseguirlo se emprende la marcha hacia el gran objetivo: Madrid.
2ª) La batalla de Madrid, diciembre-marzo del 37: Ciudad Universitaria (desde el 17 de nov.); carretera de La Coruña (desde el 30 de noviembre/15 de enero); del Jarama (febrero del 37) y Guadalajara (marzo del 37). Supone un fracaso para las tropas sublevadas al encontrar una resistencia popular inesperada dirigida por la Junta de Defensa de Madrid con el general Miaja y el teniente general Vicente Rojo a la cabeza. A partir de este momento, el conflicto adquiere sus auténticas dimensiones militares e internacionales. Franco dirige entonces la ofensiva hacia el norte.
3ª) La campaña del norte (primavera-verano del 37). Aislada del resto de territorios republicanos tras la toma de Irún y San Sebastián en septiembre del 36, la zona oeste republicana fue ocupada sin demasiada dificultad desde el Este: Bilbao (19 de junio), Santander (26 de agosto), Asturias (1 de septiembre/21 de octubre), sin que pudieran evitarlo algunos ataques republicanos de distracción como los llevados a cabo en Brunete (Madrid, 18 de julio) y Belchite (Aragón, 3 de septiembre).
4ª) La campaña de Aragón (diciembre del 37-noviembre del 38). Tras una ofensiva republicana sobre Teruel en diciembre del 37 (hasta febrero), tras la toma de Lérida (3 de abril), el avance nacional hacia el Este logró alcanzar el Mediterráneo a la altura de Vinaroz (Castellón, 15 de abril)y partir en dos el territorio republicano. Una nueva ofensiva del ejército gubernamental en el Ebro (julio-noviembre del 38) retrasó la presión de los sublevados sobre Cataluña; pero la victoria de éstos en la batalla del Ebro significó un hecho decisivo para el desenlace definitivo de la guerra.
5ª) Ocupación de Cataluña y fin de la guerra, diciembre del 38-abril del 39. Con la ocupación sin dificultades de Cataluña (Tarragona, 15 de enero; Barcelona, 26 de enero; Girona, 4 de febrero) y, por último, de la zona levantina y central (Ciudad Real, Albacete, Murcia, Alicante y Valencia) se puso fin al conflicto. El 28 de marzo de 1939 las tropas nacionales entran en Madrid y el 1 de abril Franco escribía el último parte de guerra.

Bloque 5: LA II REPÚBLICA Y LA GUERRA CIVIL. Tema 9: LA GUERRA CIVIL (1936-39)

A) Sublevación militar e internacionalización.

Causas.
La Guerra Civil es uno de los temas centrales de la historia contemporánea de España y sus causas hay que buscarlas en su propio devenir histórico. Este reconocimiento, que hoy parece evidente, no lo ha sido tanto hasta hace relativamente poco. En líneas generales han predominado dos teorías en la discusión sobre las causas del conflicto, que se han caracterizado por atribuir su origen a la intervención de fuerzas exógenas. Una ha hablado de la guerra como consecuencia de la intervención fascista; la otra tomó como factor desencadenante de la contienda la existencia de un complot comunista. Lo cierto es que ni el fascismo ni el comunismo fueron las fuerzas motrices de la tragedia. Sus orígenes hay que buscarlos en causas remotas, que se remontan a los inicios del siglo XIX, junto a los antecedentes inmediatos de la compleja dinámica política de la II República:
· Debido a la falta de renovación en las estructuras del Estado (fracaso del proceso modernizador, escasa industrialización, tradicionalismo político), a la incomprensión secular entre las distintas clases sociales y a las enormes desigualdades económicas y territoriales.
· Por la resistencia política y social para concretar los cambios que demandaba la sociedad española. Y
· Favorecidas por el deterioro del orden público; con atentados a líderes políticos y militares de ambos bandos, asalto y quema de templos, heridos en choques armados, huelgas generales o parciales, destrucción de locales de periódicos o partidos políticos, colocación de bombas en domicilios particulares, etc. El asesinato de Calvo Sotelo, líder del Bloque Nacional, el 13 de julio, en represalia por el del teniente de asalto José Castillo un día antes serviría del pretexto al golpe militar y al inicio de la Guerra Civil.

La sublevación militar.
El golpe de Estado fue fundamentalmente una iniciativa militar en la que apenas participaron civiles. La Falange, si bien estaba enterada de dichos proyectos, apenas tuvo capacidad de influencia en la conspiración. Y el resto de las fuerzas y grupos de presión que apoyaron la sublevación tampoco parece que participaran en su organización. Por otra parte, el objetivo de los militares no era la restauración monárquica y carecía de proyecto político, sino que respondía a la necesidad de acabar con el Frente Popular y restablecer el orden en un Estado republicano autoritario y centralista. Si bien, por ello, el golpe se encuadra dentro de la tradición de pronunciamientos militares del XIX, en la cual estaban formalizados los cambios violentos de gobierno, a diferencia de casos anteriores la sublevación no se resolvió en un plazo breve –como probablemente creían los conspiradores- lo que abocó al país a la guerra más cruenta de la historia de España y trastocaría su endeble proyecto político.
El alzamiento militar tuvo lugar en la mañana del 17 de julio de 1936 entre las tropas del ejército de África con sede en Melilla, donde el general Franco se pone al frente de los sublevados. Un día después se generaliza por toda España, triunfando en el Protectorado de Marruecos, en Navarra, en Sevilla, en Galicia, en Castilla, en Mallorca, en parte de Extremadura, y en ciudades como Zaragoza, Vitoria u Oviedo. Madrid, la cuenca mediterránea, la cornisa cantábrica, y grandes zonas de Castilla-La Mancha y Andalucía permanecieron leales al gobierno republicano. El día 19 de julio dimite Casares y Azaña encarga la formación de gobierno a Diego Martínez Barrios, presidente de las cortes, propiciando un giro hacia la derecha que posibilitara una negociación con los sublevados. La negativa de Mola supuso la dimisión de Barrios y el traslado del encargo a José Giral, político de izquierdas, que decreta la entrega de las armas a las milicias obreras formadas por partidos y sindicatos. Todo apuntaba a una guerra larga: los insurrectos habían fracasado en su plan de dominar Madrid, y el potencial militar estaba equilibrado.
La relación de fuerzas militares, en el aspecto meramente numérico, al menos al inicio de la contienda, resultó ligeramente favorable a los sublevados, al contar con las tropas coloniales destacadas en Marruecos. Sin embargo, al gobierno fueron fieles mayoritariamente la Marina y la Aviación y además controlaba, al menos sobre el papel, la mayor parte de los recursos económicos del país pues en su poder habían quedado las regiones más pobladas y los principales núcleos urbanos. Por otra parte, la organización militar de los alzados estaba en mejores condiciones para formar un ejército potente, mientras que el gobierno republicano tuvo dificultades para activar todos sus recursos debido al caos reinante en los primeros meses de guerra.

Internacionalización del conflicto.
Ante la gravedad que va adquiriendo la situación española, las potencias europeas firman un pacto de no intervención (julio-agosto de 1936) que no se cumplirá en la práctica. Los dos bandos contarán con ayudas exteriores difícilmente cuantificables:
- Los sublevados, recibirán la ayuda de Alemania, canalizada a través de la HISMA, Compañía Hispano-Marroquí de Transporte: armamento, entorpecimiento de la flota republicana y contingente aéreo (Legión Condor); de Italia, a través de la SAFNI, Sociedad Anónima Financiera Nacional Italiana: unidades de tropa, más numerosas pero menos efectivas que las alemanas; y Portugal: su frontera servirá de paso para los suministros nacionales; en menor número envió tropas voluntarias.
- El bando republicano, de la Unión Soviética: aviones artillería y asesores militares; y de las Brigadas Internacionales: alrededor de 50.000 (según las fuentes), combatientes de diversa procedencia y con sede central en Albacete.

Foto: Muerte de un miliciano. Robert Capa.

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C) EL BIENIO RADICAL-CEDISTA (NOV. 1933/FEB. 1936). EL FRENTE POPULAR.

En este estado de cosas, Alcalá Zamora disuelve las Cortes y convoca elecciones generales, organizadas por un hombre de reputación republicana, Martínez Barrios, presidente del gabinete de transición.
Las elecciones de 19 de noviembre de 1933, primeras con voto femenino, registraron una participación de 67% del censo electoral y arrojaron el triunfo de los partidos de derechas: la CEDA de José María Gil Robles y el Partido Radical de Lerroux, que sería el encargado de formar gobierno el 18 de diciembre de 1933. El cambio de orientación de la Cámara se debió fundamentalmente a dos circunstancias: la inclinación de la clase media hacia el centro-derecha como modo de expresar su disconformidad con las reformas del periodo anterior y la abstención propugnada por los anarquistas.
El gobierno de Lerroux pronto confirmó el giro hacia la derecha del líder radical, que se manifestó en medidas que rectificaban las emprendidas en el bienio anterior: paralización de la reforma agraria, suspensión de la Ley de Congregaciones, restitución de haberes y enseñanza eclesiástica, amnistía para los implicados en el golpe de estado del 32, incremento de la represión en el medio rural, freno a los procesos de autonomía, creación de una segunda cámara parlamentaria (el Senado), etc. Como consecuencia, mejoraron las relaciones con la Iglesia, pero se acentuaron las tensiones con el movimiento obrero, los campesinos y los autonomistas.
En este contexto se suceden una serie de crisis:
- La primera, en abril de 1934, tras las objeciones de Alcalá Zamora y algunos parlamentarios radicales a la Ley de Amnistía, y que acaba con la dimisión de Lerroux. Es sustituido por su correligionario Samper quien continuó con la política de paralización de reformas. Esto derivó en un progresivo deterioro social y en la colisión política con las instituciones catalanas. La CEDA reclama entonces su entrada en el gobierno y el PSOE amenaza con una sublevación si esto sucede.
- La segunda crisis de gobierno tiene lugar el 1 de octubre de 1934. Gil Robles retira su apoyo parlamentario de Samper que se ve obligado a dimitir, 4 de octubre. El nuevo consejo de ministros vuelve a estar presidido por Lerroux, pero incorpora a tres ministros de la CEDA en las carteras de trabajo, justicia y agricultura.
La respuesta a la formación del nuevo gobierno es contundente. UGT convoca una huelga general revolucionaria el día 5 de octubre, ante la cual el ejecutivo proclama el estado de guerra. En Madrid, se produce una insurrección de socialistas y obreros, preparada casi desde el triunfo electoral de las derechas por Largo Caballero. La ciudad de Santander es literalmente tomada por los obreros de la construcción naval. El movimiento revolucionario pronto calará también en Cataluña y Asturias.
En Cataluña, el movimiento será principalmente político y provocado por las tensas relaciones entre los gobiernos central y autonómico. Las presiones del catalanismo radical obligan a Companys a proclamar el día 6 de octubre el Estat Catalá, dentro de la República Federal Española. Al día siguiente es encarcelado el gobierno de la Generalitat en pleno.
En Asturias, gracias al acuerdo entre ugetistas y cenetistas, presenta un carácter anarco-campesino. Durante dos semanas miles de obreros, al grito de “uníos, hermanos proletarios”, resistieron la operación militar dirigida por el general Franco. Tras su rendición, el 19 de octubre, tiene lugar una dura represión, con masivos encarcelamientos y deportaciones.

Tras sofocar los movimientos revolucionarios se acentúa la bipolarización política en el país. En diciembre de 1934, en pleno debate sobre los acontecimientos de octubre, José Calvo Sotelo funda el Bloque Nacional, que pretendía ofrecerse como alternativa a la República aunando a monárquicos alfonsinos y tradicionalistas. Aunque sus relaciones con éste nunca fueron estrechas, grupos de corte fascista como Falange Española de las JONS coincidían significativamente en subrayar la importancia del ejército en la salida a la crisis. En el otro extremo comenzaban las actuaciones que darían origen al Frente Popular. Entre el 25 de julio y el 21 de agosto de 1935 se reunió en Moscú el VII Congreso de la Internacional Comunista en el que se tomaron acuerdos sobre la conveniencia de formar frentes antifascistas. Para el caso español, se concreto que la cabeza visible del mismo habría de ser Largo Caballero.

Inmersos en estos debates, las derechas se aprestaron a gobernar con talante reaccionario. La alianza radical-cedista dio vigor al poder ejecutivo durante un tiempo (en mayo de 1935, Gil Robles entra en el 4º gobierno Lerroux con la cartera de Guerra). Así, el 4 de julio de 1935 se presenta en las Cortes un proyecto de reforma constitucional que recogía las cuestiones básicas que habían crispado al país cuatro años antes: revisión del autonomismo, relaciones Iglesia-Estado, enseñanza y matrimonio. El texto debía ser discutido tras la vuelta del parón estival, pero en septiembre una nueva crisis de gobierno motivada por la negativa del ministro de Marina, Royo Vilanova, a traspasar competencias a la Generalitat lo impidió.
Además, una serie de escándalos terminaron por hundir al partido radical y acabaron con la alianza:
- El caso straperlo, surgía de las denuncias realizadas por David Strauss contra importantes líderes del Partido Radical, acusados de haber aceptado sobornos para introducir en España un juego fraudulento (una especie de ruleta trucada llamada straperlo, nombre derivado de Strauss y Perel, su socio).
- El affaire Nombela afectaba también al comportamiento irregular de varios políticos radicales. Antonio Nombela, ex director general de Colonias, denunció intentos de malversación de fondos en las partidas para el abastecimiento del ejército en África.

Aunque Lerroux fue exculpado en ambos casos, el partido radical quedó totalmente liquidado. El extremismo de los grupos de izquierda se imponía en las calles y el clima político se enrareció completamente. El 9 de diciembre se produjo una crisis total. Para evitar una ruptura revolucionaria Alcalá Zamora renunciará a la formación de un gobierno de la CEDA, como proponía Gil Robles, disolverá las Cortes y entregará el poder a un neutral, Portela Valladares, el 14 de diciembre, con la intención de convocar nuevas elecciones que serían efectivas el 16 de febrero de 1936.

EL FRENTE POPULAR.

El objetivo de Alcalá Zamora con esta convocatoria era conseguir una nueva mayoría de centroderecha sobre la que asentar la gobernabilidad del país. El resultado de las elecciones, sin embargo, fue muy distinto: triunfaron las fuerzas republicanas de izquierda, gracias a una unión propiciada por el deseo de continuar con el programa de reformas iniciado en el bienio progresista y evitar el ascenso del fascismo. Para ello se había firmado, el 15 de enero de 1936, el pacto por el que se constituía el Frente Popular, en el que se integraban PSOE, PCE, UGT, Acción Republicana de Azaña y Martínez Barrios, ORGA, y la izquierda catalana. Su programa de gobierno no era ni mucho menos revolucionario, sino reformista. Una transacción entre republicanos y marxistas para ganar las elecciones, lo que no gustó desde luego a Largo Caballero.
Tras la desintegración de los radicales, la CEDA acaparó las fuerzas políticas de derechas, integrando candidaturas que iban de los tradicionalistas a los democristianos, quedando fuera Falange Española y los nacionalistas vascos. El programa conservador basaba su estrategia en la doctrina social de la Iglesia y en poner freno a la revolución que supondría el triunfo del Frente Popular.
El domingo, 16 de febrero, se celebraron las elecciones, en las que votó un 72% del censo. Los resultados fueron muy parejos: el 53% de los sufragios recayó en los partidos de derechas y centro; el 47 % en el Frente Popular. Pero a causa de la ley electoral vigente, estos resultados tan semejantes se tradujeron en un sorprendente reparto de actas: de un total de 473 diputados, la derecha (44%) y el centro (7%) obtenían 210 escaños, mientras la izquierda (49%) lograba 263.
Desbordado por la situación, Portela Valladares dimite el día 19. Aquella misma tarde, acuciado por los rumores de una insurrección popular, Azaña se hace cargo de la presidencia de gobierno para evitar el vació de poder. La formación del nuevo gabinete fue acogida con esperanza por la mayoría de los españoles, aunque por causas distintas: para unos, constituía el menor de los males; para otros, había llegado el momento de la revancha política. En la práctica, el gobierno se tuvo que enfrentar a una acentuación de las posturas extremas, incluso entre sus partidarios.
Sin preámbulos, el ejecutivo asumió las primeras medidas: amnistía para los encausados por los sucesos de octubre del 34, relanzamiento de la reforma agraria, puesta en vigor de los estatutos de autonomía y traslado de prestigiosos militares (Franco a Canarias y Goded a Mallorca). A pesar de estas medidas, la violencia se había apoderado de las calles: enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, lucha entre bandas callejeras de distinta ideología, ocupación de fincas, etc.
Al objeto de reafirmar la nueva circunstancia política y coincidiendo con la apertura de las sesiones de Cortes, el 4 de abril, se tramita el expediente de destitución de Alcalá Zamora (artículo 81 de la constitución preveía la posibilidad de cesar al Presidente si disolvía las Cortes por 2ª vez en su mandato) al frente de la Presidencia de la República, cargo que recaerá en Manuel Azaña desde el 10 de mayo. El nuevo presidente intentará acabar con la deteriorada situación nombrando jefe de gobierno a Indalecio Prieto, socialista partidario de repetir la alianza con los partidos burgueses republicanos. Pero éste no aceptará por expresa prohibición del Comité Ejecutivo del PSOE. Esta circunstancia demostraba que los gobiernos de la izquierda burguesa serían incapaces de frenar la situación, al carecer del apoyo de los partidos obreros. Sin solución, fue elegido presidente de gobierno Santiago Casares Quiroga, de la ORGA, quien el 19 de mayo presentaba al nuevo gabinete.
Como se preveía, el gobierno de Casares se demostró inútil para resolver la grave situación interna: la derecha de Gil Robles y Calvo Sotelo utilizaba las cámaras para culpar de la situación al gobierno y veladamente al Régimen; los partidos obreros presentaban serias contradicciones sobre como abordar los problemas.

Desde entonces se acrecientan los rumores sobre una revolución social o un golpe militar. El segundo se estaba gestando en torno a la Unión Militar Española, que aglutinaba a un sector del ejército descontento con la política azañista y del que participaban también personalidades civiles opuestas a la República y grupos monárquicos. El primer paso se dio el 8 de marzo de 1936, en la reunión que mantuvieron Franco, Mola y otros jefes militares. La decisión tomada fue que el alzamiento no sería ni por la República ni por la Monarquía, sino para restablecer el orden. Los conspiradores tenían previsto sublevarse el 20 de abril, pero hubieron de desistir, entre otras cosas porque el gobierno estaba debidamente informado de tal circunstancia. Era sólo cuestión de tiempo: los generales Sanjurjo, desde Lisboa, y Mola, desde Pamplona, estaban al frente del complot.

Bloque 5. SEGUNDA REPÚBLICA Y GUERRA CIVIL. Tema 8. LA II REPÚBLICA.

B) EL BIENIO REPUBLICANO AZAÑISTA (DIC. 1931/NOV. 1933).

El nuevo gobierno presidido por Azaña –que conservaba la cartera de Guerra- quedaba constituido el 16 de diciembre de 1931 y elegía al conservador Alcalá Zamora como Presidente de la República. Se enfrentaba a una tarea ingente: poner en marcha la Constitución e iniciar el proyecto republicano de transformar la realidad económica, política y social de España. Para acometer esta empresa el presidente del gobierno optó por apoyarse de manera preferente en los socialistas. Así pues, se puso fin a la amplia coalición que había conformado el frente republicano desde el pacto de San Sebastián.
Entre las prioridades del gabinete destacaban los siguientes asuntos: completar la reforma del ejército, satisfacer las demandas autonomistas, llevar a cabo la reforma agraria y solucionar las cuestiones religiosas y educativas. Este programa reformista tuvo que abrirse paso entre los sectores contrarrevolucionarios, decididos a forzar una salida violenta, y una izquierda radical adepta a las utopías revolucionarias.
Las reformas del ejército tendieron a su modernización y a favorecer su vinculación al régimen republicano. Para conseguirlo se adoptaron las siguientes medidas: se suprimieron las capitanías generales, se redujeron los mandos y se anularon los ascensos por méritos de guerra, se creó un cuerpo de suboficiales profesionales, se reestructuró la intendencia, aumentaron los presupuestos de la Marina y la Aviación, se establecieron los Centros de Instrucción de Reclutas (CIR), se organizó un cuerpo jurídico del Ejército formado por letrados civiles y se creó la guardia de asalto como policía del sistema.
Las reformas autonómicas desembocaron en la aprobación del Estatuto de Cataluña el 15 de septiembre de 1932, que dejaba en manos de la Generalitat la administración local, la cultura, las obras públicas, los transportes y el orden ciudadano catalanes, bajo un gobierno presidido por Maciá y un parlamento por Luis Companys. Se inician también las discusiones para la elaboración de los estatutos de Euskadi (Fusi argumenta la dificultad para su elaboración en la difícil conciliación entre los republicanos progresistas de Madrid y el espíritu tradicionalista vasco) y Galicia.
Acometer la reforma agraria será el principal problema del régimen y para muchos autores el gran fracaso del reformismo republicano. Legalmente se evitará la fórmula del decreto impositivo y en su lugar se acuerda el nombramiento de una comisión de expertos: Felipe Sánchez Román, Antonio Flores de Lemus y Pascual Carrión, encargados de elaborar un proyecto técnicamente aplicable que sería aprobado por las Cortes. El 15 de septiembre de 1932 se promulga la Ley de Bases de la Reforma Agraria, cuyos principales objetivos eran: acabar con los latifundios y el absentismo rural, y dotar a la tierra de una función social proporcionando a los campesinos la posibilidad de remediar su secular situación. Para aplicar la Ley se creaba el Instituto de Reforma Agraria, cuyas principales medidas fueron: la distribución de tierras, la defensa de los derechos laborales de los jornaleros y la protección de los arrendatarios. Pero la Ley no satisfizo las esperanzas campesinas. Según Tamames porque era excesivamente compleja, reunía demasiados trámites y carecía de línea básica. (Con la aprobación de una nueva Ley de Reforma el 1 de agosto de 1935 de tipo conservador, las medidas anteriores fueron prácticamente anuladas contribuyendo a agravar las condiciones del campo español).
Finalmente se procedió a afrontar reformas de tipo religioso y educativo. Las primeras, tendentes a manifestar el laicismo constitucional (implantación del divorcio y el matrimonio civil, expulsión de la Compañía de Jesús y confiscación de sus bienes, anulación de los presupuestos estatales para el clero) se concretan en la Ley de Congregaciones de 1933, por la que los conventos y templos se convierten en propiedad estatal, y contribuyeron a deteriorar de forma irreversible las precarias relaciones Iglesia-Estado. Las segundas, bajo el ministerio de Marcelino Domingo, para secularizar la docencia, potenciar la enseñanza primaria y secundaria, y favorecer la investigación.

Sin embargo, la República marchaba hacia la derecha. El primer intento de inclinación vino de forma violenta, adoptando la forma tradicional de pronunciamiento, cuya cabeza visible fue el general Sanjurjo, y su fin acabar con un Gobierno que había dejado de reflejar la voluntad general. En Madrid, donde los conspiradores trataron de hacerse con el Ministerio de la Guerra, en la noche del 10 de agosto de 1932, el golpe fue un fracaso. En Sevilla, Sanjurjo se pronunció a favor de una república moderada al grito de “Viva la España indivisible”. Los obreros declararon una huelga general y los oficiales vacilaron. Sanjurjo sería detenido en su marcha a Portugal.
El fracaso de Sanjurjo reforzó la posición del Gobierno y el entusiasmo republicano. Los rebeldes fueron encarcelados y deportados. La prensa de derechas fue suspendida durante algún tiempo y los restantes puntos de la Constitución (el Estatuto Catalán y la Reforma Agraria) fueron rápidamente aprobados por las Cortes. Sin embargo, fue un resurgimiento puntual. Todos los indicios apuntaban a un desplazamiento a la derecha a lo largo de 1933. Dos partidos se beneficiarían de esta reacción conservadora: los radicales de Lerroux y el nuevo partido católico de Gil Robles, Acción Popular.
Pero el peligro no sólo procedía de las derechas, ya que la República tuvo que afrontar una serie de huelgas y estallidos revolucionarios continuos, desde sus primeros días hasta las elecciones de 1933. A la inquietud agraria específica de los empleados del campo andaluz y extremeño deben sumarse el empeoramiento de las condiciones económicas; hostilidad de la CNT y la política del propio movimiento obrero, que enfrentaba a la CNT, UGT y la FAI, por el poder en el mismo. En el olvidado campo, donde la CNT y la UGT estaban penetrando de manera efectiva, tuvieron lugar los 2 enfrentamientos más sangrientos: la aldea de Castilblanco asesinó y mutiló a los guardias civiles de la localidad; en enero de 1833, en Casas Viejas, un entusiasta local inició una declaración de independencia de tradición anarquista y rural. Las fuerzas gubernamentales aplastaron este levantamiento fusilando a 25 de los habitantes de Casas Viejas.
Las consecuencias, a largo plazo, fue el derribo del gobierno de Azaña, septiembre de 1933 pero, sobre todo, mostró que la unidad republicana, forjada en San Sebastián, había degenerado hasta convertirse en una riña de partidos entre sus partes componentes. Frente a los fragmentados elementos de la coalición azañista apareció una derecha electoralmente más unida.

Bloque 5. SEGUNDA REPÚBLICA Y GUERRA CIVIL. Tema 8. LA II REPÚBLICA (1931-36)

A) EL GOBIERNO PROVISIONAL Y LA CONSTITUCIÓN DE 1931.

La llegada del nuevo régimen se produjo en un país caracterizado por su estancamiento respecto a la mayoría del mundo occidental.
Desde el punto de vista económico, la agricultura seguía representando la actividad económica mayoritaria (46%), pero apenas se había desarrollado desde las desamortizaciones del siglo XIX y estaba definida por su baja productividad, su escasa modernización y la falta de inversiones. A esto se añadía los fuertes desequilibrios entre las zonas industrializadas y las agrarias (centro-periferia).
Esta situación económica se traducía en una variada trama social con opiniones encontradas sobre la República. Será apoyada por las clases medias y, los campesinos y proletarios, quienes, sin embargo, irán desconfiando del régimen ante la lentitud y suavidad de las reformas emprendidas. Se opondrán a ella la alta burguesía y la nobleza, que habían constituido la oligarquía durante la Restauración; pasado el desconcierto inicial, formarán sus propios partidos e intentarán acceder al poder por la vía parlamentaria. A su lado estará la Iglesia institucional.
Estos grupos sociales terminarán por organizarse en fuerzas políticas, improvisadas muchas de ellas por la rápida proclamación de la República (sólo dos, el partido Radical y el PSOE, procedían del periodo anterior), que abarcaban todo el espectro político, desde el PARTIDO AGRARIO (ultraconservador, formado por terratenientes que se oponían a cualquier tipo de reforma), pasando por la ACCIÓN POPULAR (más moderados, aunque de dudosa filiación republicana; integrado por antiguos “mauristas”), los PROGRESISTAS (liderados por Alcalá Zamora y Maura, integran a conservadores y católicos afines al nuevo régimen), RADICALES (dirigidos por Lerroux, se sitúan en el centro político aspirando a atraer a la izquierda, gracias a su pasado revolucionario, y a la derecha moderada, gracias a su nuevo talante), REPUBLICANOS (izquierda reformista, formada por minorías intelectuales, agrupada en dos partidos: la Alianza Republicana de Azaña y la Agrupación al Servicio de la República de Ortega), RADICALES-SOCIALISTAS (de Álvaro de Albornoz y Marcelino Domingo, que propugnan una reforma social desde arriba), SOCIALISTAS (de tendencia socialdemócrata, como Indalecio Prieto, o marxista, como Largo Caballero), hasta la EXTREMA IZQUIERDA (representada por los partidos comunistas, aunque escasos en número, con un protagonismo creciente: el PCE, de tendencia estalinista, y el POUM, trotskista; y los anarquistas, cuya importancia será esencial, a pesar de no participar en la actividad política). Al margen se sitúan los PARTIDOS NACIONALISTAS: la Lliga y Ezquerra Republicana en Cataluña, el PNV en Euskadi y los galleguistas de Casares Quiroga, quienes verán en el nuevo régimen una puerta abierta al desarrollo autonomista.
Desde el punto de vista internacional, la llegada de la Republica coincidió con dos hechos de enorme importancia en la evolución posterior del sistema. Por una parte, las consecuencias derivadas de la crisis económica de 1929 (caída del comercio exterior, interrupción de las emigraciones, aumento del desempleo...); por otra, las repercusiones de la situación política internacional, la influencia de los fascismos en grupos políticos como Falange Española o la radicalización de los partidos de izquierda hacia los Frentes Populares.


El 14 de abril de 1931 se constituye el Gobierno Provisional bajo la presidencia de Alcalá Zamora y con la presencia de todas las tendencias presentes en San Sebastián: derechas republicanas (Maura), nacionalistas (Casares Quiroga y Nicolau D´Olwer), radicales (Lerroux y Martínez Barrio), izquierda liberal republicana (Azaña y Marcelino Domingo) y socialistas (Indalecio Prieto y Largo Caballero). El propósito de este primer gobierno era llevar a cabo un programa de modernización del país bajo presupuestos liberales y progresistas que habría de concretarse en el Estatuto de Funcionamiento, de 15 de abril. Sus primeras medidas estaban encaminadas a establecer las bases legales del régimen, condicionadas por el enrarecimiento político derivado de la falta de apoyo internacional y la necesidad de satisfacer reivindicaciones históricas. Así, se garantizó la propiedad privada, se regularon convenios laborales y salariales, se implantó la jornada laboral de 8 horas en el sector agrario, y se legislaron varios decretos liberalizadores: el de términos municipales, para evitar la contratación de jornales foráneos; jurados mixtos; el de congelación de arrendamientos, favorable a los arrendadores; y el de cultivos forzosos, que obligaba a los grandes propietarios a cultivar sus fincas o entregarlas a jornaleros en caso contrario. A pesar de estas medidas liberalizadoras, no tardaron en sucederse las huelgas y manifestaciones de protesta (julio, huelga general en Sevilla; agosto, huelga de la minería asturiana y la metalurgia barcelonesa...).
Además, el gobierno debía hacer frente a tres graves problemas:
- El contencioso creado en Cataluña tras la proclamación de la República Catalana independiente por Francesc Maciá.
- Asegurar la fidelidad del ejército.
- Cerrar la crisis abierta por el arzobispo de Toledo, cardenal Segura Saez, con la Iglesia española. En este sentido, una delegación del gobierno pactó con Maciá la concesión de un estatuto de autonomía, se nombraron nuevos capitanes generales y se exigió a los generales una declaración expresa de fidelidad al régimen. El problema con la Iglesia (reunida en Toledo, 9 de mayo, desde donde emitieron una queja formal) sin embargo, derivó en una ola de violento anticleriscalismo que se concreta en la quema de imágenes y templos entre los días 11 y 12 de mayo, en ciudades como Madrid, Sevilla, Málaga, Murcia o Valencia; una actitud en absoluto desconocida en la historia española (Matanza de frailes de 1835; Semana Tragica, 1909). Como consecuencia, se produjo una separación cada vez mayor entre un gobierno declarado laico y la jerarquía eclesiástica, que se concreta en una serie de actuaciones políticas por parte del primero: el establecimiento de la libertad de culto, la prohibición de imágenes religiosas en centros escolares, la suspensión de la obligatoriedad de la enseñanza religiosa, la prohibición de participación de la Iglesia en los consejos de instrucción pública o la expulsión del cardenal primado de Toledo y del obispo de Vitoria (Mateo Mújica). La ruptura se consumó con la negativa por parte del Vaticano del placet al embajador de la República, Luis Zulueta. Como afirma JACKSON antes de las Cortes Constituyentes la cuestión religiosa es el principal problema de la política española.

Mientras esto sucedía, el Gobierno Provisional continuaba con los preparativos de las anunciadas elecciones a Cortes Constituyentes que se celebrarían el 28 de junio. Las notas más destacables de la campaña según TUSELL fueron: el mantenimiento de la coalición republicano-radical-socialista que había triunfado en las elecciones de abril, la desorganización de las fuerzas políticas conservadoras y la aparición de numerosos candidatos de extrema izquierda.
Algo más del 70% de los electores participaron en las mismas. Los resultados finales dieron el triunfo a la coalición de izquierdas gubernamental (265 diputados, frente a los 219 de las derechas). En el seno de las Cortes Constituyentes se perfilaba una mayoría parlamentaria de orientación izquierdista que se vería reflejada en la nueva constitución. El 29 de julio se constituía la Comisión constitucional encargada de su redacción y un mes más tarde era presentado el primer borrador. El documento evidenciaba el protagonismo de socialistas y radical-socialistas y, como era de esperar, el aspecto más polémico resultó ser la cuestión religiosa. Particularmente tres fueron los artículos más polémicos: la declaración de laicidad del Estado (art. 3), el proyecto de disolución de las ordenes religiosas y la nacionalización de sus bienes (art. 24, en el texto final art. 26)) y la declaración de la libertad de credo (art. 25). A pesar de los esfuerzos del Presidente de la República, Alcalá Zamora, por llegar a un consenso las posturas se hicieron irreconciliables y los artículos, en especial el 26, fueron aprobados con enmiendas menores. Esto se tradujo en una crisis de gobierno que acabó con la dimisión del propio Presidente y del ministro de la Gobernación, Miguel Maura, por razones de conciencia. La izquierda republicana salió todavía más reforzada de la crisis. Por eso, Julián Besteiro, Presidente de las Cortes, encargó la formación de un nuevo gobierno a Manuel Azaña, hasta entonces ministro de la Guerra, quien se mostró partidario de impulsar una política de firmeza republicana (concretada en la Ley de Defensa de la República, de 29 de octubre, para combatir los intentos de reacción o revolución contra el sistema), de talante marcadamente progresista, y consiguió aprobar el nuevo texto constitucional el 9 de diciembre de 1931 (con 368 votos a favor de los 470 que componían la Cámara).

Aspectos principales de la Constitución de 1931:

- España se constituye como república democrática de trabajadores.
- Se reconoce como Estado único, pero posibilita el derecho a las autonomías regionales (influencia de la constitución de Weimar).
- Se permite la intervención del Estado en la economía.
- Se establece el sufragio universal (voto femenino y militar).
- La expresión de la voluntad popular se recoge en una sola Cámara.
- La voluntad democrática de los diputados se refrenda por la preeminencia absoluta del legislativo, en detrimento del Presidente de la República, cuyas atribuciones quedan mediatizadas por las Cortes y el verdadero jefe del ejecutivo: El Presidente del Gobierno.

Bloque 4. CRISIS DEL ESTADO LIBERAL. Tema 7: ALFONSO XIII Y LA CRISIS DE LA RESTAURACIÓN

C. DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA Y CAÍDA DE LA MONARQUÍA.

1. Causas del golpe de Estado. El directorio militar (1923-1925).
Durante la primavera de 1923 ya se estaba conspirando desde dos movimientos distintos y diferenciados, pero convergentes en la necesidad de derrocar el gobierno liberal.
El primero estaba vinculado a las desaparecidas Juntas de Defensa de Barcelona, de las que
luego se valdría Primo de Rivera, y buscaba mediante un golpe de fuerza "disolver las Cortes" y quitar el papel político a la oligarquía para dárselo a las clases medias. El segundo, vinculado a Madrid, tenía como objetivo recoger las aspiraciones del ejército de África sobre el futuro marroquí. Pretendía la "instauración de un gobierno fuerte" y dispuesto a resolver los problemas generales del Ejército y del orden público manteniendo la Constitución y la monarquía. El capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, entró en relación con este segundo grupo cuando viajó a Madrid en junio, llamado por el Gobierno. En el encuentro pidió plenos poderes para luchar contra el terrorismo en Barcelona y, como no llegó a un acuerdo, se convirtió en enlace entre ambos grupos y, más tarde, en jefe de la sublevación.

a) Los factores del golpe de Estado.
Primo de Rivera dio su golpe de Estado en Barcelona el 13 de septiembre de 1923. De
la noche a la mañana, casi sin ningún rumor previo en la prensa de los días anteriores y sin
derramamiento de sangre, dominó la situación de la capital catalana, punto clave en la
política española en esos años. El Gobierno vaciló, mejor podría decirse que no fue capaz de reaccionar, y acudió al monarca para que tomara cartas en el asunto; pero Alfonso XIII dejó pasar lentamente las horas y, transcurridos los primeros momentos, apoyó abiertamente al general sublevado, a quien confió la tarea de formar gobierno. En tres días España dejó de ser una monarquía parlamentaria y se convirtió en un régimen autoritario. El régimen de
Cánovas había desaparecido.
Primo de Rivera no pretendió establecer un régimen definitivo; su cometido era
establecer un “paréntesis de curación” transitorio. Y precisamente esta sería la contradicción evidente que vivió el dictador durante su gobierno y que se volvería contra él: pasó de la provisionalidad a un intento de perpetuación que no sería aceptado por aquellos que le habían apoyado en un primer momento.

b) Los apoyos sociales.
La implantación del Directorio Militar -nueva denominación del gobierno- fue aceptada con satisfacción por la gran masa neutra del país, que presentía un seguro restablecimiento del orden, y esto le era suficiente; si bien, y en pura lógica, los partidos políticos recibieron el golpe de Estado con recelo y vacilación.
El golpe de Estado fue posible, sobre todo, por la actitud de dos fuerzas: la burguesía y el movimiento obrero. Aquella se puso sin disimulos del lado de la dictadura, y la que marcó la pauta fue la catalana; la burguesía moderna, con esta postura, alcanzaba lo que había intentado desde 1875: frenar a la clase obrera y a los políticos de los antiguos partidos, defensores en su gran mayoría de la España retrasada y terrateniente. Pero del mismo modo, iba a abandonar al dictador en 1930, cuando juzgó que su sistema no le servía para mantener y salvar la estructura económica, base de su influencia. La dictadura pudo establecerse porque, al carecer el movimiento obrero de una firme conciencia política, no hubo lugar a protestas; los obreros, que serían los que iban a sufrir con creces el peso del régimen, se mantuvieron tranquilos. Anarcosindicalistas y comunistas, considerando la instauración de la dictadura como un movimiento de profunda reacción social que amenazaba a los grupos de vanguardia del proletariado español y a la propia vida de los sindicatos, se prepararon para defender su existencia. En cambio, el Partido Socialista y la
UGT pasaron de una actitud expectante, que era ya asentimiento, a la aceptación y la colaboración a lo largo de los casi siete años del gobierno de Primo de Rivera.
La Dictadura de Primo de Rivera está relacionada con la aparición de movimientos
totalitarios en la Europa de entreguerras.

c) El directorio militar.
En los meses comprendidos entre septiembre de 1923 y diciembre de 1925 -etapa del
Directorio Militar- Primo de Rivera siguió una política de acabar con lo anterior. El Real
Decreto de 15 de septiembre fijaba la organización de un Directorio, presidido por Primo de
Rivera, que reunía en su persona todas las facultades, iniciativas y responsabilidades de
gobierno. En la práctica, el ministro único, Primo de Rivera, asesorado por un Directorio,
compuesto por generales de brigada y un contraalmirante, sometía al Rey -o, mejor, a su
firma- todas las resoluciones adoptadas. Es de observar que, consecuentemente, el funcionamiento de toda la Administración quedó, de hecho, en manos del Ejército en ese tiempo. A la vez, tomó otras medidas urgentes: suspendió las garantías constitucionales,
destituyó a los gobernadores civiles de las provincias, disolvió las Cortes y, sin suprimirla,
suspendió la Constitución de 1876 como medio previo para arrasar a los partidos políticos,
base hasta entonces del sistema parlamentario. Decretó que los ayuntamientos y las diputaciones provinciales fuesen intervenidos y, en un deseo de retar a las antiguas castas
políticas y para separar el poder político del económico, publicó el Decreto de
Incompatibilidades, por el cual nadie que hubiese sido ministro o alto funcionario podía
intervenir en los consejos de administración de las compañías que contrataban con el Estado.

La Unión Patriótica y su papel.
Aparecieron dos estructuras nuevas con carácter regeneracionista que tomaban a los municipios como pilares fundamentales del régimen: la figura de los delegados gubernativos y el Estatuto Municipal de marzo de 1924. Para redondear el control gubernamental sobre los municipios nació la Unión Patriótica (UP). No era un partido político ni quería serlo, y eso lo recalcó muchas veces la dictadura, pero no cabe duda de que esta organización tenía mucho de "único partido" gubernamental. En ella Primo de Rivera pretendió aglutinar a todos los patriotas de buena voluntad y enemigos del desorden, aunque carentes de ideario y sin vinculación política definida, en la empresa de sostener el nuevo quehacer.
La UP recogía las ansias populistas del dictador y también su autoritarismo. En cierto modo, sustituía al voto democrático. Sin embargo, en su sistema organizativo los gobernadores civiles y los delegados gubernamentales serían los encargados de crear los comités de la nueva organización, lo cual se asemejaba mucho a los procedimientos de la vieja política desterrada y contrastaba con el proclamado "regeneracionismo" de Primo de Rivera.
La Unión Patriótica, el Estado y el Gobierno no se confundían. Teóricamente, los miembros del Directorio y los gobernadores civiles no tenían por qué pertenecer a ella, pero sí los miembros de los ayuntamientos y las diputaciones provinciales. En su formación reunió una amalgama de gentes procedentes del carlismo, del conservador maurismo, de propietarios de la tierra o burgueses industriales -ávidos de gozar del apoyo del Gobierno- y del incipiente catolicismo político. Por eso, quizá, nació muerta y su intento de reunir hombres "nuevos y apolíticos" fue vano.

La solución del problema marroquí: el desembarco de Alhucemas de 1925.
Todavía le quedaba a Primo de Rivera una cuestión importante que solucionar antes de dar paso a una modificación interna del régimen, y era Marruecos. Su resolución fue el éxito más evidente de la dictadura. Tras haber pasado por una postura inicial “abandonista” y luego “semi-abandonista”, los nuevos ataques rifeños a las posiciones españolas en 1924 y
una conversación con el jefe de la Legión, Franco, y con el general Sanjurjo, le decidieron a
proporcionar todos los recursos para acabar con el conflicto. De hecho, con tal determinación todo el mundo respiró. Fue preparado un Ejército potente y modernizado que, unido al también potente ejército francés, desembarcó en la bahía de Alhucemas en septiembre de 1925 en la primera operación conjunta conocida en la historia de la estrategia militar que reunió fuerzas de tierra, mar y aire. Tras varias semanas de duras batallas, Abd-el-Krim se entregó a las autoridades francesas para no ser prisionero del ejército español.
El gran éxito conseguido por Primo de Rivera fue, ante todo, político y popular; le reconcilió con los ciudadanos cansados de guerras, con todo el ejército, porque había salvado su honor, con los empresarios inversores en Marruecos y con su propia Hacienda, que pudo empezar a pensar en la reducción del déficit presupuestario.

2. El directorio civil (1925-1930). La caída de la monarquía.

a) El directorio civil.
En diciembre de 1925 se constituyó el Directorio Civil. En el nuevo gobierno colaboraban ahora viejos amigos, como el militar Martínez Anido, y nuevos políticos, como Calvo Sotelo, sin que faltara un representante de la oligarquía tradicional como el Conde de Guadalhorce. Con todo, el Gobierno siguió manteniendo en suspenso los preceptos constitucionales y legislando por decreto.
Fueron tiempos en los que el país gozó de una economía en alza porque la de Europa lo estaba. El régimen no aportó modelos económicos ni nuevos esquemas de acción, sino que se limitó a proceder con los tradicionales y, concretamente, a propiciar la industrialización
desde un intervencionismo estatal, a mejorar la agricultura participando en la introducción de nuevas técnicas y a incrementar el comercio exterior. La base práctica de estas tres políticas fue un gran desarrollo de las obras y los servicios públicos y, con el apoyo del Partido Socialista -a través de la UGT -, pudo crear un montaje de estructura corporativa a la italiana para las relaciones capital-trabajo e intentó aplicar una importante reforma fiscal que, por primera vez, introducía el impuesto sobre la renta.

b) La oposición y la caída de la dictadura.
Sin embargo, no pudo, o no quiso, solucionar otros problemas. La cuestión catalana fue
uno de los principales, y ello por tres motivos: 1) la persecución de la lengua catalana; 2) la
intervención gubernamental en la elección de la Junta del Colegio de Abogados de Cataluña, obligando, además, a publicar su guía oficial en castellano; 3) su intromisión en la esfera eclesiástica -prohibiendo, otra vez, la utilización del catalán en los actos litúrgicos-, lo que trajo una reacción de los obispos.
Pero, además, tampoco supo frenar a un movimiento obrero que, a medida que pasaba el tiempo, iba tomando posiciones. A partir de 1928 el PSOE empezó a pensar que, puesto que no había un auténtico régimen parlamentario, la única salida debería ser la república; y lo mismo propusieron el Partido Comunista y los anarquistas de la CNT.
Hubo dos fuerzas que contribuyeron directamente a la caída de Primo de Rivera: los intelectuales y el ejército de la Península. Los intelectuales, que no habían aceptado el régimen desde el principio, se vieron atacados con la destitución de Unamuno como rector de la universidad de Salamanca y con su posterior destierro; con la clausura del Ateneo de
Madrid porque, se decía, estaba derivando al republicanismo, y con el Proyecto de Reforma
Universitaria, en el que se otorgaba la expedición de títulos con valor universitario a los jesuitas de Deusto y a los agustinos de El Escorial. Las revueltas de los universitarios en el
curso 1928-1929 acabaron con represiones y con el cierre de la Universidad. Los militares
destinados en la Península se encontraron con un Primo de Rivera favorable a los militares de Marruecos y poco proclive hacia los convencionalismos que protegían la carrera militar de los de la Península. Además, el ataque frontal contra el cerrado cuerpo de artillería fue el que rompió la armonía de la familia militar y precipitó la caída del régimen.
En los últimos meses de 1929, y a la vista de la utilización por parte de la dictadura de nuevos procedimientos caciquiles para que el régimen se sostuviera, arreciaron las protestas
y se precipitaron todos los acontecimientos. El 30 de enero de 1930 Alfonso XIII aceptó la
dimisión de Primo de Rivera, encargando al viejo militar Dámaso Berenguer la formación de un nuevo gobierno.

c) El pacto de San Sebastián. Evolución política hasta la caída de la Monarquía.
El Pacto de San Sebastián, en agosto de 1930, reunió a tres fuerzas principales para tratar un futuro cambio hacia la república -a las que se añadieron los regionalistas, para aprovechar el progresivo aislamiento tanto social como político del Gobierno y el de la institución monárquica-: los constitucionalistas, que reunían a algunos políticos monárquicos reticentes con el monarca y dispuestos a deslizarse hacia un aún indefinido republicanismo; los republicanos históricos, y el Partido Socialista. Pero es importante indicar que de este pacto se derivaron dos líneas de acción complementarias: una revolucionaria, que llevó al fracasado pronunciamiento militar de Jaca de diciembre de 1930, y otra política que, con una gran campaña de prensa y mítines, lograría arruinar el prestigio de la monarquía.
El acuerdo político del Pacto de San Sebastián implicó la creación de un comité revolucionario compuesto por: Alcalá Zamora, Miguel Maura, Marcelino Domingo, Prieto, Azaña, Albornoz y De los Ríos. De esta alianza estuvieron ausentes la CNT y otras fuerzas obreras, que solamente estuvieron representadas por el PSOE. En diciembre de 1930 se difundió masivamente un manifiesto firmado por los principales dirigentes en el que explícitamente se llamaba a la población a derribar la monarquía. Mientras, para los gobiernos del general Berenguer y luego del almirante Aznar el objetivo prioritario era organizar un escalonado proceso electoral, a fin de recuperar el tiempo “perdido” con la dictadura, que culminase en unas Cortes constituyentes y que, a la vez, permitiera otorgar el necesitado consenso al régimen monárquico. Según el procedimiento establecido, había que empezar por las elecciones municipales que sustituyeran a los ayuntamientos de la dictadura, para luego llegar a las elecciones a Cortes.
Las primeras se celebraron el 12 de abril de 1931 en un clima de incertidumbre y de limpieza por parte del Gobierno, con una excesiva confianza de las facciones monárquicas.
Sin embargo, acabaron convirtiéndose en un plebiscito sobre la monarquía. Aunque salieron
elegidos más concejales monárquicos que republicanos, la suerte estaba echada para Alfonso XIII en el momento en que éstos triunfaron en una España progresivamente urbana. El día 13, tras conocerse los resultados electorales, miles de personas salieron a la calle para
manifestarse a favor de la república.

Bloque 4: CRISIS DE ESTADO LIBERAL. Tema 7: ALFONSO XIII Y LA CRISIS DE LA RESTAURACIÓN (II).

B) LA CRISIS DEL SISTEMA PARLAMENTARIO (1914-1923).

En el ámbito internacional, el reinado de Alfonso XIII coincide con la etapa de la carrera de armamentos que desembocó en el estallido de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), que tuvo repercusiones profundas en la economía y en la vida política de España. La profunda crisis que va de 1917 a 1923 está, a su vez, conectada con la depresión económica de posguerra y con las consecuencias del triunfo de la revolución comunista en Rusia en 1917.

1. El impacto de la Primera Guerra Mundial.
El estallido de la Primera Guerra Mundial, en agosto de 1914, fue seguido de una declaración de neutralidad del Gobierno español, que obtuvo un respaldo prácticamente
generalizado. Al aislacionismo que había caracterizado la política española desde hacía más de un siglo, se unía la conciencia de la propia debilidad diplomática, económica y militar.
La neutralidad, sin embargo, no impidió que la opinión pública se dividiera entre “aliadófilos” y “germanófilos”, ni que el tema se debatiera apasionadamente en las Cortes, la prensa y la calle. En general, la opinión progresista, los intelectuales y los sectores financieros e industriales apoyaban a los aliados, a quienes se identificaba con el liberalismo parlamentario, mientras los “germanófilos” eran mayoría entre los oficiales, el clero, la aristocracia y los terratenientes, que se identificaban con el orden, la disciplina y el
conservadurismo asociados a la imagen de Alemania.
Mucho más importantes fueron las consecuencias económicas. Tras unos meses de
recesión, provocada por la salida de capitales y el hundimiento de los negocios, a partir de 1915 se produjo un auténtico boom económico. España se convirtió en suministradora de los países en guerra.
Pero también afloraron las consecuencias sociales negativas. La repatriación de
emigrantes incrementó el paro y las exportaciones y la escasez dispararon los precios muy por encima de los salarios. Tampoco los beneficios se repartieron entre todos los grupos sociales. La falta de alimentos agravó la situación, agudizando la distancia entre ricos y pobres y provocando una tensión social explosiva.

2. La crisis de 1917.
La llamada crisis del verano de 1917 puso de golpe sobre la mesa todas las cuestiones
grandes y pequeñas que se habían manifestado a lo largo de unos años de esfuerzos por
conseguir la aproximación entre la España "oficial" y la "real". Fueron en realidad tres revoluciones las que coincidieron de forma consecutiva entre los meses de junio y agosto, aunque no conectaron entre sí. Todo comenzó con una "revolución" de los militares, siguió con otra de la burguesía y acabó con la del proletariado. Tras la crisis de 1917, como analizaremos a continuación, la monarquía quedó en pie, pero quebrantada; la opinión pública despertó y el proletariado agudizó su conciencia de clase, y su fracaso táctico en ese año se convertirá en el preludio de una unión de izquierdas que culminaría en 1931.

a) Las Juntas de Defensa.
La oficialidad se estaba organizando para reforzar su presencia en el Estado y mejorar sus ingresos. Por eso, en el origen de las llamadas Juntas de Defensa existió una mentalidad sindicalista de unidad para ejercer presión. Lo que influyó de forma directa en su organización, aparte de la cuestión de los sueldos, fue la reintroducción en 1910 de los ascensos por méritos de guerra, que habían sido suprimidos a raíz de la guerra de Cuba y Filipinas por los grandes abusos a que habían dado lugar.
Ahora, las posibilidades de ascenso estaban en Marruecos; una "preparada" marcha al
Rif por unos meses daba pie al Rey para favorecer a sus amigos y, por otra parte, beneficiaba sobre todo los oficiales jóvenes y solteros -sin problemas de familia, por tanto- que; además de cobrar allí sueldos más altos, a la vuelta se veían rápidamente ascendidos en el escalafón.
En enero de 1917 se habían formado Juntas de oficiales de Infantería y de Caballería
en la mayor parte de las guarniciones del país. Sus objetivos eran: oponerse al ascenso por méritos de guerra; solicitar una subida de los sueldos -máxime cuando eran evidentes las diferencias con los de Marruecos-, enfrentándose a los políticos parlamentarios, quienes aparecían como responsables de las medidas; exigir que los gobiernos y el pueblo tuvieran más respeto al Ejército, cuya misión era ser la columna vertebral del país.
A la vista de tantos frentes, la solución desde el poder fue intentar atraerse al Ejército como fórmula para sostener a la monarquía. Y el resultado fue la Ley del Ejército de junio de 1918, que trajo la subida de los sueldos y la regulación de los ascensos por una Junta de Clasificación que, evidentemente, frenaba los ascensos espectaculares. Lograda la pretensión, el Ejército volvió a convertirse en pilar de la Monarquía y del Gobierno frente al problema social; pero con una matización, ahora dominaba al Gobierno porque éste lo necesitaba.

b) La Asamblea de Parlamentarios.
El segundo acto de la crisis de 1917 fue la Asamblea de Parlamentarios.
Básicamente, resultó un intento por parte de la burguesía de hacer su revolución contra el sistema político. Acabó en un fracaso porque puso de manifiesto e! doble temor burgués a un proletariado que quiso utilizar y a que el movimiento se le fuera de las manos.
Desde febrero de 1917 las Cortes estaban cerradas, no por incompetencia, sino por miedo a que se planteara el debate de los graves problemas por los que atravesaba el país, y había tantas cuestiones que solucionar que Cambó, jefe de la Lliga y de la burguesía política catalana, decidió intervenir. La insurrección de las Juntas de Defensa daba suficientes motivos para abrir las Cortes; en caso de recibir respuesta negativa del gobierno de Dato, había que proceder a convocar una asamblea de parlamentarios para imponer un gobierno de concentración con las fuerzas más representativas, y así salvar al país. No cabía duda de que la oportunidad de Cambó para imponer su idea de un régimen federativo para el Estado era única.
El Gobierno no atendió a la petición de que se abrieran las Cortes, y el 5 de julio se reunieron en Barcelona 59 diputados y senadores catalanes para señalar que la situación no podía continuar así. Cambó proponía que, a la vista del desorden, era voluntad de Cataluña la obtención de un régimen de amplia autonomía, y que era de gran conveniencia para España transformar la organización del Estado, sustentándola en un régimen de autonomías más de acuerdo con la realidad de la vida española, de forma que la cohesión general trajera una mayor aportación de las energías que, en ese momento, estaban ocultas. Era, en definitiva, la rebelión de las clases y los grupos progresistas contra la oligarquía que ejercía el poder, buscando un gobierno de amplio consenso representativo de las fuerzas del país.
Pese a todas las dificultades, la Asamblea de Parlamentarios, en acción abierta contra el Gobierno, se celebró en Barcelona el 19 de julio. Para entonces los contactos con los partidos de izquierda habían fracasado, porque, mientras la Lliga Regionalista quería acabar con el sistema de turno de los partidos para iniciar una regeneración por cauces monárquicos, las izquierdas pretendían hacer una revolución contra el Estado oligárquico.
Y, de nuevo, el contraataque del Gobierno, que disolvió la Asamblea -que, como en el
caso de las Juntas Militares, había sido muy bien aceptada por la opinión pública- tachándola de separatista. En los meses siguientes la fuerza de la Asamblea se fue diluyendo. Sin duda, influyó mucho el miedo a la revolución social intentada con la huelga general de agosto.

c) La huelga general.
Desde el principio, esta huelga más que beneficiarse se resintió de los dos movimientos anteriores. Para cuando empezó, los militares ya estaban dispuestos a impedir toda subversión social o política, y los catalanes ya no pretendían llegar más allá de donde habían llegado. Los motivos profundos de la huelga fueron que España era uno de los pueblos más atrasados de Europa por culpa de todos, gobernantes y gobernados; y que la clase obrera había comprendido que los gobernantes no harían nada por salir de la atonía, luego había que sacudir al mundo político.
En mayo de 1916 el Congreso de la UGT propuso una huelga general, que sería fundamentalmente política, para lograr, con la unión de los partidos republicanos, la salida del Rey y la formación de un gobierno provisional. En ese mes, UGT y CNT iniciaron sus contactos para pedir al Gobierno asuntos concretos, entre los cuales el principal era el abaratamiento de las subsistencias. El momento de toma de conciencia de la fortaleza de la coalición de las izquierdas fue la huelga general de 24 horas en diciembre, que resultó un éxito.
Romanones prometió resolver el problema de las subsistencias y las demás peticiones
obreras, pero dejó de ser presidente del gobierno, y cuando Dato llegó al poder, en junio de 1917, no se consideró en la obligación de cumplir las promesas de su predecesor. Fue entonces cuando se formalizó la decisión de las izquierdas de llevar a cabo una huelga general que sería pacífica, extendida por todo el país y que se prolongaría lo que fuera necesario. El momento parecía propicio porque entonces los militares y la burguesía catalana estaban en contra del Gobierno; sin embargo, aparecieron divergencias entre los organizadores: el PSOE y la UGT preferían esperar hasta que se pudiera tener la seguridad de éxito y la CNT quería entrar en acción cuanto antes.
¿Cómo empezó la huelga? Todo se precipitó y a los organizadores se les fue de las
manos. El mismo día en que se reunió la Asamblea de Parlamentarios, el 19 de julio, se produjo en Valencia una huelga de ferroviarios y tranviarios que acabó en despidos por parte de la Compañía del Norte sin posibilidad de readmisión. A partir de ese momento empezaran las consecuencias en cadena. Desde entonces, y durante agosto, hubo huelgas en las principales poblaciones industriales; los huelguistas se enfrentaron al ejército y hubo muertos y heridos en Madrid, Barcelona y en las regiones industriales de Vizcaya y Asturias.
Pese a la durísima actitud del Ejército, la huelga tardó en ser dominada; en Barcelona, por ejemplo, duró diecisiete días. El factor esencial para el fracaso de la huelga fue el Ejército. Los organizadores de la huelga pensaron en un primer momento que llegaría a inhibirse, pero éste actuó al lado del Gobierno y lo hizo para demostrar a todo el país dónde estaba la verdadera fuerza de orden y para dar testimonio de fidelidad a la monarquía frente a los políticos. Tal actuación, desde luego, le valió la pérdida del prestigio popular y le determinó a intervenir en la vida política.

3. La agonía del sistema de la Restauración.
El sistema político de la Restauración había dado pruebas de su incapacidad para regenerarse desde dentro, pero lo peor era que tampoco permitía cualquier vía o solución que le salvara de aquella situación de agotamiento evidente.
El sistema se había introducido en un verdadero callejón sin salida.
Tras la crisis de 1917 ya nada será igual. El sistema político está herido de muerte.
Los partidos dinásticos (Conservador y Liberal) siguen padeciendo crisis internas y luchas por el liderazgo, esto genera, además, una inestabilidad política permanente. La alternancia se ha acabado, pero en su lugar se forman gobiernos de concentración (con participación de todos los partidos) que aportan todavía menos estabilidad. En este periodo se suceden doce gobiernos distintos. Por si fuera poco, el rey participa en la vida política más de lo que sería deseable.
Pero el panorama podía ser peor: las reivindicaciones autonomistas catalanas se hacen
cada vez más fuertes, estas, pasarán a un segundo plano por un rebrote inusitado de la violencia social del que hablaremos más adelante. El golpe de gracia lo da el desastre de Annual en la guerra de Marruecos, donde más de 12.000 soldados son masacrados por el líder rifeño Abd-el-Krim.

4. La guerra social.
Por si no hubiera bastante con la inestabilidad del sistema y con la desesperanza que
provocaba la imposibilidad de desbloquearlo, un acontecimiento vino a complicar las cosas todavía más: la guerra social barcelonesa
La guerra social es la expresión más utilizada por algunos historiadores para denominar a la fase crítica de la lucha establecida entre la patronal catalana y las diversas organizaciones obreras, que tuvo lugar principalmente en la ciudad de Barcelona, entre 1919 y 1923. La lucha violenta había venido precedida de una serie de movimientos huelguísticos, entre los que conviene señalar uno sobre todo: la huelga de La Canadiense, de febrero de 1919 en Barcelona, la primera gran huelga ganada por el movimiento obrero. El resultado de La Canadiense produjo varios efectos contrapuestos:
- La reacción de la patronal, que tomó las consecuentes contramedidas: el lock out
(cierre patronal de una fábrica) y la fundación de un sindicato amarillo para luchar contra los sindicatos de clase: los llamados Sindicatos Libres.
- La actividad terrorista por una y otra parte se tradujo en una situación de pistolerismo organizado a través de la contratación de matones a sueldo por parte de la patronal, que era respondido en igual medida por las organizaciones obreras, con muertes y destrucciones por una y otra parte.
Por otra parte el campo andaluz no estuvo exento de problemas. Los levantamientos
anarquistas eran constantes y sangrientos, algún historiador ha denominado a esta etapa como trienio bolchevique.
Las causas para explicar todo este estallido de violencia social está en la crisis económica que sacudió Europa tras la I Guerra Mundial. A esta crisis internacional en España concretamente se sumó el fin de las exportaciones a Europa y que los precios no volvían al nivel de antes de la Gran Guerra tras el inicio de la etapa exportadora. Ni que decir tiene que el crecimiento de los salarios iba muy por debajo del de los precios de los productos de primera necesidad.
Otra segunda causa era el deseo de imitar la revolución rusa. Esta revolución se dio en octubre de 1917 y supuso el triunfo de un movimiento obrero que por primera vez
conquistaba el poder político en un país siguiendo las ideas de Marx. Toda Europa se vio sacudida por movimientos de este tipo, acabaron todos en fracaso.

5. El desastre de Annual y sus consecuencias.
Tras el intermedio que supuso los años de la I Guerra Mundial en el proceso de ocupación militar de Marruecos, Francia acelera la carrera y hace saber a España que si no ocupa su zona la ocupara ella. De manera precipitada se hacen los preparativos para concluir la conquista. Enfrente están las cabilas rifeñas de Abd-el-Krim que conocen perfectamente el terreno y desarrollan actos de hostigamiento al ejército español. El comisario español en Marruecos (máxima autoridad militar del Protectorado) es el general Berenguer, éste se encargará de ocupar la zona occidental; la zona oriental estaría al mando del general Fernández Silvestre que iniciará la ocupación desde Melilla. Silvestre, sin embargo, en una pésima actuación diseñada en la comandancia de Melilla, inició una penetración rápida, sin tomar la precaución de no quedar aislado de la retaguardia, con lo que quedaría a merced de
las tropas irregulares de Abd-el-Krim, el caudillo rifeño.
Las tropas españolas, aisladas en la ratonera de Annual en 1921, sufrieron un gran
descalabro, huyendo en desbandada mientras eran acribilladas por los irregulares de Abd-el- Krim. Trece mil hombres perdieron la vida en una acción tan desastrosa como poco honrosa.
Para determinar las responsabilidades del desastre de Annual se inició la instrucción
de una investigación: el Expediente Picasso. Pero en esto, se produjo el golpe de Estado del capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera.

Bloque 4: CRISIS DEL ESTADO LIBERAL.Tema 7.- ALFONSO XIII Y LA CRISIS DE LA RESTAURACIÓN.

A) PROYECTOS DEL REGENERACIONISMO POLÍTICO.

1. Características de la vida política: la permanente inestabilidad.
El periodo que va de 1902 a 1923 transcurre en una permanente crisis política que afecta a los fundamentos mismos del sistema de la Restauración. Las causas de esa inestabilidad y de la incapacidad de los sucesivos gobiernos para superarla fueron muy diversas. Hay que mencionar, en primer lugar, la personalidad del rey. Alfonso XIII jugó desde el principio un papel activo: se implicó en los cambios de gobierno, participó en la acción política, y se rodeó del sector más conservador del generalato, por cuyas opiniones se dejó influir de forma continua. Su actitud de apoyo a la Dictadura sería decisiva para el descrédito final en que cayó la Monarquía.
Una segunda causa fue la división de los partidos del «turno», provocada por la
desaparición de los dirigentes históricos y las luchas entre los nuevos políticos emergentes por el control de sus grupos. Además, ni liberales ni conservadores tuvieron líderes claros, capaces de poner al día sus partidos.
El progresivo debilitamiento del caciquismo restó eficacia al falseamiento electoral.
Las denuncias de los regeneracionistas obligaron a limitar las manipulaciones en las zonas agrarias. Además, el mayor peso del voto de las ciudades, donde apenas era posible el fraude, fue poco a poco restando influencia a la corrupción política.
Como resultado, las mayorías en las Cortes fueron precarias. Al fraccionamiento
parlamentario contribuyó la aparición y el crecimiento de otros partidos políticos. Socialistas, radicales, republicanos y nacionalistas incrementaron cada vez más su fuerza electoral. Desde 1917, ningún partido era capaz de formar gobierno por sí solo, lo que llevó a recurrir a los gobiernos de concentración donde participan varios partidos.

2. Los grandes problemas del país.
A lo largo del reinado hubo una serie de grandes problemas que marcaron la vida política. El primero de ellos fue el aumento de las luchas sociales. En su origen están la mayor conciencia de clase de obreros y campesinos y el aumento de su capacidad de movilización. Ante las demandas obreras, la acción de los gobiernos fue escasa, y las posiciones cada vez más enfrentadas entre patronos y trabajadores hicieron más agudos los conflictos.
El segundo gran problema fue la reaparición de la cuestión religiosa, al agudizarse
las denuncias de sectores progresistas sobre el dominio que la Iglesia ejercía sobre la enseñanza y por el aumento significativo del número de religiosos. Socialistas, republicanos y un sector significativo del Partido Liberal reclamaron que se recortara su poder, que se limitara el número de congregaciones y que se regulara el matrimonio civil. El anticlericalismo se fue extendiendo en buena parte de la opinión pública urbana, y sobre todo entre las clases populares.
En tercer lugar resurgió el llamado problema militar. La guerra de 1898 había
demostrado la degradación de las Fuerzas Armadas, en las que sobraban oficiales y jefes y faltaban recursos materiales. A un estamento militar herido, que atribuía toda la responsabilidad de la derrota a los políticos y que reivindicaba la vuelta al papel protagonista que el Ejército había desempeñado en el siglo XIX, se enfrentaban sectores antimilitaristas y una prensa liberal hostil que acusaba a los militares de la derrota.
La cristalización de los movimientos nacionalistas vasco y catalán fue percibida
desde los partidos de turno como otro gran problema. El Desastre produjo en el País Vasco un incremento del nacionalismo. Pero fue sobre todo en Cataluña donde la pérdida de las colonias y su efecto económico ayudaron a fortalecer el sentimiento nacional. Para los políticos conservadores de Madrid y para los militares, sin embargo, nacionalismo equivalía a separatismo y a riesgo de disgregación de la Patria.
Por último, hay que mencionar el problema de Marruecos. Desde finales del siglo
XIX el interés por el reino norteafricano había ido aumentando. Tras el Desastre, la
posibilidad de reconstruir allí el imperio suscitó las esperanzas de los colonialistas españoles. Y España se embarcó en una aventura que le consumiría ingentes cantidades de tropas y recursos, y que, además de la pérdida de vidas y recursos materiales, contribuiría a envenenar el clima político y a agudizar la separación entre el Ejército y la sociedad civil.

3. Evolución política entre 1902 y 1914.
Hasta 1912 la tendencia principal de los gobiernos españoles estuvo marcada por los intentos de aplicar las reformas regeneracionistas, es decir, de reformar y modernizar España atacando todos sus males. Casi todos estos intentos fracasaron por las disputas internas entre los partidos y la corta duración de los gobiernos. Fue, por otro lado, un periodo muy inestable, en el que hubo continuos cambios de gabinete, con una media de cinco meses de duración.
a) Inestabilidad política desde 1902 a 1907.
El desastre de 1898 no tuvo importantes repercusiones políticas. Conservadores y liberales siguieron turnándose en el gobierno a pesar de la desaparición durante estos años de los autores del llamado “turno”: Cánovas murió en 1897 y Sagasta en 1903. Alfonso XIII accedió al trono en 1902 y entre este año y 1907 se produjo la primera quiebra del sistema de la Restauración.
Entre 1902 y 1905 gobernaron los conservadores, y entre 1905 y 1907 los liberales;
no obstante, en estos años hubo cinco gobiernos conservadores y cinco liberales. Este hecho traduce las divisiones internas de ambos partidos, motivadas básicamente por la lucha por el liderazgo: Fernández Villaverde y Maura entre los conservadores y Montero Ríos y Moret, y después Canalejas, entre los liberales. Debido a esta inestabilidad se vieron frustradas todas las tentativas de regeneración de la vida política.
b) El problema de los nacionalismos y su choque con el poder militar.
A raíz del desastre del 98 y ante la pérdida de mercados, el nacionalismo catalán cobró una mayor fuerza, incorporando a su movimiento a nuevos grupos sociales. En 1901, se había fundado la Lliga Regionalista, partido nacionalista liderado por Prat de la Riba y Francesc Cambó. Apoyada por las clases medias y altas de Cataluña, su crecimiento fue rápido y en 1905 ganó las elecciones municipales de forma aplastante. Este incremento era mal visto por el estamento militar que consideraba al catalanismo como meramente separatista.
El año 1905 se producirá el choque entre los militares y los nacionalistas catalanes.
En ese año el semanario satírico catalán Cu-cut! publicó un chiste antimilitarista. Unos trescientos oficiales de la guarnición de Barcelona decidieron vengar lo que consideraban un ataque directo y asaltaron las sedes de Cu-cut! y de la Veu de Catalunya, diario cercano a la Lliga Regionalista. Los autores de estos ataques, en lugar de ser castigados por indisciplina, recibieron el apoyo de las guarniciones del resto de España. La protesta fue más allá: el estamento militar exigió al Gobierno una ley de jurisdicciones, según la cual los delitos contra el Ejército y la patria quedarían bajo control de los tribunales militares. El gobierno liberal, presidido por Segismundo Moret, accedió a ello en 1906 en medio de disturbios y protestas en la calle. Esta nueva ley identificaba los delitos contra el Ejército, incluidas las injurias, como delitos contra la Patria, y los ponía bajo la jurisdicción militar. La “ley de jurisdicciones” desprestigió a los liberales. Su derogación se convirtió en la reivindicación clave de los partidos nacionalistas y republicanos y del movimiento obrero. Ayudó, además, a unir a las principales fuerzas nacionalistas catalanas, desde carlistas a republicanos, en Solidaritat Catalana, una plataforma que en 1907 obtuvo una contundente victoria electoral que hizo desaparecer casi por completo a los partidos liberal y Conservador en Cataluña. Con esta ley sufrió un retroceso importante una de las características de la Restauración de Cánovas: la primacía del poder civil sobre el militar.
c) Los inicios de la aventura marroquí.
España quería ganar prestigio a nivel internacional tras el desastre del 98. La
tradicional intervención española en el norte de África fue reconocida por Francia, en un momento en el que las potencias europeas se habían repartido ya el continente europeo y sólo quedaban algunos territorios por repartir. Junto al apoyo del ejército a favor de la intervención en el norte de Marruecos hemos de contar los intereses de la burguesía ante las perspectivas de negocio por la construcción de ferrocarriles y la explotación de las minas de hierro del Rif.
Después de un primer acuerdo franco-español en 1904, que otorgaba a España la
administración del Rif, el norte de Marruecos, en 1906 la Conferencia de Algeciras
concedió a ambos países el protectorado conjunto sobre el sultanato. Posteriores acuerdos reducirían aún más el exiguo territorio reconocido a España. En este periodo no se llevó a cabo ninguna operación miliar, España no hizo efectivos sus derechos.
d) El regeneracionismo de Maura (1907-1909).
Durante estos años se produjo el último intento por parte de los partidos dinásticos de renovarse y de afrontar los problemas reales de la sociedad española. Dos políticos de indudable talla, el conservador Antonio Maura (1907-1909) y el liberal José Canalejas (1910-1912) fueron los protagonistas de este impulso renovador, cuyo fracaso arrastró al propiosistema de la Restauración.
En enero de 1907 el rey nombró jefe de Gobierno a Antonio Maura, líder del Partido
Conservador. Sus intentos regeneracionistas quedarían expresados en la frase Hagamos la revolución desde arriba o nos la harán desde abajo, con ello dejaba claro que era necesaria una reforma en profundidad de la vida pública y la mejora de las condiciones de vida de las clases populares para evitar cualquier levantamiento popular que hiciera peligrar el sistema.
Maura emprendió un ambicioso programa de gobierno que incluyó una serie de medidas de
inversión pública, a través de la Ley de Protección de la Industria Nacional, el plan de reconstrucción naval -en la línea del rearme que las potencias europeas emprendían en plena carrera de armamentos-, y actuaciones dirigidas a mejorar la situación de la agricultura.
Para atender las demandas sociales, en 1908 se estableció el Instituto Nacional de
Previsión, antecedente de la Seguridad Social. También se reguló el descanso dominical y la jornada laboral de mujeres y niños.
En el terreno político, Maura apostaba por una reforma que atrajera a la “masa
neutra” del país hacia la política, rompiendo la indiferencia que denunciaron los
regeneracionistas y acabando con el caciquismo. Modificó la ley electoral para establecer el voto obligatorio y la proclamación automática de candidatos sin oposición.
Pero la más ambiciosa reforma de Maura era la nueva Ley de Administración Local,
por la que se creaban las mancomunidades, asociaciones de las Diputaciones de cada
región, un primer paso para un autogobierno regional. La ley contó con el respaldo de la Lliga, pero la resistencia de los representantes de la oligarquía impidió su aprobación. En el fondo, ni conservadores ni liberales estaban dispuestos a renunciar a los privilegios que les otorgaba el sistema caciquil y centralista.
e) La Semana Trágica de Barcelona (1909) y la confluencia de todos los
problemas.
En los primeros años del siglo Cataluña vivió un importante auge de las
movilizaciones obreras, protagonizado por los activos grupos anarquistas. En 1907 se creó Solidaridad Obrera -integrada por anarquistas, republicanos y socialistas- como alternativa a Solidaritat Catalana la fuerza política nacionalista y burguesa.
En esos años surgió un nuevo grupo político, el Partido Republicano Radical, dirigido
por Alejandro Lerroux que captó a una buena parte de las clases medias y de los trabajadores sobre todo entre los inmigrantes que llegaban a Barcelona y su cinturón industrial. Este partido restó fuerza al movimiento obrero, con un programa demagógico, anticlerical y españolista.
Otros factores de tensión en Barcelona fueron el anticlericalismo, patente en el
aumento de los ataques a la Iglesia por parte de la prensa y de la opinión pública, y el antimilitarismo, que se había incrementado enormemente desde la aprobación de la “ley de jurisdicciones”. A esa situación explosiva se unió, por último, la posición autoritaria de Maura.
Pero fueron la situación de Marruecos y los errores del Gobierno los que provocaron
la crisis. En julio de 1909, los miembros de algunas cabilas próximas a Melilla atacaron a los trabajadores españoles de una de las compañías mineras. El Gobierno Maura decidió enviar al ejército y aprovechar la ocasión para ensayar el plan de movilización de reservistas.
Ordenó la incorporación de éstos en Madrid y Barcelona. En ambas ciudades se produjeron fuertes protestas y manifestaciones protagonizadas por mujeres y madres de los alistados.
Días después se produjo el primer choque contra los marroquíes cerca de Melilla. Las
primeras noticias del desastre del Barranco del Lobo, que causó más de 1.200 bajas,
coincidieron con el inicio de una huelga general en Barcelona, el día 26, convocada por Solidaridad Obrera y respaldada por UGT. El paro fue total, y se declaró el estado de guerra, mientras la huelga se extendía a las ciudades industriales vecinas. Durante tres días se sucedieron asaltos y quemas de conventos, luchas callejeras, incendios y enfrentamientos entre huelguistas y miembros de la policía y el Ejército. Barcelona quedó aislada del exterior.
El balance fue de más de un centenar de muertos, numerosos heridos y edificios
destruidos. Luego llegaron las detenciones en masa y los juicios. El más grave fue el
procesamiento irregular, condena y ejecución del pedagogo y anarquista Francisco Ferrer y Guardia, fundador de la Escuela Moderna. Hoy parece demostrado que no participó en los hechos. Su ejecución se produjo en medio de una oleada de protestas internacionales.
Las consecuencias de la Semana Trágica fueron importantes. Provocó la caída de
Maura, muy desprestigiado. Propició la Conjunción republicano-socialista, una alianza
electoral que en 1910 consiguió un gran éxito y otorgó el primer escaño en las Cortes a Pablo Iglesias. Y, en general, contribuyó a reforzar las organizaciones sociales y a extender la crítica al sistema político de la Restauración entre la opinión pública.
f) El Gobierno Canalejas, último intento regeneracionista (1910-1912).
Entre 1910 y 1912 dirigió el Gobierno José Canalejas, líder del Partido liberal.
Durante su mandato se suprimieron los consumos; se estableció el servicio militar obligatorio en tiempo de guerra y se restringieron las exenciones de quintas; y se reguló el trabajo nocturno femenino. Las Cortes aprobaron también la “ley del candado”, por la que se prohibía durante dos años la instalación de nuevas comunidades religiosas. Se pretendía negociar en ese plazo un acuerdo con el Vaticano, pero nunca llegaría a ultimarse.
En 1912 Canalejas obtuvo su mayor éxito, cuando el Congreso aprobó la Ley de
Mancomunidades, que permitía un inicio de autogobierno y satisfacía las peticiones
catalanistas. Pero el jefe de Gobierno no llegó a ver aprobada la ley en el Senado: el 12 de noviembre caía asesinado en Madrid por los disparos de un radical anarquista. Con su muerte, se iniciará una etapa de crisis permanente en los dos partidos dinásticos.

BLOQUE 3. CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN Y CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL (1868-1902). TRANSFORMACIONES Y CAMBIOS SOCIALES EN EL XIX Y EL 1ER 1/3 DEL XX

TEMA 6. EL RÉGIMEN DE LA RESTAURACIÓN.

Tras el pronunciamiento militar de Martínez Campos en Sagunto, en diciembre de 1874, se instauró un nuevo sistema político, al que se conoce con el nombre de Restauración, que se prolongará hasta 1931. Este periodo pasa por dos fases separadas por la crisis de 1898, la primera de las cuales estudiaremos en este tema. La Restauración supuso algo más que el restablecimiento de la monarquía borbónica en la persona de Alfonso XII. Significó, sobre todo, un nuevo régimen liberal conservador, no democrático, que permitiera a los grupos dominantes mantener su posición sin los peligros que introducía para ellos la democracia.
El régimen de la Restauración pretendía resolver los problemas políticos y sociales de la etapa isabelina y el Sexenio Democrático:
- Por una parte, se trataba de crear un sistema político compartido por todos los sectores burgueses, de forma que ningún grupo se viera obligado al pronunciamiento militar o a la sublevación popular para acceder al poder.
- Por otra, se trataba de asegurar la exclusión de las clases bajas de la vida política, cuya presencia a partir del 68 había resquebrajado el orden social burgués.

La Restauración fue, por tanto, un giro político conservador que se explica por el temor de las clases propietarias a que se repitiera la experiencia democrática del Sexenio. Para impedirlo se diseñó un sistema abierto a la participación de todos los sectores de las clases dirigentes y cerrado a los grupos subordinados y movimientos populares.
El gran artífice del nuevo sistema fue Antonio Cánovas del Castillo, hombre ligado al sector menos reaccionario del moderantismo, que había participado en el pronunciamiento de 1854 y redactado el Manifiesto de Manzanares. Su actitud política era equidistante entre los revolucionarios y los reaccionarios; su modelo político era la Inglaterra victoriana, donde los partidos conservador y liberal colaboraban en la consolidación del sistema liberal. Su madurez política llegó con la revolución del 68, de la que se desmarcó a medida que se radicalizaba. Criticó la doctrina de derechos del hombre, se opuso al sufragio universal y apoyó la decisión de prohibir la A.I.T. Cánovas consiguió aglutinar en torno a Alfonso XII un amplio frente conservador, partidario del restablecimiento de la monarquía a través de una transacción entre todos los grupos desengañados de los resultados políticos y sociales del Sexenio democrático.

6.1. El Sistema Canovista: La Constitución de 1876 y el turno de partidos.
Aunque la Restauración supuso cierto retorno al conservadurismo anterior al Sexenio, es evidente que también consolidó el ciclo de la implantación definitiva de un estado liberal. Durante este periodo fue posible la pacificación del país, se llegó a un pacto con la iglesia y se mantuvo al ejército alejado del juego político. No obstante, los indudables aciertos mencionados se vieron menoscabados por el falseamiento sistemático de los procesos electorales.
El programa político de la causa alfonsina se plasmó en el Manifiesto de Sandhurst, de diciembre de 1874, redactado por Cánovas. El futuro Alfonso XII se presentaba ante el pueblo español con el compromiso de ser el rey de todos los españoles, con evidente intención de corregir la actitud de su madre, Isabel II, vinculada a los intereses moderados. El príncipe apelaba a dos grandes principios, el catolicismo y el liberalismo.
El Manifiesto respondía a las aspiraciones de todos aquellos sectores deseosos de poner fin al deterioro político del Sexenio y de crear un orden liberal estable. No es pues extraño el recibimiento apoteósico con que fue acogido el joven rey en Barcelona y Madrid en enero de 1875, como “procurador de la convivencia entre todos”. Además, establecía el fundamento de la política de la Restauración, dando cabida a todos los liberales que aceptaran la monarquía alfonsina: moderados, progresistas, unionistas e incluso demócratas. Quedaban excluidos los carlistas y los republicanos.

6.1.1. La Constitución de 1876.
Desde el punto de vista teórico el ideario de la Restauración habría de quedar plasmado en un texto constitucional. Siguiendo las disposiciones vigentes de 1872 se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes por sufragio universal, aunque muy condicionado por el poder. Las elecciones, con una gran abstención, dieron un triunfo abrumador a la mayoría conservadora gubernamental.
La discusión del proyecto constitucional se formuló de manera suficientemente flexible para que diera cabida a los distintos programas liberales. Antes de que comenzaran los debates, Cánovas consideró fundamental establecer unas premisas para poder situar a la monarquía por encima de los partidos políticos y para que quedara fuera de posibles futuros debates sobre su validez y poderes; apeló para ello a la existencia previa de una constitución interna que debía ser el fundamento de cualquier constitución escrita o, lo que era lo mismo, la existencia de unas instituciones fundamentales –Monarquía y Cortes- que eran anteriores y superiores a todo texto escrito.
Aceptados estos supuestos por el Congreso (la potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey), los artículos de la misma fueron aprobados en poco tiempo y con breves debates, si se exceptúan los tocantes a la cuestión religiosa. El Congreso se dividió entre los defensores de la unidad católica y los de la tolerancia de cultos, en la línea de la Constitución del 69; al final se llegó a una fórmula intermedia, intentando contentar a unos y a otros.
La Constitución del 76, de sólo ochenta y nueve artículos, establece una imperfecta división de poderes, al otorgar al monarca la facultad de nombrar al jefe de gobierno; reconoce vagamente las libertades políticas básicas; presenta un parlamento bicameral compuesto por Congreso y Senado con iguales facultades, este último formado en gran parte por “senadores por derecho propio y vitalicios”; finalmente se atiende a la confesionalidad del estado, aunque se acepta el ejercicio privado de otras religiones.
La nueva Constitución era un documento relativamente flexible, a medio camino entre la moderada de 1845 y la democrática de 1869:
- De la primera tomaba los principios de la soberanía compartida (Cortes y Rey) y de la constitución histórica (la monarquía es el fundamento del Estado, por tanto la nación no es depositaria exclusiva del poder).
- De la segunda, recogía la declaración de derechos del ciudadano, aunque en la práctica se recortaba su extensión o se remitía su aplicación a leyes posteriores de rango inferior. Esto último sucedió, por ejemplo en la cuestión del sufragio, que a partir de 1878 volvió a ser censitario, otorgando el derecho al voto a los propietarios o a las personas con un alto nivel de instrucción. En términos reales, el nuevo sistema electoral reducía el cuerpo electoral a poco más del 5%. Durante el gobierno de Sagasta se volvió nuevamente al sufragio universal masculino.

6.1.2. El turno de partidos.
Con la Constitución del 76 comenzó su andadura el llamado sistema canovista. Para dotarlo de estabilidad, Cánovas lo sustentó en dos principios: la mencionada soberanía compartida y una práctica política que debía efectuarse sobre la alternancia pacífica de unos partidos oficiales que aceptaran la legalidad constitucional, siguiendo el modelo inglés. Esta alternancia o turno de partidos trataba se significar dos cosas diferentes:
- El fin del exclusivismo político. A partir de ahora ningún partido monopolizaría en exclusiva el poder.
- La eliminación del recurso al pronunciamiento militar o a la insurrección para recuperar el poder.
-
Estos partidos no nacieron espontáneamente. Durante los primeros años se vivió un complicado juego de alianzas y exclusiones que llevó a la creación de los grupos que se turnaron en el poder: el Partido Liberal-Conservador y el Partido Liberal.-Fusionista, fundado en 1880.
El dirigente del partido liberal-conservador fue, hasta su asesinato en agosto de 1897, el propio Antonio Cánovas del Castillo. Los conservadores se formaron a partir de la integración de los antiguos moderados, los unionistas y algunos sectores católicos.
La figura central del partido liberal-fusionista fue hasta 1903 el antiguo progresista Práxedes Mateo Sagasta. El progresismo de Sagasta era esencialmente de orden, es decir, contrario a todo lo que pusiera en peligro al régimen burgués. El partido estaba formado por antiguos progresistas, algún unionista y políticos descontentos con Cánovas, como Martínez Campos; más tarde se adhirieron algunos republicanos. La asunción de la constitución del 76 suponía para los progresistas la renuncia al principio de soberanía nacional, que les había caracterizado hasta entonces. Pero no renunciaron a la incorporación paulatina de alguno de los logros del Sexenio, como el sufragio universal.
Los dos partidos “dinásticos” no estaban estructurados a la manera de los actuales partidos políticos. Eran, fundamentalmente, partidos de notables con poca cohesión ideológica y escasa coordinación entre sus miembros, sin una estructura organizativa y sin afiliados. Eran, sobre todo, grupos políticos más o menos unidos en torno a líderes de gran influencia nacional o provincial.
Conservadores y fusionistas establecieron un sistema de rotación en el poder (el turno), que logró mantenerse durante más treinta años. El sistema se basaba en el siguiente mecanismo: cuando el partido en el poder se veía sometido a presiones, el rey llamaba a gobernar al otro partido. Para darle visos de legalidad, el monarca otorgaba al nuevo presidente de Gobierno el decreto de disolución de las Cortes y se celebraban nuevas elecciones, que estaban manipuladas para que el resultado satisficiera al nuevo gobierno y respetara a la oposición.
El funcionamiento del turno descansaba por tanto en dos condiciones pactadas: la implicación de la Corona como árbitro entre los partidos y el falseamiento electoral, mediante dos procedimientos:
1. El encasillado, por el que las fuerzas políticas negociaban y se repartían los distritos electorales. Y
2. El pucherazo o fraude electoral: compra de votos, intimidaciones, falseamiento de listas electorales, etc.
La corrupción electoral no era un fenómeno exclusivo de la Restauración ni de España, si lo era que las élites políticas pactaran para llevarla a la práctica.

Cánovas presidió los primeros gobiernos de la Restauración. La nota predominante de los mismos fue el reforzamiento del centralismo administrativo y de la coerción política. En este sentido se produce la abolición de los fueros de las provincias vascas en 1876 y la reorganización de las Diputaciones y los Ayuntamientos, algunos de cuyos miembros y cuyos presupuestos debían ser aprobados por el rey. El orden exigía también el control de la opinión pública, primero mediante la censura a impresos y periódicos y, más tarde, mediante la Ley de imprenta de 1879, que extendió la consideración de delito a todo ataque contra el sistema político de la Restauración.
En 1881 accedió por vez primera al poder Sagasta. Era la primera ocasión en que los progresistas fueron llamados a gobernar sin tener que usar la fuerza. Este primer gobierno fusionista fue breve (hasta 1883), pero permitió poner en práctica algunas reformas, como la ampliación de la libertad de expresión y la creación de una Comisión de Reformas Sociales, encargadas de estudiar los problemas de los obreros.
Curiosamente, la alternancia pacífica alcanzó su plenitud tras la muerte de Alfonso XII. La situación de riesgo que esto suponía para el nuevo régimen fue solventada mediante el Pacto de El Pardo de 1885, que garantizaba la alternancia de partidos en los términos descritos con anterioridad. El pacto permitió así estabilizar la situación política hasta que Alfonso XIII alcanzara la mayoría de edad (lo que sucedería en 1902). Hasta entonces se establecía la Regencia de la reina viuda, María Cristina de Habsburgo-Lorena.

6.2. La evolución política durante el reinado de Alfonso XII y la regencia de Mª Cristina.
El acceso al trono de Alfonso XII y la puesta en funcionamiento de la Constitución del 76 inició políticamente el periodo de La Restauración bajo el mandato del gobierno conservador, presidido por Cánovas. El objetivo prioritario de este primer gobierno del turno fue reforzar el control del Estado lo que hacía necesario la pacificación del país y la puesta en marcha de medidas políticas y administrativas de tipo reformista.
El final del conflicto carlista tuvo lugar en marzo de 1876 con la firma del manifiesto de Somorrostro y la huida del pretendiente, Carlos VII, a Francia. Los carlistas ya no volvieron a levantarse en armas, aunque su pensamiento se mantuvo vivo a través del nacionalismo. A partir de su derrota militar, comenzaron a participar en la vida política situándose en la extrema derecha del arco parlamentario.
Cánovas aprovechó el fin de la guerra para abordar la reforma del régimen foral. Los fueros vasco navarros fueron abolidos o modificados, no tanto como castigo por el apoyo a la causa carlista sino porque la consolidación del Estado liberal implicaba la necesidad de unificar legalmente el país. Esta actuación era además acorde con la centralización de una administración más moderna y eficaz. Lo más significativo de esta modificación fue la adopción de una formula conciliadora: la obligación por parte de las provincias vascas y Navarra de contribuir con contingentes al servicio militar obligatorio y el establecimiento de un Concierto Económico que todavía perdura. Según esta fórmula, los impuestos no los cobraba la hacienda del Estado sino las diputaciones forales, quienes aportaban después a las arcas del estado el cupo acordado como contribución a los presupuestos generales.
La solución del conflicto carlista permitió enviar más soldados a Cuba, donde finalmente el general Martínez Campos conseguiría pacificar la isla a través de la Paz de Zanjón, firmada el 12 de febrero 1878, en virtud de la cual se concedía a los cubanos los mismos derechos que a los españoles.
Paralelamente, el primer gobierno Cánovas inició una serie de reformas administrativas cuyo propósito, como queda dicho era afianzar el control del Estado tras la inestabilidad del periodo republicano y consolidar el nuevo régimen. Dichas reformas se concretaron en el control de los ayuntamientos, la limitación de la libertad de cátedra, la Ley Electoral y la Ley de Imprenta:
- El control de los ayuntamientos se realizó a través de la ley de diciembre de 1876, que atribuía a los gobernadores civiles la potestad de aprobar los presupuestos municipales y a la Corona el nombramiento de los alcaldes de las ciudades de más de 30.000 habitantes.
- La reforma Orovio exigía al profesorado fidelidad al gobierno y evitaba la posibilidad de expresar libremente la opinión del profesorado universitario y de educación secundaria.
- La Ley Electoral del 78 establecía el sufragio censitario, al señalar como electores a los mayores de 25 años, contribuyentes con 25 pesetas por subsidio territorial o 50 por subsidio industrial. Se así reducía el cuerpo electoral a 850.000 personas.
- La Ley de Imprenta de enero de 1879 consideraba delito cualquier crítica a la Monarquía y al régimen político de la Restauración.

El febrero de 1881, una cierta sensación de cansancio en el gobierno de los conservadores y la impaciencia del líder de los fusionistas, Mateo Sagasta provocarán el primer turno pacífico. Quien accede al poder, y así será en lo sucesivo, lo hace por mandato real y no por un proceso electoral, que se realiza a posteriori y que arroja siempre los resultados apetecidos a través de una fórmula de falseamiento electoral.
La necesidad consolidar el partido fusionista, constituido apenas un año antes, condicionaron la política del mismo que estuvo centrada en acabar con las tensiones provocadas por la política restrictiva de Cánovas. Sagasta derogó las limitaciones a la libertad de expresión y cátedra, al tiempo que permitió que las asociaciones obreras y republicanas se reunieran con libertad. Sus vacilaciones produjeron tres hechos de considerable importancia durante este primer gobierno: los sucesos de Andalucía, la huelga de tipógrafos y el pronunciamiento republicano.
- En Andalucía, los sucesos en torno a la Mano Negra fueron un asunto turbio, inventado o magnificado por la policía sobre a una sociedad secreta anarquista que pretendía acabar con los terratenientes de la zona. Lo cierto es que ello sirvió de pretexto para la condena indiscriminada de los dirigentes anarquistas andaluces.
- La huelga de tipógrafos de Madrid tuvo como causa la incapacidad del Gobierno para atenuar los efectos de la recesión económica de 1882. En esta huelga aparece por primera vez en escena el Partido Socialista Obrero Español, fundado por Pablo iglesias en 1879.
- El intento de pronunciamiento republicano de 1883 fue reprimido con dureza, llegándose al procesamiento de los golpistas, para quienes se pidió incluso la pena de muerte. El rey, aprovechando los mecanismos que le proporcionaba la Constitución, decidió cesarle, hecho lo cual encargó de nuevo a Cánovas la tarea de formar gobierno en enero de 1884.
En noviembre de 1885 se produjo el fallecimiento de Alfonso XII cuando contaba sólo veintiocho años. Mª Cristina de Habsburgo, su segunda esposa, embarazada del futuro Alfonso XIII, asumió entonces la regencia. Cánovas, a la sazón jefe del gobierno, acordó con Sagasta cederle el poder durante los primeros años con el fin de garantizar la estabilidad del sistema en virtud de un acurdo tácito conocido tradicionalmente como Pacto de El Pardo.
Se inicia entonces un periodo conocido como el Parlamento largo (1885-1890), gobernado por el partido fusionista –llamado ahora liberal- y cuyo objetivo fue poner en práctica medidas liberalizadoras. Se aprobó la libertad de prensa e imprenta, la de cátedra y la de asociación (Ley de Asociaciones de 1887), que permitió la aparición de organizaciones sindicales como la UGT.
En esta etapa se desarrollaron también la Ley del Jurado (1888), que permitía a la sociedad participar en la administración de justicia, así como el Código Civil de 1889, que consagraba un orden social basado en la primacía de la propiedad como derecho individual, y la legislación que implantaba el sufragio universal masculino para los mayores de 25 años en 1890. Estas reformas constituían la práctica totalidad del programa liberal; el mérito de los conservadores al regresar al poder fue respetar los cambios que habían realizado sus adversarios.
A pesar de todo, no se debe exagerar la importancia de la apertura del régimen. Sí es cierto que hubo mayor libertad de opinión, de reunión y de asociación, pero la conquista más importante, el sufragio universal, quedó desvirtuada por la manipulación electoral. Las primeras elecciones por sufragio universal dieron como resultado la victoria de Cánovas en julio de 1990, sin que variara lo más mínimo el fraude. En su corta etapa de gobierno se adoptaron medidas económicas encaminadas a modificar el sistema monetario y, sobre todo, la adopción de una política proteccionista mediante la Ley del arancel de 1891.
En diciembre de 1892, Sagasta formó gobierno y volvió a ganar las elecciones, aunque con la sorpresa de la presencia en Cortes de un significativo grupo republicano que, incluso, ganó en Madrid. Lo más destacado del mandato liberal fue el proyecto de reforma para el gobierno y la administración de Cuba, que acabó chocando con los intereses indianos. Precisamente en ese momento se estaba gestando una nueva insurrección en la isla que estalló en febrero de 1895. Un mes después Cánovas fue llamado a formar gobierno. Toda la trayectoria de este gobierno conservador estuvo marcada por la guerra de Cuba y por los intentos fallidos de dominar la revuelta. El 8 de agosto de 1897, Cánovas era asesinado por el anarquista Michele Angiolillo mientras descansaba en un balneario de Mondragón. El magnicidio provocó una nueva crisis de gobierno, pero tampoco los liberales consiguieron poner fin al conflicto cubano que concluyó en 1898 con la pérdida de las últimas colonias españolas y una crisis moral y política que afectó de lleno al régimen de la Restauración.
A Cánovas le sustituyó Francisco Silvela en la jefatura del partido. Sagasta murió en 1903, momento en el que el partido empezó a dividirse en varias tendencias. El régimen sufrió un duro varapalo con la desaparición de ambos políticos iniciando otra etapa marcada por un nueva actitud: el regeneracionismo, y la mayoría de edad de Alfonso XIII desde 1902.

6.3. Oposición política al régimen de la Restauración.
El diseño de un régimen tan cerrado como el de la Restauración generó lógicamente un bloque de oposición política sustentado desde ideologías contrapuestas. Dichas alternativas fueron básicamente dos: la que defendía el retorno al absolutismo tradicionalista y era promovida por los carlistas ultraderechistas y la que proponía un radicalismo democrático y era animada por los republicanos. Además de estas dos fuerzas surgieron nuevos movimientos políticos nacionalistas en las regiones periféricas, principalmente Cataluña y el País Vasco, y otros de carácter obrero, centrados en las reivindicaciones sociales y laborales, que actuaron en oposición al régimen canovista. Desde finales de los ochenta, aprovecharon la amplia libertad de prensa para exponer desde las páginas de sus publicaciones todo tipo de ideas sin apenas restricciones.

6.3.1. Los carlistas.
Tras la derrota de 1876, el carlismo entró en un periodo de declive por diversas causas:
- La irreversible disminución de su apoyo social (menos del 3% de la población).
- La emigración a Francia de oficiales y jóvenes combatientes (alrededor de 15.000, de los que unos 3.000 se acogieron a medidas de reinserción tras jurar fidelidad a Alfonso XII).
- La pérdida de apoyo por parte del clero.
- La integración progresiva en el partido canovista de los más destacados ultracatólicos.
Este periodo culminó en 1888 con la escisión de los llamados “integristas”, partidarios de una línea de intransigencia católica, de enfrentamiento contra los católicos liberales y de renuncia a la participación electoral. Con posterioridad el carlismo inició un proceso de modernización organizativa, comenzó a participar en las elecciones y se orientó hacia la política de masas. Para ello se recompuso el partido y se potenció la creación de los círculos tradicionalistas, espacios de política y ocio para las bases. La renovación pretendía también frenar el ascenso del republicanismo y del socialismo entre las clases populares.
A pesar del retroceso y del abandono de las actividades bélicas, el carlismo siguió manteniendo una actitud agresiva, manifestada a través de sus publicaciones: “El Cañón”, “El Combate”, “El Centinela”… que derivó a principios del siglo XX en la formación de milicias paramilitares armadas como los Batallones de la Juventud que, sin embargo, contaron con un apoyo mínimo.

6.3.2. Los republicanos.
Durante el último cuarto del siglo XIX, los republicanos permanecieron desunidos en diferentes y minúsculas tendencias: federalistas, unitarios; filoliberales, prosocialistas…, que afectaban también a sus principales líderes: Pi y Margall, Castelar, Figueras, quienes mantenían durísimas rivalidades.
Algunos de los pequeños grupos que componían el republicanismo eran el Partido Posibilista (liderado por el derechista Emilio Castelar), el Partido Federal-Orgánico (encabezado por Estanislao Figueras), el Partido Federal (con Francisco Pi y Margall al frente), el Partido Democrático-Progresista (dirigido por Manuel Ruiz Zorrilla), el Partido Reformista (de Nicolás Salmerón) y el Partido Progresista (de José Canalejas, que terminó por integrarse en las filas del liberalismo).
Esta extremada fragmentación debilitó al republicanismo que acumuló sucesivos fracasos políticos y perdió apoyos sociales tras la caótica experiencia de la I República. Hasta sus propuestas ideológicas quedaron obsoletas, pues olvidaron los problemas del campesinado, las reivindicaciones de la clase obrera y las reformas de contenido social. Además del antimonarquismo, el programa republicano solía defender la organización federal de estado, el servicio militar obligatorio sin excepciones, la unión con Portugal, el juicio por jurados o la erradicación del caciquismo. A pesar de que algunas de estas propuestas chocaban frontalmente contra el sistema, la mayoría de sus líderes aceptaron las reglas del juego político, actuando desde la legalidad y acudiendo a las citas electorales. Sólo un sector minoritario prefirió seguir fiel a los viejos métodos revolucionarios, tramando conspiraciones a veces “contra natura” (con carlistas o anarquistas) para dar un golpe de mano que acabase con la monarquía.
Tras el 98, los republicanos iniciaron un proceso de unificación fundamentado en tres principios básicos: la defensa de la República, las reformas sociales y una ideología basada en el progreso y el anticlericalismo. Dicho se proceso se constató en la creación de la Unión republicana en 1903. A partir de ese momento se produjo un lento y progresivo aumento de la influencia del republicanismo, especialmente en los medios urbanos, destacando el lerrouxismo en Cataluña (liderado por Alejandro Lerroux) y el blasquismo en Valencia (liderado por Vicente Blasco Ibañez).

6.3.3. El movimiento obrero.
Se vio muy afectado por la vuelta de la monarquía y el orden liberal, pues el régimen de la Restauración no intentó en ningún momento integrarlo en el sistema. Desde 1874, los grupos obreros ligados a la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) pasaron a la clandestinidad, lo que tuvo como consecuencia la desarticulación organizativa del movimiento y la radicalización de su ideología.
El anarquismo se reorganizó en la década de los ochenta en la Federación de Trabajadores de la Región Española (FTRE), con fuerte implantación en Andalucía y Cataluña. A partir de la década de los noventa, los anarquistas llevaron a cabo tres tipos de acciones:
- Sindical. Estimulada por la huelga general y la reivindicación de la jornada laboral de ocho horas.
- Violenta, como los atentados en Barcelona (1893-96) o el asesinato de Cánovas en 1897.
- Cultural.
La represión de los anarquistas fue sistemática. A partir de los atentados de Barcelona, se produjeron numerosas detenciones, ejecuciones y destierros. El proceso desencadenó una masiva protesta por parte de los intelectuales y políticos progresistas.
Los socialistas, por su parte, se organizaron en torno al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), fundado en Madrid en 1879 por Pablo Iglesias. Inicialmente los rasgos del socialismo español fueron los siguientes:
- La influencia del marxismo francés, que le llevaba a dirigirse a un tipo de obrero, el proletariado industrial, poco numeroso en España.
- La defensa de la doctrina de la lucha contra las fuerzas políticas burguesas. Este discurso presentaba a los republicanos como defensores de los intereses de la burguesía, lo que les mantuvo alejados durante algún tiempo de las masas populares republicanas.
- La creencia en el hundimiento inevitable del capitalismo, lo que conducía a subordinar la lucha sindical a la acción política.
El PSOE tuvo un lento crecimiento e implantación de modo que sólo en 1909 y gracias a la formación de la Conjunción Republicano-Socialista logró su primera acta de diputado para Pablo Iglesias.

6.3.4. Los nacionalismos.
A finales del siglo XIX se produjo la eclosión de los nacionalismos periféricos. Hasta entonces los movimientos regionalistas se habían centrado en el ámbito cultural. En la Restauración expresaron además reivindicaciones políticas autonomistas frente al modelo de Estado centralista y uniformizador.
El catalanismo.
Encontró en el pasado histórico muchos argumentos para respaldar sus reclamaciones políticas en un momento en que Cataluña era la región más desarrollada e industrial de España. Los aspectos más sobresalientes en la gestación del nacionalismo catalán son los siguientes:
a) La aparición de la RenaixenÇa, movimiento intelectual y literario cuyo propósito era recuperar las señas culturales tradicionales de Cataluña, en especial el idioma.
b) La creación del Centre Catalá en 1882, promovido por Vicente Almirall quien pretendió defender el proteccionismo industrial y el derecho particular de Cataluña frente a la uniformización del derecho español a través del Memorial de Greuges.
c) La creación de la organización autonomista Unió Catalanista en 1891 por Enric Prat de la Riba, en cuyo programa político –conocido como Bases de Manresa- reclamaba un amplio régimen de autogobierno para Cataluña, dentro de la monarquía española.
d) La formación de la Lliga Regionalista en 1901, partido nacionalista burgués, católico y posibilista. Liderado por Francesc Cambó, tenía como objetivos principales la autonomía para Cataluña y defender los intereses económicos de los industriales catalanes.

El nacionalismo vasco.
Surgió en torno al Partido Nacionalista Vasco (PNV) fundado en 1895 por Sabino Arana Goiri, quien como muchos otros nacionalistas tenía antecedentes familiares en el carlismo y el tradicionalismo foralista. La aparición del nacionalismo vasco coincide con los bruscos cambios experimentados en la sociedad vizcaína a causa de la rápida industrialización de la región y la llegada masiva de inmigrantes. Los fundamentos del nacionalismo vasco son los siguientes:
- Defensa de la separación de España y creación de un Estado vasco independiente formado por las tres provincias vascas, Navarra y los territorios del País Vasco francés.
- Agresivo radicalismo antiespañol.
- Exaltación racista y xenófoba de la etnia vasca.
- Integrismo ultracatólico.
- Promoción de la lengua vasca.
- Apología del mundo rural vasco.
- Denuncia del carácter españolista del carlismo.
Durante la primera década del siglo XX, el PNV encontró escasos apoyos sociales. Asimismo, los principales intelectuales y artistas vascos –Unamuno, Baroja, Zuloaga…- rechazaron el nacionalismo vasco por su carácter ruralista, clerical, antimoderno y separatista. Esta circunstancia le llevó a incorporar entre sus filas al grupo fuerista dirigido por Ramón de la Sota, menos radical en sus planteamientos, lo que le permitió algunos éxitos electorales a nivel local. Desde entonces convivieron dos tendencias en el seno del partido: los posibilistas, que postula la autonomía dentro del Estado, y la aranista, fiel a los planteamientos independentistas.

Otros nacionalismos.
El nacionalismo gallego y el valencianismo experimentaron un desarrollo mucho más lento. Aunque un grupo de intelectuales como Rosalía de Castro o Manuel Murguía intentaron impulsar un Rexurdimento cultural para difundir la lengua gallega a finales del siglo XIX, el movimiento político no adquirió una formulación programática hasta 1918 con la primera asamblea de las Irmandades de la fala.
En valencia, la acción regionalista de recuperación cultural se inició con la creación en 1878 de la Societat de lo Rat Penat y el valencianismo político tuvo su punto de partida en 1904, con la fundación de la organización Valencia Nova que reclamaba la autonomía para la región.

6.4. Crisis del 98: liquidación del imperio colonial y consecuencias.
La política colonial española entre 1875 y 1898 estuvo caracterizada por el “recogimiento”, es decir, por una política que trataba de no involucrar a España en los compromisos internacionales y de respetar el equilibrio de las potencias para no tener que enfrentarse a ninguna de ellas. No era un aislamiento en sentido estricto, pero a medio plazo el precio que tuvo que pagar fue el mismo pues no pudo contar con apoyos exteriores cuando los necesitó.
Si bien Cánovas ensalzaba el colonialismo, era consciente del pobre papel internacional de España, por lo que la actividad política estaba centrada en mantener unas colonias diseminadas por el mundo y, como mucho, intervenir en el norte de África. A estos intereses responden la Conferencia Internacional de Madrid sobre Marruecos, en 1880, que permitió el reconocimiento de intereses españoles sobre la zona y el conflicto hispano-alemán sobre las Carolinas, resuelto por el papa León XIII, con una solución de compromiso que otorgaba la soberanía del archipiélago a España aunque concedía ventajas económicas a Alemania.
No obstante, la gran preocupación de los gobiernos de la Restauración fue conservar sus grandes colonias en las Antillas y Extremo Oriente: Cuba, Puerto Rico y Filipinas. De hecho, la cuestión cubana había estado en el trasfondo del triunfo Alfonsino en 1875, pues los círculos con intereses económicos en la isla y los hacendados cubanos habían prestado su apoyo financiero a la causa de la Restauración.
La Paz de Zanjón de 1878 puso fin a la denominada “guerra larga”, pero sólo aplazó el problema cubano. La paz prometía unas nuevas condiciones políticas y administrativas, el fin de la esclavitud y una amnistía que no fueron aplicadas con diligencia. Como consecuencia surgieron partiros como el Liberal autonomista que recogían las aspiraciones de autogobierno. Además, la situación en la isla se complicó como consecuencia de la nueva política comercial impuesta en Cuba:
- Los productos españoles tenían un mercado protegido en la isla, sin embargo España no era la principal compradora de los productos cubanos.
- Al tiempo, la política arancelaria española (Ley del arancel, 1891), impedía la compra por Cuba de los productos de Estados Unidos y Europa.
Antonio Maura, Ministro de Ultramar, consciente de la gravedad de los acontecimientos, propuso la concesión de autogobierno para Cuba en el año 1892; pero su proyecto fracasó por las presiones de los grupos oligárquicos. El proceso de lucha por la independencia era imparable.
En febrero de 1895 estalló nuevamente el conflicto con “el grito de Baire”. La primera respuesta del gobierno de Cánovas fue intentar la pacificación negociada enviando al general Martínez Campos. Fracasada esta vía, se impuso la línea dura del general Valeriano Weyler, dirigida también contra la población civil.
Los insurrectos contaban además con el apoyo popular, se habían fortalecido políticamente con la labor realizada por el intelectual José Martí y su Partido Revolucionario Cubano y tenían el apoyo de Estados Unidos. A pesar de la búsqueda de respaldos internacionales, España se encontró aislada en la defensa de sus derechos de soberanía. Por si fuera poco, en 1896 se abrió un nuevo frente, la insurrección en Filipinas, liderada por José Rizal.
La opinión pública española fue inicialmente partidaria de la guerra, con la excepción de los partidos obreristas y algunos intelectuales. Pero el apoyo popular fue disminuyendo a medida que se hacían visibles sus costes. En el bando opuesto, y al margen de los independentistas, la guerra interesaba al imperialismo estadounidense que aprovechó la voladura de acorazado Maine en la bahía de La Habana en febrero de 1898 para intervenir en el conflicto.
Las derrotas militares de Cavite (Filipinas), el 1 de mayo de 1898, y de Santiago de Cuba, el 3 de julio, fueron suficientes. El gobierno español se dispuso a negociar, consciente de que con ello podría salvarse la monarquía; entre tanto, la marina americana desembarcaba en Puerto Rico y Manila capitulaba. El Tratado de París, de diciembre de 1898, puso fin a la guerra y al imperio colonial español. España perdió Cuba, mientras Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam, en las Marianas, fueron cedidas a la administración estadounidense. En 1899, fueron vendidas a Alemania el resto de las Marianas y los archipiélagos de las Carolinas y las Palaos.

6.4.1. Consecuencias del Desastre del 98.
La derrota representó para muchos el fracaso del sistema de la Restauración y dio lugar al primer regeneracionismo, incrementándose la crítica más rigurosa hacia aquel. Ambos fracasos, militar y político, suscitaron una oleada de pesimismo que arraigó profundamente en la llamada Generación del 98.
Los efectos del desastre se dejaron sentir a dos niveles: inmediatos y estructurales. Entre los primeros cabe destacar:
- El cambio definitivo de España en su estatus internacional, quedando como una pequeña potencia regional.
- La emergencia de los nacionalismos.
- El afianzamiento del obrerismo organizado.
- El renacimiento del militarismo.
- La aparición de una nueva mentalidad regeneracionista.
A largo plazo, se produjo una secularización de la vida social y del pensamiento, que culminaría durante la II República, y la incorporación paulatina de España en las corrientes económicas del capitalismo.