TEMA 6. EL RÉGIMEN DE LA RESTAURACIÓN.
Tras el pronunciamiento militar de Martínez Campos en Sagunto, en diciembre de 1874, se instauró un nuevo sistema político, al que se conoce con el nombre de Restauración, que se prolongará hasta 1931. Este periodo pasa por dos fases separadas por la crisis de 1898, la primera de las cuales estudiaremos en este tema. La Restauración supuso algo más que el restablecimiento de la monarquía borbónica en la persona de Alfonso XII. Significó, sobre todo, un nuevo régimen liberal conservador, no democrático, que permitiera a los grupos dominantes mantener su posición sin los peligros que introducía para ellos la democracia.
El régimen de la Restauración pretendía resolver los problemas políticos y sociales de la etapa isabelina y el Sexenio Democrático:
- Por una parte, se trataba de crear un sistema político compartido por todos los sectores burgueses, de forma que ningún grupo se viera obligado al pronunciamiento militar o a la sublevación popular para acceder al poder.
- Por otra, se trataba de asegurar la exclusión de las clases bajas de la vida política, cuya presencia a partir del 68 había resquebrajado el orden social burgués.
La Restauración fue, por tanto, un giro político conservador que se explica por el temor de las clases propietarias a que se repitiera la experiencia democrática del Sexenio. Para impedirlo se diseñó un sistema abierto a la participación de todos los sectores de las clases dirigentes y cerrado a los grupos subordinados y movimientos populares.
El gran artífice del nuevo sistema fue Antonio Cánovas del Castillo, hombre ligado al sector menos reaccionario del moderantismo, que había participado en el pronunciamiento de 1854 y redactado el Manifiesto de Manzanares. Su actitud política era equidistante entre los revolucionarios y los reaccionarios; su modelo político era la Inglaterra victoriana, donde los partidos conservador y liberal colaboraban en la consolidación del sistema liberal. Su madurez política llegó con la revolución del 68, de la que se desmarcó a medida que se radicalizaba. Criticó la doctrina de derechos del hombre, se opuso al sufragio universal y apoyó la decisión de prohibir la A.I.T. Cánovas consiguió aglutinar en torno a Alfonso XII un amplio frente conservador, partidario del restablecimiento de la monarquía a través de una transacción entre todos los grupos desengañados de los resultados políticos y sociales del Sexenio democrático.
6.1. El Sistema Canovista: La Constitución de 1876 y el turno de partidos.
Aunque la Restauración supuso cierto retorno al conservadurismo anterior al Sexenio, es evidente que también consolidó el ciclo de la implantación definitiva de un estado liberal. Durante este periodo fue posible la pacificación del país, se llegó a un pacto con la iglesia y se mantuvo al ejército alejado del juego político. No obstante, los indudables aciertos mencionados se vieron menoscabados por el falseamiento sistemático de los procesos electorales.
El programa político de la causa alfonsina se plasmó en el Manifiesto de Sandhurst, de diciembre de 1874, redactado por Cánovas. El futuro Alfonso XII se presentaba ante el pueblo español con el compromiso de ser el rey de todos los españoles, con evidente intención de corregir la actitud de su madre, Isabel II, vinculada a los intereses moderados. El príncipe apelaba a dos grandes principios, el catolicismo y el liberalismo.
El Manifiesto respondía a las aspiraciones de todos aquellos sectores deseosos de poner fin al deterioro político del Sexenio y de crear un orden liberal estable. No es pues extraño el recibimiento apoteósico con que fue acogido el joven rey en Barcelona y Madrid en enero de 1875, como “procurador de la convivencia entre todos”. Además, establecía el fundamento de la política de la Restauración, dando cabida a todos los liberales que aceptaran la monarquía alfonsina: moderados, progresistas, unionistas e incluso demócratas. Quedaban excluidos los carlistas y los republicanos.
El régimen de la Restauración pretendía resolver los problemas políticos y sociales de la etapa isabelina y el Sexenio Democrático:
- Por una parte, se trataba de crear un sistema político compartido por todos los sectores burgueses, de forma que ningún grupo se viera obligado al pronunciamiento militar o a la sublevación popular para acceder al poder.
- Por otra, se trataba de asegurar la exclusión de las clases bajas de la vida política, cuya presencia a partir del 68 había resquebrajado el orden social burgués.
La Restauración fue, por tanto, un giro político conservador que se explica por el temor de las clases propietarias a que se repitiera la experiencia democrática del Sexenio. Para impedirlo se diseñó un sistema abierto a la participación de todos los sectores de las clases dirigentes y cerrado a los grupos subordinados y movimientos populares.
El gran artífice del nuevo sistema fue Antonio Cánovas del Castillo, hombre ligado al sector menos reaccionario del moderantismo, que había participado en el pronunciamiento de 1854 y redactado el Manifiesto de Manzanares. Su actitud política era equidistante entre los revolucionarios y los reaccionarios; su modelo político era la Inglaterra victoriana, donde los partidos conservador y liberal colaboraban en la consolidación del sistema liberal. Su madurez política llegó con la revolución del 68, de la que se desmarcó a medida que se radicalizaba. Criticó la doctrina de derechos del hombre, se opuso al sufragio universal y apoyó la decisión de prohibir la A.I.T. Cánovas consiguió aglutinar en torno a Alfonso XII un amplio frente conservador, partidario del restablecimiento de la monarquía a través de una transacción entre todos los grupos desengañados de los resultados políticos y sociales del Sexenio democrático.
6.1. El Sistema Canovista: La Constitución de 1876 y el turno de partidos.
Aunque la Restauración supuso cierto retorno al conservadurismo anterior al Sexenio, es evidente que también consolidó el ciclo de la implantación definitiva de un estado liberal. Durante este periodo fue posible la pacificación del país, se llegó a un pacto con la iglesia y se mantuvo al ejército alejado del juego político. No obstante, los indudables aciertos mencionados se vieron menoscabados por el falseamiento sistemático de los procesos electorales.
El programa político de la causa alfonsina se plasmó en el Manifiesto de Sandhurst, de diciembre de 1874, redactado por Cánovas. El futuro Alfonso XII se presentaba ante el pueblo español con el compromiso de ser el rey de todos los españoles, con evidente intención de corregir la actitud de su madre, Isabel II, vinculada a los intereses moderados. El príncipe apelaba a dos grandes principios, el catolicismo y el liberalismo.
El Manifiesto respondía a las aspiraciones de todos aquellos sectores deseosos de poner fin al deterioro político del Sexenio y de crear un orden liberal estable. No es pues extraño el recibimiento apoteósico con que fue acogido el joven rey en Barcelona y Madrid en enero de 1875, como “procurador de la convivencia entre todos”. Además, establecía el fundamento de la política de la Restauración, dando cabida a todos los liberales que aceptaran la monarquía alfonsina: moderados, progresistas, unionistas e incluso demócratas. Quedaban excluidos los carlistas y los republicanos.
6.1.1. La Constitución de 1876.
Desde el punto de vista teórico el ideario de la Restauración habría de quedar plasmado en un texto constitucional. Siguiendo las disposiciones vigentes de 1872 se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes por sufragio universal, aunque muy condicionado por el poder. Las elecciones, con una gran abstención, dieron un triunfo abrumador a la mayoría conservadora gubernamental.
La discusión del proyecto constitucional se formuló de manera suficientemente flexible para que diera cabida a los distintos programas liberales. Antes de que comenzaran los debates, Cánovas consideró fundamental establecer unas premisas para poder situar a la monarquía por encima de los partidos políticos y para que quedara fuera de posibles futuros debates sobre su validez y poderes; apeló para ello a la existencia previa de una constitución interna que debía ser el fundamento de cualquier constitución escrita o, lo que era lo mismo, la existencia de unas instituciones fundamentales –Monarquía y Cortes- que eran anteriores y superiores a todo texto escrito.
Aceptados estos supuestos por el Congreso (la potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey), los artículos de la misma fueron aprobados en poco tiempo y con breves debates, si se exceptúan los tocantes a la cuestión religiosa. El Congreso se dividió entre los defensores de la unidad católica y los de la tolerancia de cultos, en la línea de la Constitución del 69; al final se llegó a una fórmula intermedia, intentando contentar a unos y a otros.
La Constitución del 76, de sólo ochenta y nueve artículos, establece una imperfecta división de poderes, al otorgar al monarca la facultad de nombrar al jefe de gobierno; reconoce vagamente las libertades políticas básicas; presenta un parlamento bicameral compuesto por Congreso y Senado con iguales facultades, este último formado en gran parte por “senadores por derecho propio y vitalicios”; finalmente se atiende a la confesionalidad del estado, aunque se acepta el ejercicio privado de otras religiones.
La nueva Constitución era un documento relativamente flexible, a medio camino entre la moderada de 1845 y la democrática de 1869:
- De la primera tomaba los principios de la soberanía compartida (Cortes y Rey) y de la constitución histórica (la monarquía es el fundamento del Estado, por tanto la nación no es depositaria exclusiva del poder).
- De la segunda, recogía la declaración de derechos del ciudadano, aunque en la práctica se recortaba su extensión o se remitía su aplicación a leyes posteriores de rango inferior. Esto último sucedió, por ejemplo en la cuestión del sufragio, que a partir de 1878 volvió a ser censitario, otorgando el derecho al voto a los propietarios o a las personas con un alto nivel de instrucción. En términos reales, el nuevo sistema electoral reducía el cuerpo electoral a poco más del 5%. Durante el gobierno de Sagasta se volvió nuevamente al sufragio universal masculino.
6.1.2. El turno de partidos.
Con la Constitución del 76 comenzó su andadura el llamado sistema canovista. Para dotarlo de estabilidad, Cánovas lo sustentó en dos principios: la mencionada soberanía compartida y una práctica política que debía efectuarse sobre la alternancia pacífica de unos partidos oficiales que aceptaran la legalidad constitucional, siguiendo el modelo inglés. Esta alternancia o turno de partidos trataba se significar dos cosas diferentes:
- El fin del exclusivismo político. A partir de ahora ningún partido monopolizaría en exclusiva el poder.
- La eliminación del recurso al pronunciamiento militar o a la insurrección para recuperar el poder.
-
Estos partidos no nacieron espontáneamente. Durante los primeros años se vivió un complicado juego de alianzas y exclusiones que llevó a la creación de los grupos que se turnaron en el poder: el Partido Liberal-Conservador y el Partido Liberal.-Fusionista, fundado en 1880.
El dirigente del partido liberal-conservador fue, hasta su asesinato en agosto de 1897, el propio Antonio Cánovas del Castillo. Los conservadores se formaron a partir de la integración de los antiguos moderados, los unionistas y algunos sectores católicos.
La figura central del partido liberal-fusionista fue hasta 1903 el antiguo progresista Práxedes Mateo Sagasta. El progresismo de Sagasta era esencialmente de orden, es decir, contrario a todo lo que pusiera en peligro al régimen burgués. El partido estaba formado por antiguos progresistas, algún unionista y políticos descontentos con Cánovas, como Martínez Campos; más tarde se adhirieron algunos republicanos. La asunción de la constitución del 76 suponía para los progresistas la renuncia al principio de soberanía nacional, que les había caracterizado hasta entonces. Pero no renunciaron a la incorporación paulatina de alguno de los logros del Sexenio, como el sufragio universal.
Los dos partidos “dinásticos” no estaban estructurados a la manera de los actuales partidos políticos. Eran, fundamentalmente, partidos de notables con poca cohesión ideológica y escasa coordinación entre sus miembros, sin una estructura organizativa y sin afiliados. Eran, sobre todo, grupos políticos más o menos unidos en torno a líderes de gran influencia nacional o provincial.
Conservadores y fusionistas establecieron un sistema de rotación en el poder (el turno), que logró mantenerse durante más treinta años. El sistema se basaba en el siguiente mecanismo: cuando el partido en el poder se veía sometido a presiones, el rey llamaba a gobernar al otro partido. Para darle visos de legalidad, el monarca otorgaba al nuevo presidente de Gobierno el decreto de disolución de las Cortes y se celebraban nuevas elecciones, que estaban manipuladas para que el resultado satisficiera al nuevo gobierno y respetara a la oposición.
El funcionamiento del turno descansaba por tanto en dos condiciones pactadas: la implicación de la Corona como árbitro entre los partidos y el falseamiento electoral, mediante dos procedimientos:
1. El encasillado, por el que las fuerzas políticas negociaban y se repartían los distritos electorales. Y
2. El pucherazo o fraude electoral: compra de votos, intimidaciones, falseamiento de listas electorales, etc.
La corrupción electoral no era un fenómeno exclusivo de la Restauración ni de España, si lo era que las élites políticas pactaran para llevarla a la práctica.
Cánovas presidió los primeros gobiernos de la Restauración. La nota predominante de los mismos fue el reforzamiento del centralismo administrativo y de la coerción política. En este sentido se produce la abolición de los fueros de las provincias vascas en 1876 y la reorganización de las Diputaciones y los Ayuntamientos, algunos de cuyos miembros y cuyos presupuestos debían ser aprobados por el rey. El orden exigía también el control de la opinión pública, primero mediante la censura a impresos y periódicos y, más tarde, mediante la Ley de imprenta de 1879, que extendió la consideración de delito a todo ataque contra el sistema político de la Restauración.
En 1881 accedió por vez primera al poder Sagasta. Era la primera ocasión en que los progresistas fueron llamados a gobernar sin tener que usar la fuerza. Este primer gobierno fusionista fue breve (hasta 1883), pero permitió poner en práctica algunas reformas, como la ampliación de la libertad de expresión y la creación de una Comisión de Reformas Sociales, encargadas de estudiar los problemas de los obreros.
Curiosamente, la alternancia pacífica alcanzó su plenitud tras la muerte de Alfonso XII. La situación de riesgo que esto suponía para el nuevo régimen fue solventada mediante el Pacto de El Pardo de 1885, que garantizaba la alternancia de partidos en los términos descritos con anterioridad. El pacto permitió así estabilizar la situación política hasta que Alfonso XIII alcanzara la mayoría de edad (lo que sucedería en 1902). Hasta entonces se establecía la Regencia de la reina viuda, María Cristina de Habsburgo-Lorena.
6.2. La evolución política durante el reinado de Alfonso XII y la regencia de Mª Cristina.
El acceso al trono de Alfonso XII y la puesta en funcionamiento de la Constitución del 76 inició políticamente el periodo de La Restauración bajo el mandato del gobierno conservador, presidido por Cánovas. El objetivo prioritario de este primer gobierno del turno fue reforzar el control del Estado lo que hacía necesario la pacificación del país y la puesta en marcha de medidas políticas y administrativas de tipo reformista.
El final del conflicto carlista tuvo lugar en marzo de 1876 con la firma del manifiesto de Somorrostro y la huida del pretendiente, Carlos VII, a Francia. Los carlistas ya no volvieron a levantarse en armas, aunque su pensamiento se mantuvo vivo a través del nacionalismo. A partir de su derrota militar, comenzaron a participar en la vida política situándose en la extrema derecha del arco parlamentario.
Cánovas aprovechó el fin de la guerra para abordar la reforma del régimen foral. Los fueros vasco navarros fueron abolidos o modificados, no tanto como castigo por el apoyo a la causa carlista sino porque la consolidación del Estado liberal implicaba la necesidad de unificar legalmente el país. Esta actuación era además acorde con la centralización de una administración más moderna y eficaz. Lo más significativo de esta modificación fue la adopción de una formula conciliadora: la obligación por parte de las provincias vascas y Navarra de contribuir con contingentes al servicio militar obligatorio y el establecimiento de un Concierto Económico que todavía perdura. Según esta fórmula, los impuestos no los cobraba la hacienda del Estado sino las diputaciones forales, quienes aportaban después a las arcas del estado el cupo acordado como contribución a los presupuestos generales.
La solución del conflicto carlista permitió enviar más soldados a Cuba, donde finalmente el general Martínez Campos conseguiría pacificar la isla a través de la Paz de Zanjón, firmada el 12 de febrero 1878, en virtud de la cual se concedía a los cubanos los mismos derechos que a los españoles.
Paralelamente, el primer gobierno Cánovas inició una serie de reformas administrativas cuyo propósito, como queda dicho era afianzar el control del Estado tras la inestabilidad del periodo republicano y consolidar el nuevo régimen. Dichas reformas se concretaron en el control de los ayuntamientos, la limitación de la libertad de cátedra, la Ley Electoral y la Ley de Imprenta:
- El control de los ayuntamientos se realizó a través de la ley de diciembre de 1876, que atribuía a los gobernadores civiles la potestad de aprobar los presupuestos municipales y a la Corona el nombramiento de los alcaldes de las ciudades de más de 30.000 habitantes.
- La reforma Orovio exigía al profesorado fidelidad al gobierno y evitaba la posibilidad de expresar libremente la opinión del profesorado universitario y de educación secundaria.
- La Ley Electoral del 78 establecía el sufragio censitario, al señalar como electores a los mayores de 25 años, contribuyentes con 25 pesetas por subsidio territorial o 50 por subsidio industrial. Se así reducía el cuerpo electoral a 850.000 personas.
- La Ley de Imprenta de enero de 1879 consideraba delito cualquier crítica a la Monarquía y al régimen político de la Restauración.
El febrero de 1881, una cierta sensación de cansancio en el gobierno de los conservadores y la impaciencia del líder de los fusionistas, Mateo Sagasta provocarán el primer turno pacífico. Quien accede al poder, y así será en lo sucesivo, lo hace por mandato real y no por un proceso electoral, que se realiza a posteriori y que arroja siempre los resultados apetecidos a través de una fórmula de falseamiento electoral.
La necesidad consolidar el partido fusionista, constituido apenas un año antes, condicionaron la política del mismo que estuvo centrada en acabar con las tensiones provocadas por la política restrictiva de Cánovas. Sagasta derogó las limitaciones a la libertad de expresión y cátedra, al tiempo que permitió que las asociaciones obreras y republicanas se reunieran con libertad. Sus vacilaciones produjeron tres hechos de considerable importancia durante este primer gobierno: los sucesos de Andalucía, la huelga de tipógrafos y el pronunciamiento republicano.
- En Andalucía, los sucesos en torno a la Mano Negra fueron un asunto turbio, inventado o magnificado por la policía sobre a una sociedad secreta anarquista que pretendía acabar con los terratenientes de la zona. Lo cierto es que ello sirvió de pretexto para la condena indiscriminada de los dirigentes anarquistas andaluces.
- La huelga de tipógrafos de Madrid tuvo como causa la incapacidad del Gobierno para atenuar los efectos de la recesión económica de 1882. En esta huelga aparece por primera vez en escena el Partido Socialista Obrero Español, fundado por Pablo iglesias en 1879.
- El intento de pronunciamiento republicano de 1883 fue reprimido con dureza, llegándose al procesamiento de los golpistas, para quienes se pidió incluso la pena de muerte. El rey, aprovechando los mecanismos que le proporcionaba la Constitución, decidió cesarle, hecho lo cual encargó de nuevo a Cánovas la tarea de formar gobierno en enero de 1884.
En noviembre de 1885 se produjo el fallecimiento de Alfonso XII cuando contaba sólo veintiocho años. Mª Cristina de Habsburgo, su segunda esposa, embarazada del futuro Alfonso XIII, asumió entonces la regencia. Cánovas, a la sazón jefe del gobierno, acordó con Sagasta cederle el poder durante los primeros años con el fin de garantizar la estabilidad del sistema en virtud de un acurdo tácito conocido tradicionalmente como Pacto de El Pardo.
Se inicia entonces un periodo conocido como el Parlamento largo (1885-1890), gobernado por el partido fusionista –llamado ahora liberal- y cuyo objetivo fue poner en práctica medidas liberalizadoras. Se aprobó la libertad de prensa e imprenta, la de cátedra y la de asociación (Ley de Asociaciones de 1887), que permitió la aparición de organizaciones sindicales como la UGT.
En esta etapa se desarrollaron también la Ley del Jurado (1888), que permitía a la sociedad participar en la administración de justicia, así como el Código Civil de 1889, que consagraba un orden social basado en la primacía de la propiedad como derecho individual, y la legislación que implantaba el sufragio universal masculino para los mayores de 25 años en 1890. Estas reformas constituían la práctica totalidad del programa liberal; el mérito de los conservadores al regresar al poder fue respetar los cambios que habían realizado sus adversarios.
A pesar de todo, no se debe exagerar la importancia de la apertura del régimen. Sí es cierto que hubo mayor libertad de opinión, de reunión y de asociación, pero la conquista más importante, el sufragio universal, quedó desvirtuada por la manipulación electoral. Las primeras elecciones por sufragio universal dieron como resultado la victoria de Cánovas en julio de 1990, sin que variara lo más mínimo el fraude. En su corta etapa de gobierno se adoptaron medidas económicas encaminadas a modificar el sistema monetario y, sobre todo, la adopción de una política proteccionista mediante la Ley del arancel de 1891.
En diciembre de 1892, Sagasta formó gobierno y volvió a ganar las elecciones, aunque con la sorpresa de la presencia en Cortes de un significativo grupo republicano que, incluso, ganó en Madrid. Lo más destacado del mandato liberal fue el proyecto de reforma para el gobierno y la administración de Cuba, que acabó chocando con los intereses indianos. Precisamente en ese momento se estaba gestando una nueva insurrección en la isla que estalló en febrero de 1895. Un mes después Cánovas fue llamado a formar gobierno. Toda la trayectoria de este gobierno conservador estuvo marcada por la guerra de Cuba y por los intentos fallidos de dominar la revuelta. El 8 de agosto de 1897, Cánovas era asesinado por el anarquista Michele Angiolillo mientras descansaba en un balneario de Mondragón. El magnicidio provocó una nueva crisis de gobierno, pero tampoco los liberales consiguieron poner fin al conflicto cubano que concluyó en 1898 con la pérdida de las últimas colonias españolas y una crisis moral y política que afectó de lleno al régimen de la Restauración.
A Cánovas le sustituyó Francisco Silvela en la jefatura del partido. Sagasta murió en 1903, momento en el que el partido empezó a dividirse en varias tendencias. El régimen sufrió un duro varapalo con la desaparición de ambos políticos iniciando otra etapa marcada por un nueva actitud: el regeneracionismo, y la mayoría de edad de Alfonso XIII desde 1902.
6.3. Oposición política al régimen de la Restauración.
El diseño de un régimen tan cerrado como el de la Restauración generó lógicamente un bloque de oposición política sustentado desde ideologías contrapuestas. Dichas alternativas fueron básicamente dos: la que defendía el retorno al absolutismo tradicionalista y era promovida por los carlistas ultraderechistas y la que proponía un radicalismo democrático y era animada por los republicanos. Además de estas dos fuerzas surgieron nuevos movimientos políticos nacionalistas en las regiones periféricas, principalmente Cataluña y el País Vasco, y otros de carácter obrero, centrados en las reivindicaciones sociales y laborales, que actuaron en oposición al régimen canovista. Desde finales de los ochenta, aprovecharon la amplia libertad de prensa para exponer desde las páginas de sus publicaciones todo tipo de ideas sin apenas restricciones.
6.3.1. Los carlistas.
Tras la derrota de 1876, el carlismo entró en un periodo de declive por diversas causas:
- La irreversible disminución de su apoyo social (menos del 3% de la población).
- La emigración a Francia de oficiales y jóvenes combatientes (alrededor de 15.000, de los que unos 3.000 se acogieron a medidas de reinserción tras jurar fidelidad a Alfonso XII).
- La pérdida de apoyo por parte del clero.
- La integración progresiva en el partido canovista de los más destacados ultracatólicos.
Este periodo culminó en 1888 con la escisión de los llamados “integristas”, partidarios de una línea de intransigencia católica, de enfrentamiento contra los católicos liberales y de renuncia a la participación electoral. Con posterioridad el carlismo inició un proceso de modernización organizativa, comenzó a participar en las elecciones y se orientó hacia la política de masas. Para ello se recompuso el partido y se potenció la creación de los círculos tradicionalistas, espacios de política y ocio para las bases. La renovación pretendía también frenar el ascenso del republicanismo y del socialismo entre las clases populares.
A pesar del retroceso y del abandono de las actividades bélicas, el carlismo siguió manteniendo una actitud agresiva, manifestada a través de sus publicaciones: “El Cañón”, “El Combate”, “El Centinela”… que derivó a principios del siglo XX en la formación de milicias paramilitares armadas como los Batallones de la Juventud que, sin embargo, contaron con un apoyo mínimo.
6.3.2. Los republicanos.
Durante el último cuarto del siglo XIX, los republicanos permanecieron desunidos en diferentes y minúsculas tendencias: federalistas, unitarios; filoliberales, prosocialistas…, que afectaban también a sus principales líderes: Pi y Margall, Castelar, Figueras, quienes mantenían durísimas rivalidades.
Algunos de los pequeños grupos que componían el republicanismo eran el Partido Posibilista (liderado por el derechista Emilio Castelar), el Partido Federal-Orgánico (encabezado por Estanislao Figueras), el Partido Federal (con Francisco Pi y Margall al frente), el Partido Democrático-Progresista (dirigido por Manuel Ruiz Zorrilla), el Partido Reformista (de Nicolás Salmerón) y el Partido Progresista (de José Canalejas, que terminó por integrarse en las filas del liberalismo).
Esta extremada fragmentación debilitó al republicanismo que acumuló sucesivos fracasos políticos y perdió apoyos sociales tras la caótica experiencia de la I República. Hasta sus propuestas ideológicas quedaron obsoletas, pues olvidaron los problemas del campesinado, las reivindicaciones de la clase obrera y las reformas de contenido social. Además del antimonarquismo, el programa republicano solía defender la organización federal de estado, el servicio militar obligatorio sin excepciones, la unión con Portugal, el juicio por jurados o la erradicación del caciquismo. A pesar de que algunas de estas propuestas chocaban frontalmente contra el sistema, la mayoría de sus líderes aceptaron las reglas del juego político, actuando desde la legalidad y acudiendo a las citas electorales. Sólo un sector minoritario prefirió seguir fiel a los viejos métodos revolucionarios, tramando conspiraciones a veces “contra natura” (con carlistas o anarquistas) para dar un golpe de mano que acabase con la monarquía.
Tras el 98, los republicanos iniciaron un proceso de unificación fundamentado en tres principios básicos: la defensa de la República, las reformas sociales y una ideología basada en el progreso y el anticlericalismo. Dicho se proceso se constató en la creación de la Unión republicana en 1903. A partir de ese momento se produjo un lento y progresivo aumento de la influencia del republicanismo, especialmente en los medios urbanos, destacando el lerrouxismo en Cataluña (liderado por Alejandro Lerroux) y el blasquismo en Valencia (liderado por Vicente Blasco Ibañez).
6.3.3. El movimiento obrero.
Se vio muy afectado por la vuelta de la monarquía y el orden liberal, pues el régimen de la Restauración no intentó en ningún momento integrarlo en el sistema. Desde 1874, los grupos obreros ligados a la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) pasaron a la clandestinidad, lo que tuvo como consecuencia la desarticulación organizativa del movimiento y la radicalización de su ideología.
El anarquismo se reorganizó en la década de los ochenta en la Federación de Trabajadores de la Región Española (FTRE), con fuerte implantación en Andalucía y Cataluña. A partir de la década de los noventa, los anarquistas llevaron a cabo tres tipos de acciones:
- Sindical. Estimulada por la huelga general y la reivindicación de la jornada laboral de ocho horas.
- Violenta, como los atentados en Barcelona (1893-96) o el asesinato de Cánovas en 1897.
- Cultural.
La represión de los anarquistas fue sistemática. A partir de los atentados de Barcelona, se produjeron numerosas detenciones, ejecuciones y destierros. El proceso desencadenó una masiva protesta por parte de los intelectuales y políticos progresistas.
Los socialistas, por su parte, se organizaron en torno al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), fundado en Madrid en 1879 por Pablo Iglesias. Inicialmente los rasgos del socialismo español fueron los siguientes:
- La influencia del marxismo francés, que le llevaba a dirigirse a un tipo de obrero, el proletariado industrial, poco numeroso en España.
- La defensa de la doctrina de la lucha contra las fuerzas políticas burguesas. Este discurso presentaba a los republicanos como defensores de los intereses de la burguesía, lo que les mantuvo alejados durante algún tiempo de las masas populares republicanas.
- La creencia en el hundimiento inevitable del capitalismo, lo que conducía a subordinar la lucha sindical a la acción política.
El PSOE tuvo un lento crecimiento e implantación de modo que sólo en 1909 y gracias a la formación de la Conjunción Republicano-Socialista logró su primera acta de diputado para Pablo Iglesias.
6.3.4. Los nacionalismos.
A finales del siglo XIX se produjo la eclosión de los nacionalismos periféricos. Hasta entonces los movimientos regionalistas se habían centrado en el ámbito cultural. En la Restauración expresaron además reivindicaciones políticas autonomistas frente al modelo de Estado centralista y uniformizador.
El catalanismo.
Encontró en el pasado histórico muchos argumentos para respaldar sus reclamaciones políticas en un momento en que Cataluña era la región más desarrollada e industrial de España. Los aspectos más sobresalientes en la gestación del nacionalismo catalán son los siguientes:
a) La aparición de la RenaixenÇa, movimiento intelectual y literario cuyo propósito era recuperar las señas culturales tradicionales de Cataluña, en especial el idioma.
b) La creación del Centre Catalá en 1882, promovido por Vicente Almirall quien pretendió defender el proteccionismo industrial y el derecho particular de Cataluña frente a la uniformización del derecho español a través del Memorial de Greuges.
c) La creación de la organización autonomista Unió Catalanista en 1891 por Enric Prat de la Riba, en cuyo programa político –conocido como Bases de Manresa- reclamaba un amplio régimen de autogobierno para Cataluña, dentro de la monarquía española.
d) La formación de la Lliga Regionalista en 1901, partido nacionalista burgués, católico y posibilista. Liderado por Francesc Cambó, tenía como objetivos principales la autonomía para Cataluña y defender los intereses económicos de los industriales catalanes.
El nacionalismo vasco.
Surgió en torno al Partido Nacionalista Vasco (PNV) fundado en 1895 por Sabino Arana Goiri, quien como muchos otros nacionalistas tenía antecedentes familiares en el carlismo y el tradicionalismo foralista. La aparición del nacionalismo vasco coincide con los bruscos cambios experimentados en la sociedad vizcaína a causa de la rápida industrialización de la región y la llegada masiva de inmigrantes. Los fundamentos del nacionalismo vasco son los siguientes:
- Defensa de la separación de España y creación de un Estado vasco independiente formado por las tres provincias vascas, Navarra y los territorios del País Vasco francés.
- Agresivo radicalismo antiespañol.
- Exaltación racista y xenófoba de la etnia vasca.
- Integrismo ultracatólico.
- Promoción de la lengua vasca.
- Apología del mundo rural vasco.
- Denuncia del carácter españolista del carlismo.
Durante la primera década del siglo XX, el PNV encontró escasos apoyos sociales. Asimismo, los principales intelectuales y artistas vascos –Unamuno, Baroja, Zuloaga…- rechazaron el nacionalismo vasco por su carácter ruralista, clerical, antimoderno y separatista. Esta circunstancia le llevó a incorporar entre sus filas al grupo fuerista dirigido por Ramón de la Sota, menos radical en sus planteamientos, lo que le permitió algunos éxitos electorales a nivel local. Desde entonces convivieron dos tendencias en el seno del partido: los posibilistas, que postula la autonomía dentro del Estado, y la aranista, fiel a los planteamientos independentistas.
Otros nacionalismos.
El nacionalismo gallego y el valencianismo experimentaron un desarrollo mucho más lento. Aunque un grupo de intelectuales como Rosalía de Castro o Manuel Murguía intentaron impulsar un Rexurdimento cultural para difundir la lengua gallega a finales del siglo XIX, el movimiento político no adquirió una formulación programática hasta 1918 con la primera asamblea de las Irmandades de la fala.
En valencia, la acción regionalista de recuperación cultural se inició con la creación en 1878 de la Societat de lo Rat Penat y el valencianismo político tuvo su punto de partida en 1904, con la fundación de la organización Valencia Nova que reclamaba la autonomía para la región.
6.4. Crisis del 98: liquidación del imperio colonial y consecuencias.
La política colonial española entre 1875 y 1898 estuvo caracterizada por el “recogimiento”, es decir, por una política que trataba de no involucrar a España en los compromisos internacionales y de respetar el equilibrio de las potencias para no tener que enfrentarse a ninguna de ellas. No era un aislamiento en sentido estricto, pero a medio plazo el precio que tuvo que pagar fue el mismo pues no pudo contar con apoyos exteriores cuando los necesitó.
Si bien Cánovas ensalzaba el colonialismo, era consciente del pobre papel internacional de España, por lo que la actividad política estaba centrada en mantener unas colonias diseminadas por el mundo y, como mucho, intervenir en el norte de África. A estos intereses responden la Conferencia Internacional de Madrid sobre Marruecos, en 1880, que permitió el reconocimiento de intereses españoles sobre la zona y el conflicto hispano-alemán sobre las Carolinas, resuelto por el papa León XIII, con una solución de compromiso que otorgaba la soberanía del archipiélago a España aunque concedía ventajas económicas a Alemania.
No obstante, la gran preocupación de los gobiernos de la Restauración fue conservar sus grandes colonias en las Antillas y Extremo Oriente: Cuba, Puerto Rico y Filipinas. De hecho, la cuestión cubana había estado en el trasfondo del triunfo Alfonsino en 1875, pues los círculos con intereses económicos en la isla y los hacendados cubanos habían prestado su apoyo financiero a la causa de la Restauración.
La Paz de Zanjón de 1878 puso fin a la denominada “guerra larga”, pero sólo aplazó el problema cubano. La paz prometía unas nuevas condiciones políticas y administrativas, el fin de la esclavitud y una amnistía que no fueron aplicadas con diligencia. Como consecuencia surgieron partiros como el Liberal autonomista que recogían las aspiraciones de autogobierno. Además, la situación en la isla se complicó como consecuencia de la nueva política comercial impuesta en Cuba:
- Los productos españoles tenían un mercado protegido en la isla, sin embargo España no era la principal compradora de los productos cubanos.
- Al tiempo, la política arancelaria española (Ley del arancel, 1891), impedía la compra por Cuba de los productos de Estados Unidos y Europa.
Antonio Maura, Ministro de Ultramar, consciente de la gravedad de los acontecimientos, propuso la concesión de autogobierno para Cuba en el año 1892; pero su proyecto fracasó por las presiones de los grupos oligárquicos. El proceso de lucha por la independencia era imparable.
En febrero de 1895 estalló nuevamente el conflicto con “el grito de Baire”. La primera respuesta del gobierno de Cánovas fue intentar la pacificación negociada enviando al general Martínez Campos. Fracasada esta vía, se impuso la línea dura del general Valeriano Weyler, dirigida también contra la población civil.
Los insurrectos contaban además con el apoyo popular, se habían fortalecido políticamente con la labor realizada por el intelectual José Martí y su Partido Revolucionario Cubano y tenían el apoyo de Estados Unidos. A pesar de la búsqueda de respaldos internacionales, España se encontró aislada en la defensa de sus derechos de soberanía. Por si fuera poco, en 1896 se abrió un nuevo frente, la insurrección en Filipinas, liderada por José Rizal.
La opinión pública española fue inicialmente partidaria de la guerra, con la excepción de los partidos obreristas y algunos intelectuales. Pero el apoyo popular fue disminuyendo a medida que se hacían visibles sus costes. En el bando opuesto, y al margen de los independentistas, la guerra interesaba al imperialismo estadounidense que aprovechó la voladura de acorazado Maine en la bahía de La Habana en febrero de 1898 para intervenir en el conflicto.
Las derrotas militares de Cavite (Filipinas), el 1 de mayo de 1898, y de Santiago de Cuba, el 3 de julio, fueron suficientes. El gobierno español se dispuso a negociar, consciente de que con ello podría salvarse la monarquía; entre tanto, la marina americana desembarcaba en Puerto Rico y Manila capitulaba. El Tratado de París, de diciembre de 1898, puso fin a la guerra y al imperio colonial español. España perdió Cuba, mientras Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam, en las Marianas, fueron cedidas a la administración estadounidense. En 1899, fueron vendidas a Alemania el resto de las Marianas y los archipiélagos de las Carolinas y las Palaos.
6.4.1. Consecuencias del Desastre del 98.
La derrota representó para muchos el fracaso del sistema de la Restauración y dio lugar al primer regeneracionismo, incrementándose la crítica más rigurosa hacia aquel. Ambos fracasos, militar y político, suscitaron una oleada de pesimismo que arraigó profundamente en la llamada Generación del 98.
Los efectos del desastre se dejaron sentir a dos niveles: inmediatos y estructurales. Entre los primeros cabe destacar:
- El cambio definitivo de España en su estatus internacional, quedando como una pequeña potencia regional.
- La emergencia de los nacionalismos.
- El afianzamiento del obrerismo organizado.
- El renacimiento del militarismo.
- La aparición de una nueva mentalidad regeneracionista.
A largo plazo, se produjo una secularización de la vida social y del pensamiento, que culminaría durante la II República, y la incorporación paulatina de España en las corrientes económicas del capitalismo.
Desde el punto de vista teórico el ideario de la Restauración habría de quedar plasmado en un texto constitucional. Siguiendo las disposiciones vigentes de 1872 se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes por sufragio universal, aunque muy condicionado por el poder. Las elecciones, con una gran abstención, dieron un triunfo abrumador a la mayoría conservadora gubernamental.
La discusión del proyecto constitucional se formuló de manera suficientemente flexible para que diera cabida a los distintos programas liberales. Antes de que comenzaran los debates, Cánovas consideró fundamental establecer unas premisas para poder situar a la monarquía por encima de los partidos políticos y para que quedara fuera de posibles futuros debates sobre su validez y poderes; apeló para ello a la existencia previa de una constitución interna que debía ser el fundamento de cualquier constitución escrita o, lo que era lo mismo, la existencia de unas instituciones fundamentales –Monarquía y Cortes- que eran anteriores y superiores a todo texto escrito.
Aceptados estos supuestos por el Congreso (la potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey), los artículos de la misma fueron aprobados en poco tiempo y con breves debates, si se exceptúan los tocantes a la cuestión religiosa. El Congreso se dividió entre los defensores de la unidad católica y los de la tolerancia de cultos, en la línea de la Constitución del 69; al final se llegó a una fórmula intermedia, intentando contentar a unos y a otros.
La Constitución del 76, de sólo ochenta y nueve artículos, establece una imperfecta división de poderes, al otorgar al monarca la facultad de nombrar al jefe de gobierno; reconoce vagamente las libertades políticas básicas; presenta un parlamento bicameral compuesto por Congreso y Senado con iguales facultades, este último formado en gran parte por “senadores por derecho propio y vitalicios”; finalmente se atiende a la confesionalidad del estado, aunque se acepta el ejercicio privado de otras religiones.
La nueva Constitución era un documento relativamente flexible, a medio camino entre la moderada de 1845 y la democrática de 1869:
- De la primera tomaba los principios de la soberanía compartida (Cortes y Rey) y de la constitución histórica (la monarquía es el fundamento del Estado, por tanto la nación no es depositaria exclusiva del poder).
- De la segunda, recogía la declaración de derechos del ciudadano, aunque en la práctica se recortaba su extensión o se remitía su aplicación a leyes posteriores de rango inferior. Esto último sucedió, por ejemplo en la cuestión del sufragio, que a partir de 1878 volvió a ser censitario, otorgando el derecho al voto a los propietarios o a las personas con un alto nivel de instrucción. En términos reales, el nuevo sistema electoral reducía el cuerpo electoral a poco más del 5%. Durante el gobierno de Sagasta se volvió nuevamente al sufragio universal masculino.
6.1.2. El turno de partidos.
Con la Constitución del 76 comenzó su andadura el llamado sistema canovista. Para dotarlo de estabilidad, Cánovas lo sustentó en dos principios: la mencionada soberanía compartida y una práctica política que debía efectuarse sobre la alternancia pacífica de unos partidos oficiales que aceptaran la legalidad constitucional, siguiendo el modelo inglés. Esta alternancia o turno de partidos trataba se significar dos cosas diferentes:
- El fin del exclusivismo político. A partir de ahora ningún partido monopolizaría en exclusiva el poder.
- La eliminación del recurso al pronunciamiento militar o a la insurrección para recuperar el poder.
-
Estos partidos no nacieron espontáneamente. Durante los primeros años se vivió un complicado juego de alianzas y exclusiones que llevó a la creación de los grupos que se turnaron en el poder: el Partido Liberal-Conservador y el Partido Liberal.-Fusionista, fundado en 1880.
El dirigente del partido liberal-conservador fue, hasta su asesinato en agosto de 1897, el propio Antonio Cánovas del Castillo. Los conservadores se formaron a partir de la integración de los antiguos moderados, los unionistas y algunos sectores católicos.
La figura central del partido liberal-fusionista fue hasta 1903 el antiguo progresista Práxedes Mateo Sagasta. El progresismo de Sagasta era esencialmente de orden, es decir, contrario a todo lo que pusiera en peligro al régimen burgués. El partido estaba formado por antiguos progresistas, algún unionista y políticos descontentos con Cánovas, como Martínez Campos; más tarde se adhirieron algunos republicanos. La asunción de la constitución del 76 suponía para los progresistas la renuncia al principio de soberanía nacional, que les había caracterizado hasta entonces. Pero no renunciaron a la incorporación paulatina de alguno de los logros del Sexenio, como el sufragio universal.
Los dos partidos “dinásticos” no estaban estructurados a la manera de los actuales partidos políticos. Eran, fundamentalmente, partidos de notables con poca cohesión ideológica y escasa coordinación entre sus miembros, sin una estructura organizativa y sin afiliados. Eran, sobre todo, grupos políticos más o menos unidos en torno a líderes de gran influencia nacional o provincial.
Conservadores y fusionistas establecieron un sistema de rotación en el poder (el turno), que logró mantenerse durante más treinta años. El sistema se basaba en el siguiente mecanismo: cuando el partido en el poder se veía sometido a presiones, el rey llamaba a gobernar al otro partido. Para darle visos de legalidad, el monarca otorgaba al nuevo presidente de Gobierno el decreto de disolución de las Cortes y se celebraban nuevas elecciones, que estaban manipuladas para que el resultado satisficiera al nuevo gobierno y respetara a la oposición.
El funcionamiento del turno descansaba por tanto en dos condiciones pactadas: la implicación de la Corona como árbitro entre los partidos y el falseamiento electoral, mediante dos procedimientos:
1. El encasillado, por el que las fuerzas políticas negociaban y se repartían los distritos electorales. Y
2. El pucherazo o fraude electoral: compra de votos, intimidaciones, falseamiento de listas electorales, etc.
La corrupción electoral no era un fenómeno exclusivo de la Restauración ni de España, si lo era que las élites políticas pactaran para llevarla a la práctica.
Cánovas presidió los primeros gobiernos de la Restauración. La nota predominante de los mismos fue el reforzamiento del centralismo administrativo y de la coerción política. En este sentido se produce la abolición de los fueros de las provincias vascas en 1876 y la reorganización de las Diputaciones y los Ayuntamientos, algunos de cuyos miembros y cuyos presupuestos debían ser aprobados por el rey. El orden exigía también el control de la opinión pública, primero mediante la censura a impresos y periódicos y, más tarde, mediante la Ley de imprenta de 1879, que extendió la consideración de delito a todo ataque contra el sistema político de la Restauración.
En 1881 accedió por vez primera al poder Sagasta. Era la primera ocasión en que los progresistas fueron llamados a gobernar sin tener que usar la fuerza. Este primer gobierno fusionista fue breve (hasta 1883), pero permitió poner en práctica algunas reformas, como la ampliación de la libertad de expresión y la creación de una Comisión de Reformas Sociales, encargadas de estudiar los problemas de los obreros.
Curiosamente, la alternancia pacífica alcanzó su plenitud tras la muerte de Alfonso XII. La situación de riesgo que esto suponía para el nuevo régimen fue solventada mediante el Pacto de El Pardo de 1885, que garantizaba la alternancia de partidos en los términos descritos con anterioridad. El pacto permitió así estabilizar la situación política hasta que Alfonso XIII alcanzara la mayoría de edad (lo que sucedería en 1902). Hasta entonces se establecía la Regencia de la reina viuda, María Cristina de Habsburgo-Lorena.
6.2. La evolución política durante el reinado de Alfonso XII y la regencia de Mª Cristina.
El acceso al trono de Alfonso XII y la puesta en funcionamiento de la Constitución del 76 inició políticamente el periodo de La Restauración bajo el mandato del gobierno conservador, presidido por Cánovas. El objetivo prioritario de este primer gobierno del turno fue reforzar el control del Estado lo que hacía necesario la pacificación del país y la puesta en marcha de medidas políticas y administrativas de tipo reformista.
El final del conflicto carlista tuvo lugar en marzo de 1876 con la firma del manifiesto de Somorrostro y la huida del pretendiente, Carlos VII, a Francia. Los carlistas ya no volvieron a levantarse en armas, aunque su pensamiento se mantuvo vivo a través del nacionalismo. A partir de su derrota militar, comenzaron a participar en la vida política situándose en la extrema derecha del arco parlamentario.
Cánovas aprovechó el fin de la guerra para abordar la reforma del régimen foral. Los fueros vasco navarros fueron abolidos o modificados, no tanto como castigo por el apoyo a la causa carlista sino porque la consolidación del Estado liberal implicaba la necesidad de unificar legalmente el país. Esta actuación era además acorde con la centralización de una administración más moderna y eficaz. Lo más significativo de esta modificación fue la adopción de una formula conciliadora: la obligación por parte de las provincias vascas y Navarra de contribuir con contingentes al servicio militar obligatorio y el establecimiento de un Concierto Económico que todavía perdura. Según esta fórmula, los impuestos no los cobraba la hacienda del Estado sino las diputaciones forales, quienes aportaban después a las arcas del estado el cupo acordado como contribución a los presupuestos generales.
La solución del conflicto carlista permitió enviar más soldados a Cuba, donde finalmente el general Martínez Campos conseguiría pacificar la isla a través de la Paz de Zanjón, firmada el 12 de febrero 1878, en virtud de la cual se concedía a los cubanos los mismos derechos que a los españoles.
Paralelamente, el primer gobierno Cánovas inició una serie de reformas administrativas cuyo propósito, como queda dicho era afianzar el control del Estado tras la inestabilidad del periodo republicano y consolidar el nuevo régimen. Dichas reformas se concretaron en el control de los ayuntamientos, la limitación de la libertad de cátedra, la Ley Electoral y la Ley de Imprenta:
- El control de los ayuntamientos se realizó a través de la ley de diciembre de 1876, que atribuía a los gobernadores civiles la potestad de aprobar los presupuestos municipales y a la Corona el nombramiento de los alcaldes de las ciudades de más de 30.000 habitantes.
- La reforma Orovio exigía al profesorado fidelidad al gobierno y evitaba la posibilidad de expresar libremente la opinión del profesorado universitario y de educación secundaria.
- La Ley Electoral del 78 establecía el sufragio censitario, al señalar como electores a los mayores de 25 años, contribuyentes con 25 pesetas por subsidio territorial o 50 por subsidio industrial. Se así reducía el cuerpo electoral a 850.000 personas.
- La Ley de Imprenta de enero de 1879 consideraba delito cualquier crítica a la Monarquía y al régimen político de la Restauración.
El febrero de 1881, una cierta sensación de cansancio en el gobierno de los conservadores y la impaciencia del líder de los fusionistas, Mateo Sagasta provocarán el primer turno pacífico. Quien accede al poder, y así será en lo sucesivo, lo hace por mandato real y no por un proceso electoral, que se realiza a posteriori y que arroja siempre los resultados apetecidos a través de una fórmula de falseamiento electoral.
La necesidad consolidar el partido fusionista, constituido apenas un año antes, condicionaron la política del mismo que estuvo centrada en acabar con las tensiones provocadas por la política restrictiva de Cánovas. Sagasta derogó las limitaciones a la libertad de expresión y cátedra, al tiempo que permitió que las asociaciones obreras y republicanas se reunieran con libertad. Sus vacilaciones produjeron tres hechos de considerable importancia durante este primer gobierno: los sucesos de Andalucía, la huelga de tipógrafos y el pronunciamiento republicano.
- En Andalucía, los sucesos en torno a la Mano Negra fueron un asunto turbio, inventado o magnificado por la policía sobre a una sociedad secreta anarquista que pretendía acabar con los terratenientes de la zona. Lo cierto es que ello sirvió de pretexto para la condena indiscriminada de los dirigentes anarquistas andaluces.
- La huelga de tipógrafos de Madrid tuvo como causa la incapacidad del Gobierno para atenuar los efectos de la recesión económica de 1882. En esta huelga aparece por primera vez en escena el Partido Socialista Obrero Español, fundado por Pablo iglesias en 1879.
- El intento de pronunciamiento republicano de 1883 fue reprimido con dureza, llegándose al procesamiento de los golpistas, para quienes se pidió incluso la pena de muerte. El rey, aprovechando los mecanismos que le proporcionaba la Constitución, decidió cesarle, hecho lo cual encargó de nuevo a Cánovas la tarea de formar gobierno en enero de 1884.
En noviembre de 1885 se produjo el fallecimiento de Alfonso XII cuando contaba sólo veintiocho años. Mª Cristina de Habsburgo, su segunda esposa, embarazada del futuro Alfonso XIII, asumió entonces la regencia. Cánovas, a la sazón jefe del gobierno, acordó con Sagasta cederle el poder durante los primeros años con el fin de garantizar la estabilidad del sistema en virtud de un acurdo tácito conocido tradicionalmente como Pacto de El Pardo.
Se inicia entonces un periodo conocido como el Parlamento largo (1885-1890), gobernado por el partido fusionista –llamado ahora liberal- y cuyo objetivo fue poner en práctica medidas liberalizadoras. Se aprobó la libertad de prensa e imprenta, la de cátedra y la de asociación (Ley de Asociaciones de 1887), que permitió la aparición de organizaciones sindicales como la UGT.
En esta etapa se desarrollaron también la Ley del Jurado (1888), que permitía a la sociedad participar en la administración de justicia, así como el Código Civil de 1889, que consagraba un orden social basado en la primacía de la propiedad como derecho individual, y la legislación que implantaba el sufragio universal masculino para los mayores de 25 años en 1890. Estas reformas constituían la práctica totalidad del programa liberal; el mérito de los conservadores al regresar al poder fue respetar los cambios que habían realizado sus adversarios.
A pesar de todo, no se debe exagerar la importancia de la apertura del régimen. Sí es cierto que hubo mayor libertad de opinión, de reunión y de asociación, pero la conquista más importante, el sufragio universal, quedó desvirtuada por la manipulación electoral. Las primeras elecciones por sufragio universal dieron como resultado la victoria de Cánovas en julio de 1990, sin que variara lo más mínimo el fraude. En su corta etapa de gobierno se adoptaron medidas económicas encaminadas a modificar el sistema monetario y, sobre todo, la adopción de una política proteccionista mediante la Ley del arancel de 1891.
En diciembre de 1892, Sagasta formó gobierno y volvió a ganar las elecciones, aunque con la sorpresa de la presencia en Cortes de un significativo grupo republicano que, incluso, ganó en Madrid. Lo más destacado del mandato liberal fue el proyecto de reforma para el gobierno y la administración de Cuba, que acabó chocando con los intereses indianos. Precisamente en ese momento se estaba gestando una nueva insurrección en la isla que estalló en febrero de 1895. Un mes después Cánovas fue llamado a formar gobierno. Toda la trayectoria de este gobierno conservador estuvo marcada por la guerra de Cuba y por los intentos fallidos de dominar la revuelta. El 8 de agosto de 1897, Cánovas era asesinado por el anarquista Michele Angiolillo mientras descansaba en un balneario de Mondragón. El magnicidio provocó una nueva crisis de gobierno, pero tampoco los liberales consiguieron poner fin al conflicto cubano que concluyó en 1898 con la pérdida de las últimas colonias españolas y una crisis moral y política que afectó de lleno al régimen de la Restauración.
A Cánovas le sustituyó Francisco Silvela en la jefatura del partido. Sagasta murió en 1903, momento en el que el partido empezó a dividirse en varias tendencias. El régimen sufrió un duro varapalo con la desaparición de ambos políticos iniciando otra etapa marcada por un nueva actitud: el regeneracionismo, y la mayoría de edad de Alfonso XIII desde 1902.
6.3. Oposición política al régimen de la Restauración.
El diseño de un régimen tan cerrado como el de la Restauración generó lógicamente un bloque de oposición política sustentado desde ideologías contrapuestas. Dichas alternativas fueron básicamente dos: la que defendía el retorno al absolutismo tradicionalista y era promovida por los carlistas ultraderechistas y la que proponía un radicalismo democrático y era animada por los republicanos. Además de estas dos fuerzas surgieron nuevos movimientos políticos nacionalistas en las regiones periféricas, principalmente Cataluña y el País Vasco, y otros de carácter obrero, centrados en las reivindicaciones sociales y laborales, que actuaron en oposición al régimen canovista. Desde finales de los ochenta, aprovecharon la amplia libertad de prensa para exponer desde las páginas de sus publicaciones todo tipo de ideas sin apenas restricciones.
6.3.1. Los carlistas.
Tras la derrota de 1876, el carlismo entró en un periodo de declive por diversas causas:
- La irreversible disminución de su apoyo social (menos del 3% de la población).
- La emigración a Francia de oficiales y jóvenes combatientes (alrededor de 15.000, de los que unos 3.000 se acogieron a medidas de reinserción tras jurar fidelidad a Alfonso XII).
- La pérdida de apoyo por parte del clero.
- La integración progresiva en el partido canovista de los más destacados ultracatólicos.
Este periodo culminó en 1888 con la escisión de los llamados “integristas”, partidarios de una línea de intransigencia católica, de enfrentamiento contra los católicos liberales y de renuncia a la participación electoral. Con posterioridad el carlismo inició un proceso de modernización organizativa, comenzó a participar en las elecciones y se orientó hacia la política de masas. Para ello se recompuso el partido y se potenció la creación de los círculos tradicionalistas, espacios de política y ocio para las bases. La renovación pretendía también frenar el ascenso del republicanismo y del socialismo entre las clases populares.
A pesar del retroceso y del abandono de las actividades bélicas, el carlismo siguió manteniendo una actitud agresiva, manifestada a través de sus publicaciones: “El Cañón”, “El Combate”, “El Centinela”… que derivó a principios del siglo XX en la formación de milicias paramilitares armadas como los Batallones de la Juventud que, sin embargo, contaron con un apoyo mínimo.
6.3.2. Los republicanos.
Durante el último cuarto del siglo XIX, los republicanos permanecieron desunidos en diferentes y minúsculas tendencias: federalistas, unitarios; filoliberales, prosocialistas…, que afectaban también a sus principales líderes: Pi y Margall, Castelar, Figueras, quienes mantenían durísimas rivalidades.
Algunos de los pequeños grupos que componían el republicanismo eran el Partido Posibilista (liderado por el derechista Emilio Castelar), el Partido Federal-Orgánico (encabezado por Estanislao Figueras), el Partido Federal (con Francisco Pi y Margall al frente), el Partido Democrático-Progresista (dirigido por Manuel Ruiz Zorrilla), el Partido Reformista (de Nicolás Salmerón) y el Partido Progresista (de José Canalejas, que terminó por integrarse en las filas del liberalismo).
Esta extremada fragmentación debilitó al republicanismo que acumuló sucesivos fracasos políticos y perdió apoyos sociales tras la caótica experiencia de la I República. Hasta sus propuestas ideológicas quedaron obsoletas, pues olvidaron los problemas del campesinado, las reivindicaciones de la clase obrera y las reformas de contenido social. Además del antimonarquismo, el programa republicano solía defender la organización federal de estado, el servicio militar obligatorio sin excepciones, la unión con Portugal, el juicio por jurados o la erradicación del caciquismo. A pesar de que algunas de estas propuestas chocaban frontalmente contra el sistema, la mayoría de sus líderes aceptaron las reglas del juego político, actuando desde la legalidad y acudiendo a las citas electorales. Sólo un sector minoritario prefirió seguir fiel a los viejos métodos revolucionarios, tramando conspiraciones a veces “contra natura” (con carlistas o anarquistas) para dar un golpe de mano que acabase con la monarquía.
Tras el 98, los republicanos iniciaron un proceso de unificación fundamentado en tres principios básicos: la defensa de la República, las reformas sociales y una ideología basada en el progreso y el anticlericalismo. Dicho se proceso se constató en la creación de la Unión republicana en 1903. A partir de ese momento se produjo un lento y progresivo aumento de la influencia del republicanismo, especialmente en los medios urbanos, destacando el lerrouxismo en Cataluña (liderado por Alejandro Lerroux) y el blasquismo en Valencia (liderado por Vicente Blasco Ibañez).
6.3.3. El movimiento obrero.
Se vio muy afectado por la vuelta de la monarquía y el orden liberal, pues el régimen de la Restauración no intentó en ningún momento integrarlo en el sistema. Desde 1874, los grupos obreros ligados a la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) pasaron a la clandestinidad, lo que tuvo como consecuencia la desarticulación organizativa del movimiento y la radicalización de su ideología.
El anarquismo se reorganizó en la década de los ochenta en la Federación de Trabajadores de la Región Española (FTRE), con fuerte implantación en Andalucía y Cataluña. A partir de la década de los noventa, los anarquistas llevaron a cabo tres tipos de acciones:
- Sindical. Estimulada por la huelga general y la reivindicación de la jornada laboral de ocho horas.
- Violenta, como los atentados en Barcelona (1893-96) o el asesinato de Cánovas en 1897.
- Cultural.
La represión de los anarquistas fue sistemática. A partir de los atentados de Barcelona, se produjeron numerosas detenciones, ejecuciones y destierros. El proceso desencadenó una masiva protesta por parte de los intelectuales y políticos progresistas.
Los socialistas, por su parte, se organizaron en torno al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), fundado en Madrid en 1879 por Pablo Iglesias. Inicialmente los rasgos del socialismo español fueron los siguientes:
- La influencia del marxismo francés, que le llevaba a dirigirse a un tipo de obrero, el proletariado industrial, poco numeroso en España.
- La defensa de la doctrina de la lucha contra las fuerzas políticas burguesas. Este discurso presentaba a los republicanos como defensores de los intereses de la burguesía, lo que les mantuvo alejados durante algún tiempo de las masas populares republicanas.
- La creencia en el hundimiento inevitable del capitalismo, lo que conducía a subordinar la lucha sindical a la acción política.
El PSOE tuvo un lento crecimiento e implantación de modo que sólo en 1909 y gracias a la formación de la Conjunción Republicano-Socialista logró su primera acta de diputado para Pablo Iglesias.
6.3.4. Los nacionalismos.
A finales del siglo XIX se produjo la eclosión de los nacionalismos periféricos. Hasta entonces los movimientos regionalistas se habían centrado en el ámbito cultural. En la Restauración expresaron además reivindicaciones políticas autonomistas frente al modelo de Estado centralista y uniformizador.
El catalanismo.
Encontró en el pasado histórico muchos argumentos para respaldar sus reclamaciones políticas en un momento en que Cataluña era la región más desarrollada e industrial de España. Los aspectos más sobresalientes en la gestación del nacionalismo catalán son los siguientes:
a) La aparición de la RenaixenÇa, movimiento intelectual y literario cuyo propósito era recuperar las señas culturales tradicionales de Cataluña, en especial el idioma.
b) La creación del Centre Catalá en 1882, promovido por Vicente Almirall quien pretendió defender el proteccionismo industrial y el derecho particular de Cataluña frente a la uniformización del derecho español a través del Memorial de Greuges.
c) La creación de la organización autonomista Unió Catalanista en 1891 por Enric Prat de la Riba, en cuyo programa político –conocido como Bases de Manresa- reclamaba un amplio régimen de autogobierno para Cataluña, dentro de la monarquía española.
d) La formación de la Lliga Regionalista en 1901, partido nacionalista burgués, católico y posibilista. Liderado por Francesc Cambó, tenía como objetivos principales la autonomía para Cataluña y defender los intereses económicos de los industriales catalanes.
El nacionalismo vasco.
Surgió en torno al Partido Nacionalista Vasco (PNV) fundado en 1895 por Sabino Arana Goiri, quien como muchos otros nacionalistas tenía antecedentes familiares en el carlismo y el tradicionalismo foralista. La aparición del nacionalismo vasco coincide con los bruscos cambios experimentados en la sociedad vizcaína a causa de la rápida industrialización de la región y la llegada masiva de inmigrantes. Los fundamentos del nacionalismo vasco son los siguientes:
- Defensa de la separación de España y creación de un Estado vasco independiente formado por las tres provincias vascas, Navarra y los territorios del País Vasco francés.
- Agresivo radicalismo antiespañol.
- Exaltación racista y xenófoba de la etnia vasca.
- Integrismo ultracatólico.
- Promoción de la lengua vasca.
- Apología del mundo rural vasco.
- Denuncia del carácter españolista del carlismo.
Durante la primera década del siglo XX, el PNV encontró escasos apoyos sociales. Asimismo, los principales intelectuales y artistas vascos –Unamuno, Baroja, Zuloaga…- rechazaron el nacionalismo vasco por su carácter ruralista, clerical, antimoderno y separatista. Esta circunstancia le llevó a incorporar entre sus filas al grupo fuerista dirigido por Ramón de la Sota, menos radical en sus planteamientos, lo que le permitió algunos éxitos electorales a nivel local. Desde entonces convivieron dos tendencias en el seno del partido: los posibilistas, que postula la autonomía dentro del Estado, y la aranista, fiel a los planteamientos independentistas.
Otros nacionalismos.
El nacionalismo gallego y el valencianismo experimentaron un desarrollo mucho más lento. Aunque un grupo de intelectuales como Rosalía de Castro o Manuel Murguía intentaron impulsar un Rexurdimento cultural para difundir la lengua gallega a finales del siglo XIX, el movimiento político no adquirió una formulación programática hasta 1918 con la primera asamblea de las Irmandades de la fala.
En valencia, la acción regionalista de recuperación cultural se inició con la creación en 1878 de la Societat de lo Rat Penat y el valencianismo político tuvo su punto de partida en 1904, con la fundación de la organización Valencia Nova que reclamaba la autonomía para la región.
6.4. Crisis del 98: liquidación del imperio colonial y consecuencias.
La política colonial española entre 1875 y 1898 estuvo caracterizada por el “recogimiento”, es decir, por una política que trataba de no involucrar a España en los compromisos internacionales y de respetar el equilibrio de las potencias para no tener que enfrentarse a ninguna de ellas. No era un aislamiento en sentido estricto, pero a medio plazo el precio que tuvo que pagar fue el mismo pues no pudo contar con apoyos exteriores cuando los necesitó.
Si bien Cánovas ensalzaba el colonialismo, era consciente del pobre papel internacional de España, por lo que la actividad política estaba centrada en mantener unas colonias diseminadas por el mundo y, como mucho, intervenir en el norte de África. A estos intereses responden la Conferencia Internacional de Madrid sobre Marruecos, en 1880, que permitió el reconocimiento de intereses españoles sobre la zona y el conflicto hispano-alemán sobre las Carolinas, resuelto por el papa León XIII, con una solución de compromiso que otorgaba la soberanía del archipiélago a España aunque concedía ventajas económicas a Alemania.
No obstante, la gran preocupación de los gobiernos de la Restauración fue conservar sus grandes colonias en las Antillas y Extremo Oriente: Cuba, Puerto Rico y Filipinas. De hecho, la cuestión cubana había estado en el trasfondo del triunfo Alfonsino en 1875, pues los círculos con intereses económicos en la isla y los hacendados cubanos habían prestado su apoyo financiero a la causa de la Restauración.
La Paz de Zanjón de 1878 puso fin a la denominada “guerra larga”, pero sólo aplazó el problema cubano. La paz prometía unas nuevas condiciones políticas y administrativas, el fin de la esclavitud y una amnistía que no fueron aplicadas con diligencia. Como consecuencia surgieron partiros como el Liberal autonomista que recogían las aspiraciones de autogobierno. Además, la situación en la isla se complicó como consecuencia de la nueva política comercial impuesta en Cuba:
- Los productos españoles tenían un mercado protegido en la isla, sin embargo España no era la principal compradora de los productos cubanos.
- Al tiempo, la política arancelaria española (Ley del arancel, 1891), impedía la compra por Cuba de los productos de Estados Unidos y Europa.
Antonio Maura, Ministro de Ultramar, consciente de la gravedad de los acontecimientos, propuso la concesión de autogobierno para Cuba en el año 1892; pero su proyecto fracasó por las presiones de los grupos oligárquicos. El proceso de lucha por la independencia era imparable.
En febrero de 1895 estalló nuevamente el conflicto con “el grito de Baire”. La primera respuesta del gobierno de Cánovas fue intentar la pacificación negociada enviando al general Martínez Campos. Fracasada esta vía, se impuso la línea dura del general Valeriano Weyler, dirigida también contra la población civil.
Los insurrectos contaban además con el apoyo popular, se habían fortalecido políticamente con la labor realizada por el intelectual José Martí y su Partido Revolucionario Cubano y tenían el apoyo de Estados Unidos. A pesar de la búsqueda de respaldos internacionales, España se encontró aislada en la defensa de sus derechos de soberanía. Por si fuera poco, en 1896 se abrió un nuevo frente, la insurrección en Filipinas, liderada por José Rizal.
La opinión pública española fue inicialmente partidaria de la guerra, con la excepción de los partidos obreristas y algunos intelectuales. Pero el apoyo popular fue disminuyendo a medida que se hacían visibles sus costes. En el bando opuesto, y al margen de los independentistas, la guerra interesaba al imperialismo estadounidense que aprovechó la voladura de acorazado Maine en la bahía de La Habana en febrero de 1898 para intervenir en el conflicto.
Las derrotas militares de Cavite (Filipinas), el 1 de mayo de 1898, y de Santiago de Cuba, el 3 de julio, fueron suficientes. El gobierno español se dispuso a negociar, consciente de que con ello podría salvarse la monarquía; entre tanto, la marina americana desembarcaba en Puerto Rico y Manila capitulaba. El Tratado de París, de diciembre de 1898, puso fin a la guerra y al imperio colonial español. España perdió Cuba, mientras Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam, en las Marianas, fueron cedidas a la administración estadounidense. En 1899, fueron vendidas a Alemania el resto de las Marianas y los archipiélagos de las Carolinas y las Palaos.
6.4.1. Consecuencias del Desastre del 98.
La derrota representó para muchos el fracaso del sistema de la Restauración y dio lugar al primer regeneracionismo, incrementándose la crítica más rigurosa hacia aquel. Ambos fracasos, militar y político, suscitaron una oleada de pesimismo que arraigó profundamente en la llamada Generación del 98.
Los efectos del desastre se dejaron sentir a dos niveles: inmediatos y estructurales. Entre los primeros cabe destacar:
- El cambio definitivo de España en su estatus internacional, quedando como una pequeña potencia regional.
- La emergencia de los nacionalismos.
- El afianzamiento del obrerismo organizado.
- El renacimiento del militarismo.
- La aparición de una nueva mentalidad regeneracionista.
A largo plazo, se produjo una secularización de la vida social y del pensamiento, que culminaría durante la II República, y la incorporación paulatina de España en las corrientes económicas del capitalismo.
