B) EL BIENIO REPUBLICANO AZAÑISTA (DIC. 1931/NOV. 1933).
El nuevo gobierno presidido por Azaña –que conservaba la cartera de Guerra- quedaba constituido el 16 de diciembre de 1931 y elegía al conservador Alcalá Zamora como Presidente de la República. Se enfrentaba a una tarea ingente: poner en marcha la Constitución e iniciar el proyecto republicano de transformar la realidad económica, política y social de España. Para acometer esta empresa el presidente del gobierno optó por apoyarse de manera preferente en los socialistas. Así pues, se puso fin a la amplia coalición que había conformado el frente republicano desde el pacto de San Sebastián.
Entre las prioridades del gabinete destacaban los siguientes asuntos: completar la reforma del ejército, satisfacer las demandas autonomistas, llevar a cabo la reforma agraria y solucionar las cuestiones religiosas y educativas. Este programa reformista tuvo que abrirse paso entre los sectores contrarrevolucionarios, decididos a forzar una salida violenta, y una izquierda radical adepta a las utopías revolucionarias.
Las reformas del ejército tendieron a su modernización y a favorecer su vinculación al régimen republicano. Para conseguirlo se adoptaron las siguientes medidas: se suprimieron las capitanías generales, se redujeron los mandos y se anularon los ascensos por méritos de guerra, se creó un cuerpo de suboficiales profesionales, se reestructuró la intendencia, aumentaron los presupuestos de la Marina y la Aviación, se establecieron los Centros de Instrucción de Reclutas (CIR), se organizó un cuerpo jurídico del Ejército formado por letrados civiles y se creó la guardia de asalto como policía del sistema.
Las reformas autonómicas desembocaron en la aprobación del Estatuto de Cataluña el 15 de septiembre de 1932, que dejaba en manos de la Generalitat la administración local, la cultura, las obras públicas, los transportes y el orden ciudadano catalanes, bajo un gobierno presidido por Maciá y un parlamento por Luis Companys. Se inician también las discusiones para la elaboración de los estatutos de Euskadi (Fusi argumenta la dificultad para su elaboración en la difícil conciliación entre los republicanos progresistas de Madrid y el espíritu tradicionalista vasco) y Galicia.
Acometer la reforma agraria será el principal problema del régimen y para muchos autores el gran fracaso del reformismo republicano. Legalmente se evitará la fórmula del decreto impositivo y en su lugar se acuerda el nombramiento de una comisión de expertos: Felipe Sánchez Román, Antonio Flores de Lemus y Pascual Carrión, encargados de elaborar un proyecto técnicamente aplicable que sería aprobado por las Cortes. El 15 de septiembre de 1932 se promulga la Ley de Bases de la Reforma Agraria, cuyos principales objetivos eran: acabar con los latifundios y el absentismo rural, y dotar a la tierra de una función social proporcionando a los campesinos la posibilidad de remediar su secular situación. Para aplicar la Ley se creaba el Instituto de Reforma Agraria, cuyas principales medidas fueron: la distribución de tierras, la defensa de los derechos laborales de los jornaleros y la protección de los arrendatarios. Pero la Ley no satisfizo las esperanzas campesinas. Según Tamames porque era excesivamente compleja, reunía demasiados trámites y carecía de línea básica. (Con la aprobación de una nueva Ley de Reforma el 1 de agosto de 1935 de tipo conservador, las medidas anteriores fueron prácticamente anuladas contribuyendo a agravar las condiciones del campo español).
Finalmente se procedió a afrontar reformas de tipo religioso y educativo. Las primeras, tendentes a manifestar el laicismo constitucional (implantación del divorcio y el matrimonio civil, expulsión de la Compañía de Jesús y confiscación de sus bienes, anulación de los presupuestos estatales para el clero) se concretan en la Ley de Congregaciones de 1933, por la que los conventos y templos se convierten en propiedad estatal, y contribuyeron a deteriorar de forma irreversible las precarias relaciones Iglesia-Estado. Las segundas, bajo el ministerio de Marcelino Domingo, para secularizar la docencia, potenciar la enseñanza primaria y secundaria, y favorecer la investigación.
Sin embargo, la República marchaba hacia la derecha. El primer intento de inclinación vino de forma violenta, adoptando la forma tradicional de pronunciamiento, cuya cabeza visible fue el general Sanjurjo, y su fin acabar con un Gobierno que había dejado de reflejar la voluntad general. En Madrid, donde los conspiradores trataron de hacerse con el Ministerio de la Guerra, en la noche del 10 de agosto de 1932, el golpe fue un fracaso. En Sevilla, Sanjurjo se pronunció a favor de una república moderada al grito de “Viva la España indivisible”. Los obreros declararon una huelga general y los oficiales vacilaron. Sanjurjo sería detenido en su marcha a Portugal.
El fracaso de Sanjurjo reforzó la posición del Gobierno y el entusiasmo republicano. Los rebeldes fueron encarcelados y deportados. La prensa de derechas fue suspendida durante algún tiempo y los restantes puntos de la Constitución (el Estatuto Catalán y la Reforma Agraria) fueron rápidamente aprobados por las Cortes. Sin embargo, fue un resurgimiento puntual. Todos los indicios apuntaban a un desplazamiento a la derecha a lo largo de 1933. Dos partidos se beneficiarían de esta reacción conservadora: los radicales de Lerroux y el nuevo partido católico de Gil Robles, Acción Popular.
Pero el peligro no sólo procedía de las derechas, ya que la República tuvo que afrontar una serie de huelgas y estallidos revolucionarios continuos, desde sus primeros días hasta las elecciones de 1933. A la inquietud agraria específica de los empleados del campo andaluz y extremeño deben sumarse el empeoramiento de las condiciones económicas; hostilidad de la CNT y la política del propio movimiento obrero, que enfrentaba a la CNT, UGT y la FAI, por el poder en el mismo. En el olvidado campo, donde la CNT y la UGT estaban penetrando de manera efectiva, tuvieron lugar los 2 enfrentamientos más sangrientos: la aldea de Castilblanco asesinó y mutiló a los guardias civiles de la localidad; en enero de 1833, en Casas Viejas, un entusiasta local inició una declaración de independencia de tradición anarquista y rural. Las fuerzas gubernamentales aplastaron este levantamiento fusilando a 25 de los habitantes de Casas Viejas.
Las consecuencias, a largo plazo, fue el derribo del gobierno de Azaña, septiembre de 1933 pero, sobre todo, mostró que la unidad republicana, forjada en San Sebastián, había degenerado hasta convertirse en una riña de partidos entre sus partes componentes. Frente a los fragmentados elementos de la coalición azañista apareció una derecha electoralmente más unida.
El nuevo gobierno presidido por Azaña –que conservaba la cartera de Guerra- quedaba constituido el 16 de diciembre de 1931 y elegía al conservador Alcalá Zamora como Presidente de la República. Se enfrentaba a una tarea ingente: poner en marcha la Constitución e iniciar el proyecto republicano de transformar la realidad económica, política y social de España. Para acometer esta empresa el presidente del gobierno optó por apoyarse de manera preferente en los socialistas. Así pues, se puso fin a la amplia coalición que había conformado el frente republicano desde el pacto de San Sebastián.
Entre las prioridades del gabinete destacaban los siguientes asuntos: completar la reforma del ejército, satisfacer las demandas autonomistas, llevar a cabo la reforma agraria y solucionar las cuestiones religiosas y educativas. Este programa reformista tuvo que abrirse paso entre los sectores contrarrevolucionarios, decididos a forzar una salida violenta, y una izquierda radical adepta a las utopías revolucionarias.
Las reformas del ejército tendieron a su modernización y a favorecer su vinculación al régimen republicano. Para conseguirlo se adoptaron las siguientes medidas: se suprimieron las capitanías generales, se redujeron los mandos y se anularon los ascensos por méritos de guerra, se creó un cuerpo de suboficiales profesionales, se reestructuró la intendencia, aumentaron los presupuestos de la Marina y la Aviación, se establecieron los Centros de Instrucción de Reclutas (CIR), se organizó un cuerpo jurídico del Ejército formado por letrados civiles y se creó la guardia de asalto como policía del sistema.
Las reformas autonómicas desembocaron en la aprobación del Estatuto de Cataluña el 15 de septiembre de 1932, que dejaba en manos de la Generalitat la administración local, la cultura, las obras públicas, los transportes y el orden ciudadano catalanes, bajo un gobierno presidido por Maciá y un parlamento por Luis Companys. Se inician también las discusiones para la elaboración de los estatutos de Euskadi (Fusi argumenta la dificultad para su elaboración en la difícil conciliación entre los republicanos progresistas de Madrid y el espíritu tradicionalista vasco) y Galicia.
Acometer la reforma agraria será el principal problema del régimen y para muchos autores el gran fracaso del reformismo republicano. Legalmente se evitará la fórmula del decreto impositivo y en su lugar se acuerda el nombramiento de una comisión de expertos: Felipe Sánchez Román, Antonio Flores de Lemus y Pascual Carrión, encargados de elaborar un proyecto técnicamente aplicable que sería aprobado por las Cortes. El 15 de septiembre de 1932 se promulga la Ley de Bases de la Reforma Agraria, cuyos principales objetivos eran: acabar con los latifundios y el absentismo rural, y dotar a la tierra de una función social proporcionando a los campesinos la posibilidad de remediar su secular situación. Para aplicar la Ley se creaba el Instituto de Reforma Agraria, cuyas principales medidas fueron: la distribución de tierras, la defensa de los derechos laborales de los jornaleros y la protección de los arrendatarios. Pero la Ley no satisfizo las esperanzas campesinas. Según Tamames porque era excesivamente compleja, reunía demasiados trámites y carecía de línea básica. (Con la aprobación de una nueva Ley de Reforma el 1 de agosto de 1935 de tipo conservador, las medidas anteriores fueron prácticamente anuladas contribuyendo a agravar las condiciones del campo español).
Finalmente se procedió a afrontar reformas de tipo religioso y educativo. Las primeras, tendentes a manifestar el laicismo constitucional (implantación del divorcio y el matrimonio civil, expulsión de la Compañía de Jesús y confiscación de sus bienes, anulación de los presupuestos estatales para el clero) se concretan en la Ley de Congregaciones de 1933, por la que los conventos y templos se convierten en propiedad estatal, y contribuyeron a deteriorar de forma irreversible las precarias relaciones Iglesia-Estado. Las segundas, bajo el ministerio de Marcelino Domingo, para secularizar la docencia, potenciar la enseñanza primaria y secundaria, y favorecer la investigación.
Sin embargo, la República marchaba hacia la derecha. El primer intento de inclinación vino de forma violenta, adoptando la forma tradicional de pronunciamiento, cuya cabeza visible fue el general Sanjurjo, y su fin acabar con un Gobierno que había dejado de reflejar la voluntad general. En Madrid, donde los conspiradores trataron de hacerse con el Ministerio de la Guerra, en la noche del 10 de agosto de 1932, el golpe fue un fracaso. En Sevilla, Sanjurjo se pronunció a favor de una república moderada al grito de “Viva la España indivisible”. Los obreros declararon una huelga general y los oficiales vacilaron. Sanjurjo sería detenido en su marcha a Portugal.
El fracaso de Sanjurjo reforzó la posición del Gobierno y el entusiasmo republicano. Los rebeldes fueron encarcelados y deportados. La prensa de derechas fue suspendida durante algún tiempo y los restantes puntos de la Constitución (el Estatuto Catalán y la Reforma Agraria) fueron rápidamente aprobados por las Cortes. Sin embargo, fue un resurgimiento puntual. Todos los indicios apuntaban a un desplazamiento a la derecha a lo largo de 1933. Dos partidos se beneficiarían de esta reacción conservadora: los radicales de Lerroux y el nuevo partido católico de Gil Robles, Acción Popular.
Pero el peligro no sólo procedía de las derechas, ya que la República tuvo que afrontar una serie de huelgas y estallidos revolucionarios continuos, desde sus primeros días hasta las elecciones de 1933. A la inquietud agraria específica de los empleados del campo andaluz y extremeño deben sumarse el empeoramiento de las condiciones económicas; hostilidad de la CNT y la política del propio movimiento obrero, que enfrentaba a la CNT, UGT y la FAI, por el poder en el mismo. En el olvidado campo, donde la CNT y la UGT estaban penetrando de manera efectiva, tuvieron lugar los 2 enfrentamientos más sangrientos: la aldea de Castilblanco asesinó y mutiló a los guardias civiles de la localidad; en enero de 1833, en Casas Viejas, un entusiasta local inició una declaración de independencia de tradición anarquista y rural. Las fuerzas gubernamentales aplastaron este levantamiento fusilando a 25 de los habitantes de Casas Viejas.
Las consecuencias, a largo plazo, fue el derribo del gobierno de Azaña, septiembre de 1933 pero, sobre todo, mostró que la unidad republicana, forjada en San Sebastián, había degenerado hasta convertirse en una riña de partidos entre sus partes componentes. Frente a los fragmentados elementos de la coalición azañista apareció una derecha electoralmente más unida.
0 comentarios:
Publicar un comentario