C) EL BIENIO RADICAL-CEDISTA (NOV. 1933/FEB. 1936). EL FRENTE POPULAR.
En este estado de cosas, Alcalá Zamora disuelve las Cortes y convoca elecciones generales, organizadas por un hombre de reputación republicana, Martínez Barrios, presidente del gabinete de transición.
Las elecciones de 19 de noviembre de 1933, primeras con voto femenino, registraron una participación de 67% del censo electoral y arrojaron el triunfo de los partidos de derechas: la CEDA de José María Gil Robles y el Partido Radical de Lerroux, que sería el encargado de formar gobierno el 18 de diciembre de 1933. El cambio de orientación de la Cámara se debió fundamentalmente a dos circunstancias: la inclinación de la clase media hacia el centro-derecha como modo de expresar su disconformidad con las reformas del periodo anterior y la abstención propugnada por los anarquistas.
El gobierno de Lerroux pronto confirmó el giro hacia la derecha del líder radical, que se manifestó en medidas que rectificaban las emprendidas en el bienio anterior: paralización de la reforma agraria, suspensión de la Ley de Congregaciones, restitución de haberes y enseñanza eclesiástica, amnistía para los implicados en el golpe de estado del 32, incremento de la represión en el medio rural, freno a los procesos de autonomía, creación de una segunda cámara parlamentaria (el Senado), etc. Como consecuencia, mejoraron las relaciones con la Iglesia, pero se acentuaron las tensiones con el movimiento obrero, los campesinos y los autonomistas.
En este contexto se suceden una serie de crisis:
- La primera, en abril de 1934, tras las objeciones de Alcalá Zamora y algunos parlamentarios radicales a la Ley de Amnistía, y que acaba con la dimisión de Lerroux. Es sustituido por su correligionario Samper quien continuó con la política de paralización de reformas. Esto derivó en un progresivo deterioro social y en la colisión política con las instituciones catalanas. La CEDA reclama entonces su entrada en el gobierno y el PSOE amenaza con una sublevación si esto sucede.
- La segunda crisis de gobierno tiene lugar el 1 de octubre de 1934. Gil Robles retira su apoyo parlamentario de Samper que se ve obligado a dimitir, 4 de octubre. El nuevo consejo de ministros vuelve a estar presidido por Lerroux, pero incorpora a tres ministros de la CEDA en las carteras de trabajo, justicia y agricultura.
La respuesta a la formación del nuevo gobierno es contundente. UGT convoca una huelga general revolucionaria el día 5 de octubre, ante la cual el ejecutivo proclama el estado de guerra. En Madrid, se produce una insurrección de socialistas y obreros, preparada casi desde el triunfo electoral de las derechas por Largo Caballero. La ciudad de Santander es literalmente tomada por los obreros de la construcción naval. El movimiento revolucionario pronto calará también en Cataluña y Asturias.
En Cataluña, el movimiento será principalmente político y provocado por las tensas relaciones entre los gobiernos central y autonómico. Las presiones del catalanismo radical obligan a Companys a proclamar el día 6 de octubre el Estat Catalá, dentro de la República Federal Española. Al día siguiente es encarcelado el gobierno de la Generalitat en pleno.
En Asturias, gracias al acuerdo entre ugetistas y cenetistas, presenta un carácter anarco-campesino. Durante dos semanas miles de obreros, al grito de “uníos, hermanos proletarios”, resistieron la operación militar dirigida por el general Franco. Tras su rendición, el 19 de octubre, tiene lugar una dura represión, con masivos encarcelamientos y deportaciones.
Tras sofocar los movimientos revolucionarios se acentúa la bipolarización política en el país. En diciembre de 1934, en pleno debate sobre los acontecimientos de octubre, José Calvo Sotelo funda el Bloque Nacional, que pretendía ofrecerse como alternativa a la República aunando a monárquicos alfonsinos y tradicionalistas. Aunque sus relaciones con éste nunca fueron estrechas, grupos de corte fascista como Falange Española de las JONS coincidían significativamente en subrayar la importancia del ejército en la salida a la crisis. En el otro extremo comenzaban las actuaciones que darían origen al Frente Popular. Entre el 25 de julio y el 21 de agosto de 1935 se reunió en Moscú el VII Congreso de la Internacional Comunista en el que se tomaron acuerdos sobre la conveniencia de formar frentes antifascistas. Para el caso español, se concreto que la cabeza visible del mismo habría de ser Largo Caballero.
Inmersos en estos debates, las derechas se aprestaron a gobernar con talante reaccionario. La alianza radical-cedista dio vigor al poder ejecutivo durante un tiempo (en mayo de 1935, Gil Robles entra en el 4º gobierno Lerroux con la cartera de Guerra). Así, el 4 de julio de 1935 se presenta en las Cortes un proyecto de reforma constitucional que recogía las cuestiones básicas que habían crispado al país cuatro años antes: revisión del autonomismo, relaciones Iglesia-Estado, enseñanza y matrimonio. El texto debía ser discutido tras la vuelta del parón estival, pero en septiembre una nueva crisis de gobierno motivada por la negativa del ministro de Marina, Royo Vilanova, a traspasar competencias a la Generalitat lo impidió.
Además, una serie de escándalos terminaron por hundir al partido radical y acabaron con la alianza:
- El caso straperlo, surgía de las denuncias realizadas por David Strauss contra importantes líderes del Partido Radical, acusados de haber aceptado sobornos para introducir en España un juego fraudulento (una especie de ruleta trucada llamada straperlo, nombre derivado de Strauss y Perel, su socio).
- El affaire Nombela afectaba también al comportamiento irregular de varios políticos radicales. Antonio Nombela, ex director general de Colonias, denunció intentos de malversación de fondos en las partidas para el abastecimiento del ejército en África.
Aunque Lerroux fue exculpado en ambos casos, el partido radical quedó totalmente liquidado. El extremismo de los grupos de izquierda se imponía en las calles y el clima político se enrareció completamente. El 9 de diciembre se produjo una crisis total. Para evitar una ruptura revolucionaria Alcalá Zamora renunciará a la formación de un gobierno de la CEDA, como proponía Gil Robles, disolverá las Cortes y entregará el poder a un neutral, Portela Valladares, el 14 de diciembre, con la intención de convocar nuevas elecciones que serían efectivas el 16 de febrero de 1936.
En este estado de cosas, Alcalá Zamora disuelve las Cortes y convoca elecciones generales, organizadas por un hombre de reputación republicana, Martínez Barrios, presidente del gabinete de transición.
Las elecciones de 19 de noviembre de 1933, primeras con voto femenino, registraron una participación de 67% del censo electoral y arrojaron el triunfo de los partidos de derechas: la CEDA de José María Gil Robles y el Partido Radical de Lerroux, que sería el encargado de formar gobierno el 18 de diciembre de 1933. El cambio de orientación de la Cámara se debió fundamentalmente a dos circunstancias: la inclinación de la clase media hacia el centro-derecha como modo de expresar su disconformidad con las reformas del periodo anterior y la abstención propugnada por los anarquistas.
El gobierno de Lerroux pronto confirmó el giro hacia la derecha del líder radical, que se manifestó en medidas que rectificaban las emprendidas en el bienio anterior: paralización de la reforma agraria, suspensión de la Ley de Congregaciones, restitución de haberes y enseñanza eclesiástica, amnistía para los implicados en el golpe de estado del 32, incremento de la represión en el medio rural, freno a los procesos de autonomía, creación de una segunda cámara parlamentaria (el Senado), etc. Como consecuencia, mejoraron las relaciones con la Iglesia, pero se acentuaron las tensiones con el movimiento obrero, los campesinos y los autonomistas.
En este contexto se suceden una serie de crisis:
- La primera, en abril de 1934, tras las objeciones de Alcalá Zamora y algunos parlamentarios radicales a la Ley de Amnistía, y que acaba con la dimisión de Lerroux. Es sustituido por su correligionario Samper quien continuó con la política de paralización de reformas. Esto derivó en un progresivo deterioro social y en la colisión política con las instituciones catalanas. La CEDA reclama entonces su entrada en el gobierno y el PSOE amenaza con una sublevación si esto sucede.
- La segunda crisis de gobierno tiene lugar el 1 de octubre de 1934. Gil Robles retira su apoyo parlamentario de Samper que se ve obligado a dimitir, 4 de octubre. El nuevo consejo de ministros vuelve a estar presidido por Lerroux, pero incorpora a tres ministros de la CEDA en las carteras de trabajo, justicia y agricultura.
La respuesta a la formación del nuevo gobierno es contundente. UGT convoca una huelga general revolucionaria el día 5 de octubre, ante la cual el ejecutivo proclama el estado de guerra. En Madrid, se produce una insurrección de socialistas y obreros, preparada casi desde el triunfo electoral de las derechas por Largo Caballero. La ciudad de Santander es literalmente tomada por los obreros de la construcción naval. El movimiento revolucionario pronto calará también en Cataluña y Asturias.
En Cataluña, el movimiento será principalmente político y provocado por las tensas relaciones entre los gobiernos central y autonómico. Las presiones del catalanismo radical obligan a Companys a proclamar el día 6 de octubre el Estat Catalá, dentro de la República Federal Española. Al día siguiente es encarcelado el gobierno de la Generalitat en pleno.
En Asturias, gracias al acuerdo entre ugetistas y cenetistas, presenta un carácter anarco-campesino. Durante dos semanas miles de obreros, al grito de “uníos, hermanos proletarios”, resistieron la operación militar dirigida por el general Franco. Tras su rendición, el 19 de octubre, tiene lugar una dura represión, con masivos encarcelamientos y deportaciones.
Tras sofocar los movimientos revolucionarios se acentúa la bipolarización política en el país. En diciembre de 1934, en pleno debate sobre los acontecimientos de octubre, José Calvo Sotelo funda el Bloque Nacional, que pretendía ofrecerse como alternativa a la República aunando a monárquicos alfonsinos y tradicionalistas. Aunque sus relaciones con éste nunca fueron estrechas, grupos de corte fascista como Falange Española de las JONS coincidían significativamente en subrayar la importancia del ejército en la salida a la crisis. En el otro extremo comenzaban las actuaciones que darían origen al Frente Popular. Entre el 25 de julio y el 21 de agosto de 1935 se reunió en Moscú el VII Congreso de la Internacional Comunista en el que se tomaron acuerdos sobre la conveniencia de formar frentes antifascistas. Para el caso español, se concreto que la cabeza visible del mismo habría de ser Largo Caballero.
Inmersos en estos debates, las derechas se aprestaron a gobernar con talante reaccionario. La alianza radical-cedista dio vigor al poder ejecutivo durante un tiempo (en mayo de 1935, Gil Robles entra en el 4º gobierno Lerroux con la cartera de Guerra). Así, el 4 de julio de 1935 se presenta en las Cortes un proyecto de reforma constitucional que recogía las cuestiones básicas que habían crispado al país cuatro años antes: revisión del autonomismo, relaciones Iglesia-Estado, enseñanza y matrimonio. El texto debía ser discutido tras la vuelta del parón estival, pero en septiembre una nueva crisis de gobierno motivada por la negativa del ministro de Marina, Royo Vilanova, a traspasar competencias a la Generalitat lo impidió.
Además, una serie de escándalos terminaron por hundir al partido radical y acabaron con la alianza:
- El caso straperlo, surgía de las denuncias realizadas por David Strauss contra importantes líderes del Partido Radical, acusados de haber aceptado sobornos para introducir en España un juego fraudulento (una especie de ruleta trucada llamada straperlo, nombre derivado de Strauss y Perel, su socio).
- El affaire Nombela afectaba también al comportamiento irregular de varios políticos radicales. Antonio Nombela, ex director general de Colonias, denunció intentos de malversación de fondos en las partidas para el abastecimiento del ejército en África.
Aunque Lerroux fue exculpado en ambos casos, el partido radical quedó totalmente liquidado. El extremismo de los grupos de izquierda se imponía en las calles y el clima político se enrareció completamente. El 9 de diciembre se produjo una crisis total. Para evitar una ruptura revolucionaria Alcalá Zamora renunciará a la formación de un gobierno de la CEDA, como proponía Gil Robles, disolverá las Cortes y entregará el poder a un neutral, Portela Valladares, el 14 de diciembre, con la intención de convocar nuevas elecciones que serían efectivas el 16 de febrero de 1936.
EL FRENTE POPULAR.
El objetivo de Alcalá Zamora con esta convocatoria era conseguir una nueva mayoría de centroderecha sobre la que asentar la gobernabilidad del país. El resultado de las elecciones, sin embargo, fue muy distinto: triunfaron las fuerzas republicanas de izquierda, gracias a una unión propiciada por el deseo de continuar con el programa de reformas iniciado en el bienio progresista y evitar el ascenso del fascismo. Para ello se había firmado, el 15 de enero de 1936, el pacto por el que se constituía el Frente Popular, en el que se integraban PSOE, PCE, UGT, Acción Republicana de Azaña y Martínez Barrios, ORGA, y la izquierda catalana. Su programa de gobierno no era ni mucho menos revolucionario, sino reformista. Una transacción entre republicanos y marxistas para ganar las elecciones, lo que no gustó desde luego a Largo Caballero.
Tras la desintegración de los radicales, la CEDA acaparó las fuerzas políticas de derechas, integrando candidaturas que iban de los tradicionalistas a los democristianos, quedando fuera Falange Española y los nacionalistas vascos. El programa conservador basaba su estrategia en la doctrina social de la Iglesia y en poner freno a la revolución que supondría el triunfo del Frente Popular.
El domingo, 16 de febrero, se celebraron las elecciones, en las que votó un 72% del censo. Los resultados fueron muy parejos: el 53% de los sufragios recayó en los partidos de derechas y centro; el 47 % en el Frente Popular. Pero a causa de la ley electoral vigente, estos resultados tan semejantes se tradujeron en un sorprendente reparto de actas: de un total de 473 diputados, la derecha (44%) y el centro (7%) obtenían 210 escaños, mientras la izquierda (49%) lograba 263.
Desbordado por la situación, Portela Valladares dimite el día 19. Aquella misma tarde, acuciado por los rumores de una insurrección popular, Azaña se hace cargo de la presidencia de gobierno para evitar el vació de poder. La formación del nuevo gabinete fue acogida con esperanza por la mayoría de los españoles, aunque por causas distintas: para unos, constituía el menor de los males; para otros, había llegado el momento de la revancha política. En la práctica, el gobierno se tuvo que enfrentar a una acentuación de las posturas extremas, incluso entre sus partidarios.
Sin preámbulos, el ejecutivo asumió las primeras medidas: amnistía para los encausados por los sucesos de octubre del 34, relanzamiento de la reforma agraria, puesta en vigor de los estatutos de autonomía y traslado de prestigiosos militares (Franco a Canarias y Goded a Mallorca). A pesar de estas medidas, la violencia se había apoderado de las calles: enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, lucha entre bandas callejeras de distinta ideología, ocupación de fincas, etc.
Al objeto de reafirmar la nueva circunstancia política y coincidiendo con la apertura de las sesiones de Cortes, el 4 de abril, se tramita el expediente de destitución de Alcalá Zamora (artículo 81 de la constitución preveía la posibilidad de cesar al Presidente si disolvía las Cortes por 2ª vez en su mandato) al frente de la Presidencia de la República, cargo que recaerá en Manuel Azaña desde el 10 de mayo. El nuevo presidente intentará acabar con la deteriorada situación nombrando jefe de gobierno a Indalecio Prieto, socialista partidario de repetir la alianza con los partidos burgueses republicanos. Pero éste no aceptará por expresa prohibición del Comité Ejecutivo del PSOE. Esta circunstancia demostraba que los gobiernos de la izquierda burguesa serían incapaces de frenar la situación, al carecer del apoyo de los partidos obreros. Sin solución, fue elegido presidente de gobierno Santiago Casares Quiroga, de la ORGA, quien el 19 de mayo presentaba al nuevo gabinete.
Como se preveía, el gobierno de Casares se demostró inútil para resolver la grave situación interna: la derecha de Gil Robles y Calvo Sotelo utilizaba las cámaras para culpar de la situación al gobierno y veladamente al Régimen; los partidos obreros presentaban serias contradicciones sobre como abordar los problemas.
Desde entonces se acrecientan los rumores sobre una revolución social o un golpe militar. El segundo se estaba gestando en torno a la Unión Militar Española, que aglutinaba a un sector del ejército descontento con la política azañista y del que participaban también personalidades civiles opuestas a la República y grupos monárquicos. El primer paso se dio el 8 de marzo de 1936, en la reunión que mantuvieron Franco, Mola y otros jefes militares. La decisión tomada fue que el alzamiento no sería ni por la República ni por la Monarquía, sino para restablecer el orden. Los conspiradores tenían previsto sublevarse el 20 de abril, pero hubieron de desistir, entre otras cosas porque el gobierno estaba debidamente informado de tal circunstancia. Era sólo cuestión de tiempo: los generales Sanjurjo, desde Lisboa, y Mola, desde Pamplona, estaban al frente del complot.
El objetivo de Alcalá Zamora con esta convocatoria era conseguir una nueva mayoría de centroderecha sobre la que asentar la gobernabilidad del país. El resultado de las elecciones, sin embargo, fue muy distinto: triunfaron las fuerzas republicanas de izquierda, gracias a una unión propiciada por el deseo de continuar con el programa de reformas iniciado en el bienio progresista y evitar el ascenso del fascismo. Para ello se había firmado, el 15 de enero de 1936, el pacto por el que se constituía el Frente Popular, en el que se integraban PSOE, PCE, UGT, Acción Republicana de Azaña y Martínez Barrios, ORGA, y la izquierda catalana. Su programa de gobierno no era ni mucho menos revolucionario, sino reformista. Una transacción entre republicanos y marxistas para ganar las elecciones, lo que no gustó desde luego a Largo Caballero.
Tras la desintegración de los radicales, la CEDA acaparó las fuerzas políticas de derechas, integrando candidaturas que iban de los tradicionalistas a los democristianos, quedando fuera Falange Española y los nacionalistas vascos. El programa conservador basaba su estrategia en la doctrina social de la Iglesia y en poner freno a la revolución que supondría el triunfo del Frente Popular.
El domingo, 16 de febrero, se celebraron las elecciones, en las que votó un 72% del censo. Los resultados fueron muy parejos: el 53% de los sufragios recayó en los partidos de derechas y centro; el 47 % en el Frente Popular. Pero a causa de la ley electoral vigente, estos resultados tan semejantes se tradujeron en un sorprendente reparto de actas: de un total de 473 diputados, la derecha (44%) y el centro (7%) obtenían 210 escaños, mientras la izquierda (49%) lograba 263.
Desbordado por la situación, Portela Valladares dimite el día 19. Aquella misma tarde, acuciado por los rumores de una insurrección popular, Azaña se hace cargo de la presidencia de gobierno para evitar el vació de poder. La formación del nuevo gabinete fue acogida con esperanza por la mayoría de los españoles, aunque por causas distintas: para unos, constituía el menor de los males; para otros, había llegado el momento de la revancha política. En la práctica, el gobierno se tuvo que enfrentar a una acentuación de las posturas extremas, incluso entre sus partidarios.
Sin preámbulos, el ejecutivo asumió las primeras medidas: amnistía para los encausados por los sucesos de octubre del 34, relanzamiento de la reforma agraria, puesta en vigor de los estatutos de autonomía y traslado de prestigiosos militares (Franco a Canarias y Goded a Mallorca). A pesar de estas medidas, la violencia se había apoderado de las calles: enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, lucha entre bandas callejeras de distinta ideología, ocupación de fincas, etc.
Al objeto de reafirmar la nueva circunstancia política y coincidiendo con la apertura de las sesiones de Cortes, el 4 de abril, se tramita el expediente de destitución de Alcalá Zamora (artículo 81 de la constitución preveía la posibilidad de cesar al Presidente si disolvía las Cortes por 2ª vez en su mandato) al frente de la Presidencia de la República, cargo que recaerá en Manuel Azaña desde el 10 de mayo. El nuevo presidente intentará acabar con la deteriorada situación nombrando jefe de gobierno a Indalecio Prieto, socialista partidario de repetir la alianza con los partidos burgueses republicanos. Pero éste no aceptará por expresa prohibición del Comité Ejecutivo del PSOE. Esta circunstancia demostraba que los gobiernos de la izquierda burguesa serían incapaces de frenar la situación, al carecer del apoyo de los partidos obreros. Sin solución, fue elegido presidente de gobierno Santiago Casares Quiroga, de la ORGA, quien el 19 de mayo presentaba al nuevo gabinete.
Como se preveía, el gobierno de Casares se demostró inútil para resolver la grave situación interna: la derecha de Gil Robles y Calvo Sotelo utilizaba las cámaras para culpar de la situación al gobierno y veladamente al Régimen; los partidos obreros presentaban serias contradicciones sobre como abordar los problemas.
Desde entonces se acrecientan los rumores sobre una revolución social o un golpe militar. El segundo se estaba gestando en torno a la Unión Militar Española, que aglutinaba a un sector del ejército descontento con la política azañista y del que participaban también personalidades civiles opuestas a la República y grupos monárquicos. El primer paso se dio el 8 de marzo de 1936, en la reunión que mantuvieron Franco, Mola y otros jefes militares. La decisión tomada fue que el alzamiento no sería ni por la República ni por la Monarquía, sino para restablecer el orden. Los conspiradores tenían previsto sublevarse el 20 de abril, pero hubieron de desistir, entre otras cosas porque el gobierno estaba debidamente informado de tal circunstancia. Era sólo cuestión de tiempo: los generales Sanjurjo, desde Lisboa, y Mola, desde Pamplona, estaban al frente del complot.
1 comentarios:
Manuel, me toca hacer el mapa conceptual y el cuadro sinóptico de este tema, pero no entiendo muy bien si la CEDA de José María Gil Robles y el Partido Radical de Lerroux forman los partidos de Derecha que fueron arrojados del triunfo, los que perdieron esas elecciones o si el Partido Radical de Lerroux fue quien ganó.
¿Me lo puedes aclarar?
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