Bloque 4. CRISIS DEL ESTADO LIBERAL. Tema 7: ALFONSO XIII Y LA CRISIS DE LA RESTAURACIÓN

C. DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA Y CAÍDA DE LA MONARQUÍA.

1. Causas del golpe de Estado. El directorio militar (1923-1925).
Durante la primavera de 1923 ya se estaba conspirando desde dos movimientos distintos y diferenciados, pero convergentes en la necesidad de derrocar el gobierno liberal.
El primero estaba vinculado a las desaparecidas Juntas de Defensa de Barcelona, de las que
luego se valdría Primo de Rivera, y buscaba mediante un golpe de fuerza "disolver las Cortes" y quitar el papel político a la oligarquía para dárselo a las clases medias. El segundo, vinculado a Madrid, tenía como objetivo recoger las aspiraciones del ejército de África sobre el futuro marroquí. Pretendía la "instauración de un gobierno fuerte" y dispuesto a resolver los problemas generales del Ejército y del orden público manteniendo la Constitución y la monarquía. El capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, entró en relación con este segundo grupo cuando viajó a Madrid en junio, llamado por el Gobierno. En el encuentro pidió plenos poderes para luchar contra el terrorismo en Barcelona y, como no llegó a un acuerdo, se convirtió en enlace entre ambos grupos y, más tarde, en jefe de la sublevación.

a) Los factores del golpe de Estado.
Primo de Rivera dio su golpe de Estado en Barcelona el 13 de septiembre de 1923. De
la noche a la mañana, casi sin ningún rumor previo en la prensa de los días anteriores y sin
derramamiento de sangre, dominó la situación de la capital catalana, punto clave en la
política española en esos años. El Gobierno vaciló, mejor podría decirse que no fue capaz de reaccionar, y acudió al monarca para que tomara cartas en el asunto; pero Alfonso XIII dejó pasar lentamente las horas y, transcurridos los primeros momentos, apoyó abiertamente al general sublevado, a quien confió la tarea de formar gobierno. En tres días España dejó de ser una monarquía parlamentaria y se convirtió en un régimen autoritario. El régimen de
Cánovas había desaparecido.
Primo de Rivera no pretendió establecer un régimen definitivo; su cometido era
establecer un “paréntesis de curación” transitorio. Y precisamente esta sería la contradicción evidente que vivió el dictador durante su gobierno y que se volvería contra él: pasó de la provisionalidad a un intento de perpetuación que no sería aceptado por aquellos que le habían apoyado en un primer momento.

b) Los apoyos sociales.
La implantación del Directorio Militar -nueva denominación del gobierno- fue aceptada con satisfacción por la gran masa neutra del país, que presentía un seguro restablecimiento del orden, y esto le era suficiente; si bien, y en pura lógica, los partidos políticos recibieron el golpe de Estado con recelo y vacilación.
El golpe de Estado fue posible, sobre todo, por la actitud de dos fuerzas: la burguesía y el movimiento obrero. Aquella se puso sin disimulos del lado de la dictadura, y la que marcó la pauta fue la catalana; la burguesía moderna, con esta postura, alcanzaba lo que había intentado desde 1875: frenar a la clase obrera y a los políticos de los antiguos partidos, defensores en su gran mayoría de la España retrasada y terrateniente. Pero del mismo modo, iba a abandonar al dictador en 1930, cuando juzgó que su sistema no le servía para mantener y salvar la estructura económica, base de su influencia. La dictadura pudo establecerse porque, al carecer el movimiento obrero de una firme conciencia política, no hubo lugar a protestas; los obreros, que serían los que iban a sufrir con creces el peso del régimen, se mantuvieron tranquilos. Anarcosindicalistas y comunistas, considerando la instauración de la dictadura como un movimiento de profunda reacción social que amenazaba a los grupos de vanguardia del proletariado español y a la propia vida de los sindicatos, se prepararon para defender su existencia. En cambio, el Partido Socialista y la
UGT pasaron de una actitud expectante, que era ya asentimiento, a la aceptación y la colaboración a lo largo de los casi siete años del gobierno de Primo de Rivera.
La Dictadura de Primo de Rivera está relacionada con la aparición de movimientos
totalitarios en la Europa de entreguerras.

c) El directorio militar.
En los meses comprendidos entre septiembre de 1923 y diciembre de 1925 -etapa del
Directorio Militar- Primo de Rivera siguió una política de acabar con lo anterior. El Real
Decreto de 15 de septiembre fijaba la organización de un Directorio, presidido por Primo de
Rivera, que reunía en su persona todas las facultades, iniciativas y responsabilidades de
gobierno. En la práctica, el ministro único, Primo de Rivera, asesorado por un Directorio,
compuesto por generales de brigada y un contraalmirante, sometía al Rey -o, mejor, a su
firma- todas las resoluciones adoptadas. Es de observar que, consecuentemente, el funcionamiento de toda la Administración quedó, de hecho, en manos del Ejército en ese tiempo. A la vez, tomó otras medidas urgentes: suspendió las garantías constitucionales,
destituyó a los gobernadores civiles de las provincias, disolvió las Cortes y, sin suprimirla,
suspendió la Constitución de 1876 como medio previo para arrasar a los partidos políticos,
base hasta entonces del sistema parlamentario. Decretó que los ayuntamientos y las diputaciones provinciales fuesen intervenidos y, en un deseo de retar a las antiguas castas
políticas y para separar el poder político del económico, publicó el Decreto de
Incompatibilidades, por el cual nadie que hubiese sido ministro o alto funcionario podía
intervenir en los consejos de administración de las compañías que contrataban con el Estado.

La Unión Patriótica y su papel.
Aparecieron dos estructuras nuevas con carácter regeneracionista que tomaban a los municipios como pilares fundamentales del régimen: la figura de los delegados gubernativos y el Estatuto Municipal de marzo de 1924. Para redondear el control gubernamental sobre los municipios nació la Unión Patriótica (UP). No era un partido político ni quería serlo, y eso lo recalcó muchas veces la dictadura, pero no cabe duda de que esta organización tenía mucho de "único partido" gubernamental. En ella Primo de Rivera pretendió aglutinar a todos los patriotas de buena voluntad y enemigos del desorden, aunque carentes de ideario y sin vinculación política definida, en la empresa de sostener el nuevo quehacer.
La UP recogía las ansias populistas del dictador y también su autoritarismo. En cierto modo, sustituía al voto democrático. Sin embargo, en su sistema organizativo los gobernadores civiles y los delegados gubernamentales serían los encargados de crear los comités de la nueva organización, lo cual se asemejaba mucho a los procedimientos de la vieja política desterrada y contrastaba con el proclamado "regeneracionismo" de Primo de Rivera.
La Unión Patriótica, el Estado y el Gobierno no se confundían. Teóricamente, los miembros del Directorio y los gobernadores civiles no tenían por qué pertenecer a ella, pero sí los miembros de los ayuntamientos y las diputaciones provinciales. En su formación reunió una amalgama de gentes procedentes del carlismo, del conservador maurismo, de propietarios de la tierra o burgueses industriales -ávidos de gozar del apoyo del Gobierno- y del incipiente catolicismo político. Por eso, quizá, nació muerta y su intento de reunir hombres "nuevos y apolíticos" fue vano.

La solución del problema marroquí: el desembarco de Alhucemas de 1925.
Todavía le quedaba a Primo de Rivera una cuestión importante que solucionar antes de dar paso a una modificación interna del régimen, y era Marruecos. Su resolución fue el éxito más evidente de la dictadura. Tras haber pasado por una postura inicial “abandonista” y luego “semi-abandonista”, los nuevos ataques rifeños a las posiciones españolas en 1924 y
una conversación con el jefe de la Legión, Franco, y con el general Sanjurjo, le decidieron a
proporcionar todos los recursos para acabar con el conflicto. De hecho, con tal determinación todo el mundo respiró. Fue preparado un Ejército potente y modernizado que, unido al también potente ejército francés, desembarcó en la bahía de Alhucemas en septiembre de 1925 en la primera operación conjunta conocida en la historia de la estrategia militar que reunió fuerzas de tierra, mar y aire. Tras varias semanas de duras batallas, Abd-el-Krim se entregó a las autoridades francesas para no ser prisionero del ejército español.
El gran éxito conseguido por Primo de Rivera fue, ante todo, político y popular; le reconcilió con los ciudadanos cansados de guerras, con todo el ejército, porque había salvado su honor, con los empresarios inversores en Marruecos y con su propia Hacienda, que pudo empezar a pensar en la reducción del déficit presupuestario.

2. El directorio civil (1925-1930). La caída de la monarquía.

a) El directorio civil.
En diciembre de 1925 se constituyó el Directorio Civil. En el nuevo gobierno colaboraban ahora viejos amigos, como el militar Martínez Anido, y nuevos políticos, como Calvo Sotelo, sin que faltara un representante de la oligarquía tradicional como el Conde de Guadalhorce. Con todo, el Gobierno siguió manteniendo en suspenso los preceptos constitucionales y legislando por decreto.
Fueron tiempos en los que el país gozó de una economía en alza porque la de Europa lo estaba. El régimen no aportó modelos económicos ni nuevos esquemas de acción, sino que se limitó a proceder con los tradicionales y, concretamente, a propiciar la industrialización
desde un intervencionismo estatal, a mejorar la agricultura participando en la introducción de nuevas técnicas y a incrementar el comercio exterior. La base práctica de estas tres políticas fue un gran desarrollo de las obras y los servicios públicos y, con el apoyo del Partido Socialista -a través de la UGT -, pudo crear un montaje de estructura corporativa a la italiana para las relaciones capital-trabajo e intentó aplicar una importante reforma fiscal que, por primera vez, introducía el impuesto sobre la renta.

b) La oposición y la caída de la dictadura.
Sin embargo, no pudo, o no quiso, solucionar otros problemas. La cuestión catalana fue
uno de los principales, y ello por tres motivos: 1) la persecución de la lengua catalana; 2) la
intervención gubernamental en la elección de la Junta del Colegio de Abogados de Cataluña, obligando, además, a publicar su guía oficial en castellano; 3) su intromisión en la esfera eclesiástica -prohibiendo, otra vez, la utilización del catalán en los actos litúrgicos-, lo que trajo una reacción de los obispos.
Pero, además, tampoco supo frenar a un movimiento obrero que, a medida que pasaba el tiempo, iba tomando posiciones. A partir de 1928 el PSOE empezó a pensar que, puesto que no había un auténtico régimen parlamentario, la única salida debería ser la república; y lo mismo propusieron el Partido Comunista y los anarquistas de la CNT.
Hubo dos fuerzas que contribuyeron directamente a la caída de Primo de Rivera: los intelectuales y el ejército de la Península. Los intelectuales, que no habían aceptado el régimen desde el principio, se vieron atacados con la destitución de Unamuno como rector de la universidad de Salamanca y con su posterior destierro; con la clausura del Ateneo de
Madrid porque, se decía, estaba derivando al republicanismo, y con el Proyecto de Reforma
Universitaria, en el que se otorgaba la expedición de títulos con valor universitario a los jesuitas de Deusto y a los agustinos de El Escorial. Las revueltas de los universitarios en el
curso 1928-1929 acabaron con represiones y con el cierre de la Universidad. Los militares
destinados en la Península se encontraron con un Primo de Rivera favorable a los militares de Marruecos y poco proclive hacia los convencionalismos que protegían la carrera militar de los de la Península. Además, el ataque frontal contra el cerrado cuerpo de artillería fue el que rompió la armonía de la familia militar y precipitó la caída del régimen.
En los últimos meses de 1929, y a la vista de la utilización por parte de la dictadura de nuevos procedimientos caciquiles para que el régimen se sostuviera, arreciaron las protestas
y se precipitaron todos los acontecimientos. El 30 de enero de 1930 Alfonso XIII aceptó la
dimisión de Primo de Rivera, encargando al viejo militar Dámaso Berenguer la formación de un nuevo gobierno.

c) El pacto de San Sebastián. Evolución política hasta la caída de la Monarquía.
El Pacto de San Sebastián, en agosto de 1930, reunió a tres fuerzas principales para tratar un futuro cambio hacia la república -a las que se añadieron los regionalistas, para aprovechar el progresivo aislamiento tanto social como político del Gobierno y el de la institución monárquica-: los constitucionalistas, que reunían a algunos políticos monárquicos reticentes con el monarca y dispuestos a deslizarse hacia un aún indefinido republicanismo; los republicanos históricos, y el Partido Socialista. Pero es importante indicar que de este pacto se derivaron dos líneas de acción complementarias: una revolucionaria, que llevó al fracasado pronunciamiento militar de Jaca de diciembre de 1930, y otra política que, con una gran campaña de prensa y mítines, lograría arruinar el prestigio de la monarquía.
El acuerdo político del Pacto de San Sebastián implicó la creación de un comité revolucionario compuesto por: Alcalá Zamora, Miguel Maura, Marcelino Domingo, Prieto, Azaña, Albornoz y De los Ríos. De esta alianza estuvieron ausentes la CNT y otras fuerzas obreras, que solamente estuvieron representadas por el PSOE. En diciembre de 1930 se difundió masivamente un manifiesto firmado por los principales dirigentes en el que explícitamente se llamaba a la población a derribar la monarquía. Mientras, para los gobiernos del general Berenguer y luego del almirante Aznar el objetivo prioritario era organizar un escalonado proceso electoral, a fin de recuperar el tiempo “perdido” con la dictadura, que culminase en unas Cortes constituyentes y que, a la vez, permitiera otorgar el necesitado consenso al régimen monárquico. Según el procedimiento establecido, había que empezar por las elecciones municipales que sustituyeran a los ayuntamientos de la dictadura, para luego llegar a las elecciones a Cortes.
Las primeras se celebraron el 12 de abril de 1931 en un clima de incertidumbre y de limpieza por parte del Gobierno, con una excesiva confianza de las facciones monárquicas.
Sin embargo, acabaron convirtiéndose en un plebiscito sobre la monarquía. Aunque salieron
elegidos más concejales monárquicos que republicanos, la suerte estaba echada para Alfonso XIII en el momento en que éstos triunfaron en una España progresivamente urbana. El día 13, tras conocerse los resultados electorales, miles de personas salieron a la calle para
manifestarse a favor de la república.