A) EL GOBIERNO PROVISIONAL Y LA CONSTITUCIÓN DE 1931.
La llegada del nuevo régimen se produjo en un país caracterizado por su estancamiento respecto a la mayoría del mundo occidental.
Desde el punto de vista económico, la agricultura seguía representando la actividad económica mayoritaria (46%), pero apenas se había desarrollado desde las desamortizaciones del siglo XIX y estaba definida por su baja productividad, su escasa modernización y la falta de inversiones. A esto se añadía los fuertes desequilibrios entre las zonas industrializadas y las agrarias (centro-periferia).
Esta situación económica se traducía en una variada trama social con opiniones encontradas sobre la República. Será apoyada por las clases medias y, los campesinos y proletarios, quienes, sin embargo, irán desconfiando del régimen ante la lentitud y suavidad de las reformas emprendidas. Se opondrán a ella la alta burguesía y la nobleza, que habían constituido la oligarquía durante la Restauración; pasado el desconcierto inicial, formarán sus propios partidos e intentarán acceder al poder por la vía parlamentaria. A su lado estará la Iglesia institucional.
Estos grupos sociales terminarán por organizarse en fuerzas políticas, improvisadas muchas de ellas por la rápida proclamación de la República (sólo dos, el partido Radical y el PSOE, procedían del periodo anterior), que abarcaban todo el espectro político, desde el PARTIDO AGRARIO (ultraconservador, formado por terratenientes que se oponían a cualquier tipo de reforma), pasando por la ACCIÓN POPULAR (más moderados, aunque de dudosa filiación republicana; integrado por antiguos “mauristas”), los PROGRESISTAS (liderados por Alcalá Zamora y Maura, integran a conservadores y católicos afines al nuevo régimen), RADICALES (dirigidos por Lerroux, se sitúan en el centro político aspirando a atraer a la izquierda, gracias a su pasado revolucionario, y a la derecha moderada, gracias a su nuevo talante), REPUBLICANOS (izquierda reformista, formada por minorías intelectuales, agrupada en dos partidos: la Alianza Republicana de Azaña y la Agrupación al Servicio de la República de Ortega), RADICALES-SOCIALISTAS (de Álvaro de Albornoz y Marcelino Domingo, que propugnan una reforma social desde arriba), SOCIALISTAS (de tendencia socialdemócrata, como Indalecio Prieto, o marxista, como Largo Caballero), hasta la EXTREMA IZQUIERDA (representada por los partidos comunistas, aunque escasos en número, con un protagonismo creciente: el PCE, de tendencia estalinista, y el POUM, trotskista; y los anarquistas, cuya importancia será esencial, a pesar de no participar en la actividad política). Al margen se sitúan los PARTIDOS NACIONALISTAS: la Lliga y Ezquerra Republicana en Cataluña, el PNV en Euskadi y los galleguistas de Casares Quiroga, quienes verán en el nuevo régimen una puerta abierta al desarrollo autonomista.
Desde el punto de vista internacional, la llegada de la Republica coincidió con dos hechos de enorme importancia en la evolución posterior del sistema. Por una parte, las consecuencias derivadas de la crisis económica de 1929 (caída del comercio exterior, interrupción de las emigraciones, aumento del desempleo...); por otra, las repercusiones de la situación política internacional, la influencia de los fascismos en grupos políticos como Falange Española o la radicalización de los partidos de izquierda hacia los Frentes Populares.
El 14 de abril de 1931 se constituye el Gobierno Provisional bajo la presidencia de Alcalá Zamora y con la presencia de todas las tendencias presentes en San Sebastián: derechas republicanas (Maura), nacionalistas (Casares Quiroga y Nicolau D´Olwer), radicales (Lerroux y Martínez Barrio), izquierda liberal republicana (Azaña y Marcelino Domingo) y socialistas (Indalecio Prieto y Largo Caballero). El propósito de este primer gobierno era llevar a cabo un programa de modernización del país bajo presupuestos liberales y progresistas que habría de concretarse en el Estatuto de Funcionamiento, de 15 de abril. Sus primeras medidas estaban encaminadas a establecer las bases legales del régimen, condicionadas por el enrarecimiento político derivado de la falta de apoyo internacional y la necesidad de satisfacer reivindicaciones históricas. Así, se garantizó la propiedad privada, se regularon convenios laborales y salariales, se implantó la jornada laboral de 8 horas en el sector agrario, y se legislaron varios decretos liberalizadores: el de términos municipales, para evitar la contratación de jornales foráneos; jurados mixtos; el de congelación de arrendamientos, favorable a los arrendadores; y el de cultivos forzosos, que obligaba a los grandes propietarios a cultivar sus fincas o entregarlas a jornaleros en caso contrario. A pesar de estas medidas liberalizadoras, no tardaron en sucederse las huelgas y manifestaciones de protesta (julio, huelga general en Sevilla; agosto, huelga de la minería asturiana y la metalurgia barcelonesa...).
Además, el gobierno debía hacer frente a tres graves problemas:
- El contencioso creado en Cataluña tras la proclamación de la República Catalana independiente por Francesc Maciá.
- Asegurar la fidelidad del ejército.
- Cerrar la crisis abierta por el arzobispo de Toledo, cardenal Segura Saez, con la Iglesia española. En este sentido, una delegación del gobierno pactó con Maciá la concesión de un estatuto de autonomía, se nombraron nuevos capitanes generales y se exigió a los generales una declaración expresa de fidelidad al régimen. El problema con la Iglesia (reunida en Toledo, 9 de mayo, desde donde emitieron una queja formal) sin embargo, derivó en una ola de violento anticleriscalismo que se concreta en la quema de imágenes y templos entre los días 11 y 12 de mayo, en ciudades como Madrid, Sevilla, Málaga, Murcia o Valencia; una actitud en absoluto desconocida en la historia española (Matanza de frailes de 1835; Semana Tragica, 1909). Como consecuencia, se produjo una separación cada vez mayor entre un gobierno declarado laico y la jerarquía eclesiástica, que se concreta en una serie de actuaciones políticas por parte del primero: el establecimiento de la libertad de culto, la prohibición de imágenes religiosas en centros escolares, la suspensión de la obligatoriedad de la enseñanza religiosa, la prohibición de participación de la Iglesia en los consejos de instrucción pública o la expulsión del cardenal primado de Toledo y del obispo de Vitoria (Mateo Mújica). La ruptura se consumó con la negativa por parte del Vaticano del placet al embajador de la República, Luis Zulueta. Como afirma JACKSON antes de las Cortes Constituyentes la cuestión religiosa es el principal problema de la política española.
Mientras esto sucedía, el Gobierno Provisional continuaba con los preparativos de las anunciadas elecciones a Cortes Constituyentes que se celebrarían el 28 de junio. Las notas más destacables de la campaña según TUSELL fueron: el mantenimiento de la coalición republicano-radical-socialista que había triunfado en las elecciones de abril, la desorganización de las fuerzas políticas conservadoras y la aparición de numerosos candidatos de extrema izquierda.
Algo más del 70% de los electores participaron en las mismas. Los resultados finales dieron el triunfo a la coalición de izquierdas gubernamental (265 diputados, frente a los 219 de las derechas). En el seno de las Cortes Constituyentes se perfilaba una mayoría parlamentaria de orientación izquierdista que se vería reflejada en la nueva constitución. El 29 de julio se constituía la Comisión constitucional encargada de su redacción y un mes más tarde era presentado el primer borrador. El documento evidenciaba el protagonismo de socialistas y radical-socialistas y, como era de esperar, el aspecto más polémico resultó ser la cuestión religiosa. Particularmente tres fueron los artículos más polémicos: la declaración de laicidad del Estado (art. 3), el proyecto de disolución de las ordenes religiosas y la nacionalización de sus bienes (art. 24, en el texto final art. 26)) y la declaración de la libertad de credo (art. 25). A pesar de los esfuerzos del Presidente de la República, Alcalá Zamora, por llegar a un consenso las posturas se hicieron irreconciliables y los artículos, en especial el 26, fueron aprobados con enmiendas menores. Esto se tradujo en una crisis de gobierno que acabó con la dimisión del propio Presidente y del ministro de la Gobernación, Miguel Maura, por razones de conciencia. La izquierda republicana salió todavía más reforzada de la crisis. Por eso, Julián Besteiro, Presidente de las Cortes, encargó la formación de un nuevo gobierno a Manuel Azaña, hasta entonces ministro de la Guerra, quien se mostró partidario de impulsar una política de firmeza republicana (concretada en la Ley de Defensa de la República, de 29 de octubre, para combatir los intentos de reacción o revolución contra el sistema), de talante marcadamente progresista, y consiguió aprobar el nuevo texto constitucional el 9 de diciembre de 1931 (con 368 votos a favor de los 470 que componían la Cámara).
Aspectos principales de la Constitución de 1931:
- España se constituye como república democrática de trabajadores.
- Se reconoce como Estado único, pero posibilita el derecho a las autonomías regionales (influencia de la constitución de Weimar).
- Se permite la intervención del Estado en la economía.
- Se establece el sufragio universal (voto femenino y militar).
- La expresión de la voluntad popular se recoge en una sola Cámara.
- La voluntad democrática de los diputados se refrenda por la preeminencia absoluta del legislativo, en detrimento del Presidente de la República, cuyas atribuciones quedan mediatizadas por las Cortes y el verdadero jefe del ejecutivo: El Presidente del Gobierno.
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